La ofensiva represiva del gobierno nacional y provincial, en coordinación con minera La Alumbrera, se ha concentrado sobre Andalgalá. Allí se han instalado dos cortes, que controlan los accesos a la ciudad, impulsados por comerciantes proveedores de la mina, en los que se encuentran matones y elementos lúmpenes con el argumento de defender la política minera en curso. El accionar de estas guardias blancas de la minera está dirigido a crear un clima de terror en el pueblo. Controlan todos los vehículos, piden documentos, impiden el acceso del periodismo – incluso impidieron el ingreso del premio Nobel Pérez Esquivel-, siguen a los asambleístas, han hecho ostentación de armas. Todo esto ante la vista de la policía local, la que incluso obedece sus órdenes. A la par de esto, el gobierno ha anunciado que enviaría un refuerzo de 90 policías para evitar disturbios. La radio de la Asamblea del Algarrobo ha sido interferida -ésta era la fuente principal de denuncia e información de todo lo que viene ocurriendo. Al escribirse esta nota, los domicilios de varios asambleístas han sido allanados por la policía en busca de armas a causa de una denuncia que los responsabiliza por un atentado que sufrió un comerciante. Desde la asamblea del Algarrobo han denunciado que se trata de un auto- atentado -o sea de una provocación para justificar los allanamientos y otras medidas represivas.

A pesar de este estado de sitio que se ha impuesto sobre la ciudad, el sábado 11 se realizó la habitual marcha contra la megaminería a cielo abierto y por el "no a Agua Rica", la que reunió entre 2.000 y 3.000 personas -lo cual demuestra que Andalgalá está de pié.

Es más necesaria que nunca una lucha de conjunto para rescatar al pueblo de Andalgalá y llevar al triunfo sus reclamos.