Durante las últimas semanas, las asambleas ambientales y diferentes organizaciones de Chubut se han puesto en alerta y denuncian que se puso en marcha un nuevo intento de avanzar con la explotación megaminera en la provincia.

Las alarmas se encendieron porque la Legislatura definió un cronograma de seis sesiones antes de fin de año para tratar temas “urgentes” a puertas cerradas. Cuando trascendió la noticia, comenzó la campaña #LosEstamosObservando, que consta de guardias las 24 horas en la el recinto legislativo para registrar todo movimiento relacionado al tema, y movilizaciones, pintadas y difusión en redes sociales apuntando hacia a los 27 diputados y diputadas provinciales en funciones hasta el 10 de diciembre.

La convulsiva crisis provincial, que no está cerrada a pesar del levantamiento de la huelga de docentes y estatales, condiciona al gobernador albertista Mariano Arcioni, que –al igual que sucede a nivel nacional- requiere los dólares para evitar la quiebra. La trama para sortear los obstáculos legales podría adquirir la forma de una nueva normativa que aplique la “zonificación minera” contemplada en la Ley 5.001, habilitando para la explotación una zona que compone casi el 64% del territorio chubutense, y limitando las sustancias tóxicas prohibidas.

Los matices en torno a la cuestión minera –cuyo rechazo animó verdaderas puebladas como la de Esquel- habrían sido limados con el cierre de filas del PJ local junto a la fuerza política de Arcioni, una movida apadrinada por el ex gobernador de San Juan y mentor del “modelo Barrick”, José Luis Gioja. Varias figuras políticas han salido a promocionar esta actividad. Santiago Igón, diputado nacional del Frente de Todos, declaró públicamente que “en la Meseta chubutense hay muchos vecinos a favor de la minería, y la quieren de un modo sustentable”. Ricardo Sastre, intendente de Madryn –y vicegobernador electo-, destacó que ello podría ser una oportunidad para el puerto de esa localidad, mientras que Adrián Maderna, jefe comunal de Trelew, alegó que podría generar trabajo en el polo industrial de esa ciudad. “¿Agua o trabajo?”, reza el famoso video del burócrata petrolero Jorge ‘Loma’ Ávila, quien también es funcionario provincial.

Así, el arco político se fue arrimando a lo que intentaron impulsar Macri y su ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, que buscaron “acelerar los trámites” a favor de poderosos pulpos mineros canadienses y rusos. Es que el propio Alberto Fernández plantea recaudar los dólares necesarios para pagar la deuda en base a ofrecer estímulos a la exportación de minerales e hidrocarburos, motivo por el cual viajó hasta San Juan para respaldar la megaminería que lleva adelante una de las mineras más grandes del mundo, cuestionada por múltiples derrames de material contaminante y muy resistida popularmente.

El lobby de las mineras también tuvo expresión en Mendoza. Rodolfo Suárez, el sucesor del gobernador Cornejo -ambos de Cambiemos-, manifestó contar con la “licencia social” para avanzar en la modificación de la Ley provincial 7.722 -que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería. Acto seguido, el PJ y el kirchnerismo impulsaron un nuevo proyecto en la Legislatura que limita la prohibición solo al uso de mercurio y remueve la exigencia de que los estudios de impacto ambiental deban ser aprobador por ley. La sesión que iba a tratar el tema, martes 19, fue suspendida ante el impacto que generó y las importantes movilizaciones que se desarrollaron en la capital mendocina y en distintas ciudades del interior de la provincia.

La explotación de los recursos naturales estratégicos está en el centro de la ofensiva de las potencias imperialistas sobre América Latina: el petróleo de Venezuela, el litio de Bolivia, la sojización del Amazonas en Brasil y los minerales de Chile, Ecuador y Perú. Argentina, un país fundido cuyo gobierno se compromete a honrar los compromisos de la deuda externa, entra de lleno en este panorama.

El Partido Obrero impulsa la movilización y organización de las asambleas ambientales, que vienen luchando desde hace décadas contra la instalación de la minería a cielo abierto en la región. Para combatir este saqueo es necesario desnudar los falaces argumentos que presentan a la megaminería como una variable de salida a la crisis económica y una enorme fuente laboral, cuando en realidad lo que viven las provincias mineras es la tercerización, los trabajos insalubres y la destrucción ambiental, en pos de la ganancias de pulpos multinacionales que dejan míseras regalías. No a la megaminería contaminante, derrotemos el intento de zonificación con la movilización; por la nacionalización sin pago de los recursos estratégicos del país, bajo control obrero.