La media sanción al proyecto de “aporte solidario” presentado por Máximo Kirchner y el banquero Carlos Heller despertó el rechazo de numerosas organizaciones ambientales, porque el 25% de su recaudación (unos 75.000 millones de pesos) sería destinado a subsidiar a las petroleras en el marco del Plan Gas. Un fabuloso estímulo al fracking, una técnica altamente contaminante de extracción de hidrocarburos.

En ese sentido se han expresado distintos referentes del movimiento ambiental, organizaciones socioambientales y asambleas regionales. La Asamblea Popular por el Agua, que protagonizó la rebelión mendocina en defensa de la ley 7722 y contra la minería, se pronunció “en contra de subsidiar el extractivismo y saquear nuestros territorios mientras, según datos del Indec el 40,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Por otra parte, en medio de una pandemia que ha dejado al descubierto la falta de infraestructura, insumos y el nivel precarización laboral que sufren lxs trabajadorxs de la salud, nos parece bochornoso que solo se destine un 20% del total recaudado al área sanitaria que durante estos meses se ha visto colapsada”.

El comunicado concluye cuestionando que “el  29 de octubre pasado expresamos nuestra solidaridad con todas las familias sin techo, reprimidas tanto en Guernica como en cada lugar donde se reclama por derechos que la justicia parece resguardar solo para lxs poderosxs. El derecho a la casa propia, establecido por la Constitución, no se cumple para al menos una de cada tres familias argentinas. En este contexto alarmante, solo se destinará un 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares”.

La Confederación Mapuche de Neuquén afirmó en sus redes que “uno de los sectores que más usufructuó recursos del Estado fue el fracking. Desde aquel pacto secreto (YPF-Chevron), que se logró conocer a través de acciones judiciales muchos años después, el fracking es una industria que no es rentable y solo funciona si se lo sostiene con fuerte subsidios y millonarios aportes del Estado”.

Mauro Rodríguez, reconocido exmiembro de Greenpeace Argentina, aseguró que “un cuarto de lo recaudado por un aporte extraordinario con fines redistributivos, en un contexto de emergencia sanitaria por una pandemia de origen zoonótico, iría a subsidiar a la extracción de combustibles fósiles que agravan la crisis ecológica que atravesamos” (Revista Anfibia).

Por su parte Juan Esteche, militante de Proyecto Timón Verde, coordinador de acción en Alianza por el Clima y miembro de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, declaró a Prensa Obrera que “siempre es lo mismo, estamos cansadxs de las soluciones a medias y de las trampas. Es notoria la profunda cobardía e inacción de los gobernantes para encarar cambios estructurales. Las políticas extractivistas siguen aplicándose con total impunidad ecocida. Está claro que nos gobiernan megacorporaciones, porque algunas leyes ambientales que tienen luz verde como Yolanda, Escazú y Educación Ambiental jamás tocan los bolsillos de quienes destruyen nuestros bienes comunes naturales… por eso avanzan, y le ponen un falaz manto verde a un gobierno que no prioriza en absoluto el cuidado de la naturaleza y nuestro futuro”.

Los impactos ambientales de la aplicación masiva del fracking, una técnica cuestionada a nivel mundial y prohibida en muchos países, ponen sobre la mesa el debate sobre la necesidad de una transición hacia energías limpias y renovables. Estos nuevos subsidios a los pulpos que explotan Vaca Muerta ni siquiera van a evitar los tarifazos y naftazos que se vienen. El único objetivo de producir a alto costo el gas es reducir su importación en el próximos invierno, con la mira puesta en que no se vayan los dólares que necesita Alberto Fernández para cumplir con el pago de la deuda a los bonistas y el FMI.

La pelea por los reclamos ambientales exige total independencia política del gobierno y del Estado. Sigamos en la calle como un frente único de lucha.