El Senado de la Nación votó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado en la ciudad costarricense el 4 de marzo de 2018 por veintidós países de América Latina y el Caribe. Se trata de un acuerdo regional sobre “el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales”, promovido por la Cepal, el cual para entrar en vigencia requiere ser ratificado por once países de Latinoamérica, y ser presentado en la Secretaría General de las Naciones Unidas antes del próximo 26 de septiembre.

Es un compromiso abstracto en materia ambiental, con los tres ejes antes mencionados. Del primero afirma que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”. Ello no representaría un avance significativo, ya que la determinación de qué es “peligroso” o no para las comunidades es relativa, está sometida a las presiones de los capitalistas para que el Estado legisle en función sus propios intereses, y los estudios de impacto ambiental son hechos por las mismas empresas para llevar a cabo sus proyectos extractivistas.

Respecto al segundo eje establece que “cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”. Sin embargo, no da forma a dicha participación (menos aún a un poder de veto a proyectos por parte de asambleas vecinales), por lo que seguramente terminarán siendo simples reuniones informativas, con intentos de cooptar al movimiento en defensa del ambiente, como está haciendo hoy en día el Ministerio de Ambiente.

El último eje se relaciona con la “Justicia en asuntos ambientales”. Durante 2019 América Latina concentró dos de cada tres asesinatos a activistas ambientales en todo el mundo. De los siete países más peligrosos para defender el ambiente, seis son latinoamericanos con Colombia a la cabeza (64 asesinatos en 2019), a la que siguen Filipinas (43), Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). El acuerdo asegura que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Cabe decir que estos derechos ya están contemplados -y no garantizados- por las constituciones y legislaciones nacionales.

Por otro lado, el acuerdo establece en su artículo 15 inciso g) que “las partes establecerán directrices y modalidades para la movilización de recursos, financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la implementación del presente Acuerdo”. Esto deja abierta las puertas a la donación de capitalistas, lo que decantaría en una forma de garantizar una vía libre a las grandes multinacionales que están interesadas en seguir depredando el ambiente, y establecen fuertes lobbies empresariales con los gobiernos nacionales.

En los tres ejes del acuerdo queda muy claro que esta ratificación unánime de los partidos patronales de Argentina no responde a ninguna reivindicación por la protección del ambiente. Constantemente las leyes ambientales son atropelladas y este acuerdo será utilizado como pantalla ante la depredación ambiental y la primarización económica que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández en pos de pagar la deuda.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente, ha llamado a este acuerdo una “Carta Magna”. Esto revela que lo que presenta como un llamado a la participación ciudadana es en realidad un mecanismo para apaciguar la movilización popular en defensa del ambiente, como se está viendo en Chubut, en Rosario, en Luján y a nivel nacional con el reclamo por la prohibición de los desmontes.