El pasado 15 de febrero se han cumplido 10 años de aquella rebelión en el oeste catamarqueño, que hizo que el país todo supiera de la resistencia de los pueblos a la instalación de los megaemprendimientos mineros en la cordillera argentina.

Desde dos meses antes del 15 de febrero de 2010 se realizaba un corte en el camino comunal al distrito Potrero, en el cual vecinos andalgalenses bloquearon el avance de vehículos destinados a comenzar los trabajos de infraestructura para el emprendimiento megaminero Agua Rica. Las consecuencias ambientales de este emprendimiento eran altamente conocidas por toda la comunidad. Un grupo de vecinos, en su mayoría docentes y trabajadores independientes, decidió organizarse en pos de evitar que se repita el derrotero social y la contaminación ambiental que se desarrollaba con Bajo La Alumbrera (el primer gran emprendimiento minero a cielo abierto en Catamarca).

Estábamos en presencia de una lucha de intereses muy clara. En la Nación gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia lo hacía una alianza de la UCR y el PJ-K, Brizuela Del Moral y Lucia Corpacci, en Andalgalá estaba dirigido por uno de los intendentes ultra K, José Perea. La decisión política de imponer el emprendimiento, sea cual fuese el medio, fue una coordinación de todos estos sectores, la llamada “minería como política de Estado”. Para ello se valieron de un grupo de empresarios locales aspirantes a ser los beneficiarios de esta explotación y los que llevarían adelante el proceso de tercerización de la mano de obra.

La burguesía local puso el cuerpo y el Estado protegió esta acción con la fuerza policial. Estos, apoyados por los grupos especiales de la policía, a palos y balas lograron pasar el corte en Potrero, la represión inicial generó más de dos decenas de detenidos con muchos heridos. Mientras se pedía la libertad de los detenidos se sucedieron otras represiones a los manifestantes, en unas horas, más dos mil personas se congregaron en la plaza principal de la cuidad para repudiar el accionar represivo y darle fin a la intentona de imponer a Agua Rica. Los andalgalenses tomaron la municipalidad, armaron barricadas en contra de la policía, pelearon cuerpo a cuerpo contra los grupos de infanterías que para las 00hs de la noche del 16 de febrero ya habían sitiado la ciudad cortando las comunicaciones y generando apagones con intención de persuadir la manifestación.

El resultado fue la primera rebelión popular que ha tenido el kirchnerismo y la victoria de un pueblo en contra del Estado y las multinacionales en su intención de imponer sus intereses por sobre el de los trabajadores.

Después de tamaña acción de los trabajadores catamarqueños, durante dos años Andalgalá fue visto como el epicentro de grandes prácticas políticas. Donde la deliberación popular y un avance en las acciones en contra de los megaemprendimientos, se puso a prueba y se convalidaba que la deliberación popular y la acción directa eran las condiciones necesarias para continuar la resistencia.

La lucha de Andalgalá dio perspectiva a las luchas desperdigadas por toda la Cordillera en contra de las corporaciones mineras poniendo en perspectivas las dos realidades contradictorias. El desarrollo de una mina a cielo abierto en plena producción (en aquel momento) Bajo La Alumbrera y por el otro la lucha para oponerse a que se desarrolle otro emprendimiento de características similares.

¿Qué pasó en estos diez años?

Las asambleas ambientales sufrieron después de esto un proceso de cooptación que llevó de manera creciente a la desmovilización y licuar la resistencia.

El primer paso de este proceso se dará con el intendente de Andalgalá Alejandro Páez, un radical que ganó las elecciones valiéndose de un discurso antiminero y mediante una vacilación de los sectores ambientales de imponer una perspectiva propia en el proceso electoral. Páez con el sello de MST-Proyecto Sur seducirá al ambientalismo como Cristina a una parte importante del electorado en las elecciones del 2011, el escenario político se colocaría como un claro escollo para la lucha. La asunción de Lucía Corpacci, como gobernadora de la provincia, y del intendente Páez acelera un proceso de cooptación y desmoralización de los sectores más activos. Por otro lado, una política de vaciamiento de inversiones y liquidación de las condiciones productivas llevaron a que 10 años después estemos frente una nueva tentativa de instalar el mega emprendimiento Agua Rica.

Hundimiento económico en beneficio de la megaminería

El proceso de 10 años de resistencia a la instalación de los megaemprendimientos mineros está atravesados por las medidas estatales en detrimento de un desarrollo productivo de la región. Han desaparecido una parte importante de las superficies sembradas en el oeste de la provincia, con esto también el cierre sistemático de fábricas de producción de alimentos, sumado a la imposibilidad de conseguir créditos para inversiones en toda la etapa K y profundizada por el macrismo. Los diferimientos impositivos de olivos que habían poblado una parte de los campos del oeste provincial hoy son hectáreas de desmontes con plantas secas. Todo esto ha elevado la pauperización del trabajo y la miseria en las zonas de acción de los emprendimientos mineros.

Esta situación de miseria a la que el Estado está arrastrando a los trabajadores es en pos de imponer la megaminería como única salida.

Las condiciones para las megamineras no han dejado de mejorar en la Argentina. Partiendo desde la megaentrega llevada a delante en las 90 de la mano de Menem a los mejoras y entrega de la etapa K tanto con Néstor como con Cristina, después el macrismo le ha sacado las retenciones y hoy Fernández ha puesto como garantía del pago de la deuda externa a los recursos naturales y promete un abaratamiento de los costos para las megaempresas.

Aun así, las inversiones mineras no llegan, la idea de una salida de las crisis que atravesamos de la mano de los capitales mineros es una ilusión que hoy guardan muchas expectativas, pero ninguna muestra concreta.

Una lucha de conjunto

La salida está planteada por el reforzamiento de las luchas en su conjunto, no se logrará detener el avance megaminero sin antes combatir las condiciones de miseria y pauperización de los trabajadores catamarqueños. La lucha por los salarios, la defensa de los puestos de trabajos, la necesidad de un plan de desarrollo al servicio de los trabajadores y no de las mineras tiene que ir pegado a la lucha por la defensa del ambiente.