Presentó su renuncia el ministro de Ambiente del Brasil, Ricardo Salles, acorralado por causas judiciales por corrupción. Al saliente funcionario se lo investiga por connivencia de los graves delitos de tala y tráfico ilegal de madera, en la que están implicados empresarios madereros. El presidente Jair Bolsonaro nombró en su reemplazo… al ruralista Joaquim Álvaro Pereira Leite.

Según informa el sitio La Vanguardia (21/4), esto se da en el marco de la operación Handroanthus, en la que fue la mayor incautación de madera en la historia de Brasil. Allí la policía retuvo a finales del año pasado 200.000 metros cúbicos de madera correspondiente a 65.000 ár­boles, en embarcaderos y balsas que transportaban el producto por el río Mamuru. Los árboles habían sido ta­lados en los estados de Pará y Amazonas, y equivalen al cargamento de 10.000 camiones. Se suma un alerta que emitió la aduana de los Estados Unidos a principios de enero por “el ingreso al país de madera sin certificación de origen brasileño” (Noticias Ambientales, 25/6).

Posteriormente el jefe de la Policía Federal del Estado de Amazonas- Alexandre Saraiva- elevó una denuncia a la Corte Suprema para que se investigara al entonces ministro Salles por obstruir inspecciones y actuar a favor de intereses privados y en complicidad con los traficantes madereros. Furioso, el presidente Bolsonaro desplazo a Saraiva y el propio ministro salió incluso a defender a los empresarios madereros implicados, afirmando que la extracción y comercialización fue legal.

Las cosas se precipitaron cuando en mayo pasado el máximo Tribunal de Brasil dio curso a la denuncia que había presentado la Policía Federal y ordenó el allanamiento de las oficinas del Ministerio de Ambiente, y diez funcionarios fueron desplazados y acusados por corrupción e involucrados con la tala ilegal. Por lo que al ministro Salles, cercado, no le quedó más remedio que dimitir.

Recordemos que los inmensos incendios de la selva amazónica en 2019 habían sacado a la luz de la opinión pública internacional la avanzada destrucción del bosque tropical tras décadas de deforestación desenfrenada, que se aceleró desde el arribo de Bolsonaro al gobierno y la promoción a las actividades madereras, ganaderas, agrícolas y hasta mineras en los estados amazónicos. Los desmontes baten cifras récord en lo que va del 2021.

El nuevo ministro y el control del Amazonas

La famosa frase del zorro cuidando al gallinero bien se aplica a la política ambiental en Brasil, ya que tanto el saliente como el actual ministro del área provienen del sector de los terratenientes y capitalistas del agro, una de las patas fundamentales de la base social del gobierno de Jair Bolsonaro y responsables de los desmontes e incendios de bosques y selvas. Por lo tanto, es de esperar que continúa la misma política.

Más allá de eso, existe un cambio en el concierto internacional, a partir del recambio de gobierno en Estados Unidos. La salida de Trump, de quien Bolsonaro era firme aliado, implicó el viraje de un discurso de negacionismo de la crisis climática a las cumbres mundiales que organiza Joe Biden para postular una transición verde. Para el imperialismo yanqui no es una preocupación ambiental, sino la intención de intervenir en el mayor pulmón verde del planeta, enorme fuente de recursos naturales y productivos, fuente de disputas entre distintos potencias y cuya explotación se efectúa en franca ilegalidad. Se inscribe en la guerra comercial con China y el intento de recomponer la hegemonía norteamericana en la región.

Con este telón de fondo el estadounidense reclamó que el gobierno carioca vuelque más esfuerzos contra la deforestación, y Bolsonaro respondió con una reducción del 30% del presupuesto anual para Ambiente y cacareos acerca de la soberanía. Luego volvió a enviar esta semana tropas del Ejército al Amazonas, tras haberlas retirado el mes pasado, pero por supuesto ello no pondrá fin a los desmontes ilegales. Con idas y vueltas, el brasileño busca congraciarse con el imperialismo norteamericano, más cuando necesita de fuentes de financiamiento para la alicaída economía brasileña y la bronca popular tras el colapso sanitario de la pandemia del Covid-19.

El desafío es la organización y lucha común de las comunidades originarias, campesinos pobres, peones rurales y el movimiento obrero para enfrentar al régimen de depredadores ambientales nacionales e imperialistas.

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