03/07/2020

Ante el crecimiento de la deforestación, reclaman el tratamiento de una ley para suspender los desmontes

Romina Del Plá (PO-FIT) presentó una carta pública al presidente de la Comisión de Ambiente.

Con una nota presentada al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, la diputada Romina Del Plá exige el pronto tratamiento del proyecto de ley que plantea la prohibición y suspensión de la deforestación en Argentina -incluida aquella autorizada previamente-, presentado por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.


En 2007, cuando el Congreso sancionó la Ley de Bosques buscando poner un freno a los desmontes por la expansión de la frontera agrícola, se presuponía que la norma iba a detener la pérdida incesante de superficie boscosa en todo el país. Pero eso no ocurrió, y se continuó con la tala indiscriminada. La situación se agravó por los diferentes procesos de recategorizaciones ocurridos en varias provincias.


La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año, es decir que un 3% de la deforestación global ocurre en la Argentina. Realmente una triste estadística. Bajo el gobierno de Macri el avance sobre los suelos y los desmontes no cesaron, y la situación no hizo más que agravarse.


En la actualidad, la pandemia del coronavirus frenó casi todo en Argentina, pero no la deforestación. Según el último relevamiento de la ONG Greenpeace: “durante la cuarentena ya se desmontó el equivalente a media ciudad de Buenos Aires”. “El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que entre el 15 de marzo y el 30 de abril se desmontaron 9.361 hectáreas esto implica la pérdida de 200 hectáreas de bosques por día”.


Esto, con el agravante de que un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las categorías I–rojo y II–amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679, Chaco 7.683, Salta 1.326, Formosa 16). Esta situación se repite en otras provincias como Córdoba, Misiones, Santa Fe y otras.


El avance de la frontera agropecuaria para proyectos ganaderos y/o de cultivos de soja es la principal causa, y por lo general los mismos propietarios de esas tierras son los impulsores. Los gobiernos provinciales son cómplices de esta situación (conocen a los tenedores de tierras), conjuntamente con el organismo nacional responsable del manejo de la Ley de Bosques Nativos.



La importancia de los bosques


Un trabajo técnico de dos ingenieros del INTA Marcos Juárez, Nicolás Bertram y Sebastián Chiaccchiera, echa luz sobre el vínculo entre los montes nativos, las inundaciones y la sojización del país. Los excesos hídricos no se deben a la falta de obras o al exceso de lluvias sino al cambio del uso del suelo. El estudio revela el consumo del agua para los diferentes usos: los montes nativos son los que más absorben, le siguen las grandes superficies de pasturas convencionales con ganado, luego los cultivos agrícolas -pese a que sólo ocupan una parte del año y también absorben cantidades de agua importantes-; en el último escalón, con una escasísima absorción, figura la soja. Un campo sembrado con soja absorbe diez veces menos agua que un bosque nativo y tres veces menos que una pastura con ganado. El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora, una pastura convencional con ganado 100 milímetros, y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora.


La vegetación nativa es una suerte de tanque de agua natural de la población. Cuando llueve en verano esa vegetación hace con el suelo un efecto esponja: absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado, hoy las sierras y los terrenos escarpados del Norte Argentino son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.


Inundaciones y desertificación


En 1980 se cultivaban 40.000 hectáreas de soja mientras que en las últimas campañas se superaron los 20 millones, para situarse en torno a los 18 millones en la última. Este crecimiento a expensas de su desplazamiento hacia el norte del país, sobre terrenos que básicamente tenían formaciones boscosas nativas y en la zona más pampeana (principalmente pasturas y otros cultivos mucho más consumidores de agua, como el trigo), plantea un diagnóstico inapelable de peligro de nuevas inundaciones. Una situación ya verificada en varias provincias.


El desplazamiento de la ganadería y de la lechería -aproximadamente unas 10 millones de hectáreas en la región pampeana- hacia las zonas boscosas del país, ha significado una disminución en el consumo de agua al implantarse más cultivos anuales y desaparecer los bosques. Otra cuestión a tener presente es que en este tipo de climas la eliminación de la cobertura vegetal con topadoras que perturban la estructura del suelo es uno de los principales factores que activan la desertificación.



El cambio climático


Al mismo tiempo, los bosques funcionan como reservorio de dióxido de carbono (uno de los principales gases que causan el efecto invernadero), a tal punto que cerca de un 20% de las emisiones globales de estos gases provienen de la deforestación y la degradación de bosques. La tasa de deforestación a nivel mundial es tan alta (10 millones de hectáreas/año) que se ha convertido en una gran emisora de gases responsables del cambio climático, por lo tanto, la conservación y el uso sustentable de los bosques pueden contribuir de manera importante a mitigar el cambio climático. A esto se suma el efecto a largo plazo, con una reducción de la capacidad de absorción de gases del efecto invernadero al reducir la superficie boscosa.


Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture, demuestra que si se continúa con la tendencia actual la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación para 2028 será de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año), producto del desmonte en áreas verdes.


Consecuencias económicas y sociales


Hasta aquí mencionamos las consecuencias ambientales, pero las sociales son de mayor gravedad. El avance sobre el monte nativo se ha desarrollado en gran medida de la mano de una creciente privatización de tierras fiscales, vendidas o entregadas a precios de remate a grandes empresarios con capacidad de “ponerlas en producción”. Esto se dio incluso en numerosos casos en los que en ellas habitaban campesinos o comunidades originarias, sin títulos de propiedad, lo que derivó en violentos desalojos. Esto implicó que muchas de estas familias pasen a formar parte de las periferias de poblados cercanos a las capitales provinciales, aumentando el pauperismo de un sector de la población condenado a condiciones de precariedad y miseria crecientes, de la mano de un desarrollo a fondo de la polarización social en los pueblos y de un mayor despoblamiento rural. El avance de la frontera agrícola se asienta por lo tanto en una confiscación de bienes públicos y la población campesina por el capital agrario.


Desde el punto de vista económico, solo puede defenderse la continuidad de las habilitaciones de desmonte si se omiten los efectos económicos de la catástrofe ambiental: las sequías, inundaciones, el calentamiento global, entre otros. Estas sequías e inundaciones también golpean especialmente a los que menos tienen. Los grandes productores reclaman y obtienen compensaciones estatales y exenciones impositivas por las pérdidas que generan las inundaciones, pero estas compensaciones nunca llegan a las pérdidas que sufren los trabajadores.


Por todo esto, vamos a una campaña para exigir el urgente tratamiento y aprobación del proyecto de la diputada Del Plá para frenar los desmontes.





 

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