En el Boletín Oficial del pasado 15 de febrero de 2023 se dejó registrado el permiso de exploración y cateo para sustancias de primera, segunda categoría y nucleares en el departamento Mártires, provincia de Chubut.

La solicitud fue presentada por Gonzalo Riobo y Lorena Arrizabalaga, y el permiso fue transferido a la empresa Maple Minerals Exploration and Development Inc. el 6 de diciembre de 2011, y posteriormente a Meseta Exploraciones S.A. el 28 de enero de 2013. Dicha empresa cede y transfiere los derechos mineros a Ontario Inc. Como representante legal figura Hugo Enrique Bastías y como apoderado Viviana Alric (de Puerto Madryn).

Los peligros del uranio

La zonas de exploración y posible explotación de uranio están ubicadas en el centro de la meseta chubutense. Los acuíferos que podrían verse afectados se comunican con el Río Chubut, que desde la meseta central hasta la costa abastece de agua a las poblaciones de Los Altares, Las Plumas, 28 de Julio, Dolavon, Gaiman, Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn.

El riesgo de contaminación radiactiva en suelo producto de la presencia de piletas de evaporación, diques de cola y desechos industriales, más la volatilidad de elementos como el radón y el polvo de uranio en el aire de la zona, representan una gran amenaza tanto para las poblaciones de la meseta central como para las costeras.

Si bien la explotación de uranio se promociona hoy como sinónimo de desarrollo, los antecedentes no dejan más que preocupaciones. Cabe recordar que en Chubut hay decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio que fueron abandonadas hace 40 años por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las cercanías del Paso Berwyn, en la margen derecha del río Chubut. Se trata de los pasivos ambientales de las operaciones mineras en Los Adobes y Cerro Cóndor.

La población de la provincia de Córdoba es víctima de los efectos de la contaminación generada por un complejo de extracción de uranio clausurado hace ya veinte años. Según datos de la CNEA hay en lo que fue la mina Los Gigantes unos 2.400.000 tn de colas de uranio, 1.000.000 tn de estériles y 600.000 tn de mineral marginal. Los Gigantes se ubica entre dos arroyos El Cajón y El Cambuche, el primero de ellos desemboca en el río San Antonio, que atraviesa las cinco comunas que conforman el sur de Punilla y desemboca en el Lago San Roque, lago del cual se provee de agua la capital cordobesa.

Ya en 1986 (Los Gigantes estaba en pleno funcionamiento) se comprobó que el complejo realizó descargas clandestinas de soluciones de ácido sulfúrico utilizado en la lixiviación del Uranio, y se pudo percibir la contaminación en el cauce del Río San Antonio, cuyas aguas presentan coloraciones verdosas y azuladas, producto de volcamientos.

Muchos años de lucha

Chubut lleva muchos años contra el extractivismo y la avanzada minera. Desde 1986 con la lucha contra el basurero nuclear en Gastre, pasando por la consulta popular en Esquel del No a La Mina que pretendía instalar Meridian Gold en 2003 -lucha que luego dió origen a la Ley 5001 (la cual prohíbe la minería metalífera en la provincia, en la modalidad a cielo abierto y con uso de cianuro)- la presencia permanente en las calles ha sido siempre uno de los principales sostenes de la lucha contra el extractivismo en Chubut, y ha logrado doblegar en varias oportunidades a los gobiernos de turno y a las grandes corporaciones mineras, como en el reciente chubutazo.

Dirigentes de los partidos políticos capitalistas señalan que es posible desarrollar una “minería sustentable, con encadenamiento productivo y cuidado del ambiente, generando progreso y bienestar”, sin evidencia que pueda dar cuenta de ello en la historia reciente de nuestro país.

La experiencia de lucha en Chubut, como tantas otras a lo largo y ancho del país, animan a pensar y debatir en momentos de crisis como el actual, sobre alternativas de desarrollo que realmente representen una salida para todos los habitantes del territorio y no comprometan al medioambiente.

Criminalización y represión

Con el correr de los años se ha puesto cada vez más en evidencia que el Estado, en sociedad con las corporaciones mineras, ha tenido que profundizar los mecanismos represivos para lograr imponer lo que el pueblo chubutense no quiere.

Años de lucha sostenidos de manera constante y con una reserva que pareciera inagotable han puesto en aprietos a quienes intentan una y otra vez hacer negocios a costa del deterioro del medioambiente y de la calidad de vida de todos los chubutenses.

Esta situación ha ido desencadenando una escalada represiva y en los últimos años se ha intentado, con poco disimulo, criminalizar la protesta social y utilizar la persecución y el amedrentamiento para lograr quebrar a las grandes movilizaciones populares.

Las citaciones a indagatorias dispuestas por el Juez Federal de Rawson, Gustavo Lleral, contra 23 vecines de Rawson, Trelew y Puerto Madryn con motivo de la protesta realizada en mayo del 2021 en la Ruta 3, cuando el pueblo salió a defender la Iniciativa Popular 2020, y la judicialización de vecines que salieron a manifestarse en Rawson contra la aprobación de la zonificación minera en diciembre 2021, son muestras claras de lo mencionado anteriormente.

Con esta nueva avanzada en relación a la explotación de uranio es evidente que están dispuestos a subir un escalón más en este sentido: los planes extractivistas que continúan impulsando luego del histórico Chubutazo, dejan en claro que los principales dirigentes políticos de los partidos del régimen intentarán imponer este tipo de proyectos a fuerza de más persecución, represión y violencia contra el pueblo.

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