El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, firmó el proyecto y estudio de impacto ambiental para llevar adelante la Autovía de Punilla. De esta manera, obra tendrá una “licencia ambiental” para imponer su realización, más allá del rechazo popular.

Cabe agregar que para realizar la obra el gobierno de Alberto Fernández le aprobó al gobernador Schiaretti un endeudamiento por un total de U$S 275 millones. El financiamiento se conoció mucho antes de que se emita la cuestionada “licencia ambiental”, lo que da cuenta del compromiso del ejecutivo nacional en llevar adelante una autovía que implicará desmonte, y un daño sobre ríos serranos.

El acuerdo de ambas fracciones del PJ tiene que ver con que ambos bloques acuerdan en realizar una obra de la que se beneficia el agro negocio, y la especulación inmobiliaria. Aunque, el 76% de la traza pase por áreas especialmente protegidas de bosque nativo denominadas “zonas rojas”, se otorgó una cuestionada “licencia ambiental”. Todo esto con el claro objetivo de llevar adelante una Autovía que forma parte del proyecto Corredor Bioceánico Porto Alegre–Coquimbo.

Los intendentes de las ciudades afectadas por la autovía manifestaron su apoyo a la obra. Vale tener en cuenta que los mandatarios son de diferentes signos políticos, entre ellos, el Partido Socialista, Cambiemos, PJ; lo que da cuenta un acuerdo de conjunto de los partidos patronales.

La Autovía-Punilla viene siendo rechazada desde hace años por asambleas ambientales, conscientes del profundo impacto ambiental que tendrá la obra. El gobierno provincial, mediante audiencias no vinculantes, buscó disimular su orientación de hacer el proyecto a como dé lugar. De todas maneras, fue contundente rechazo de quienes participaron, dejando en claro la oposición de la población a este proyecto que ataca el ambiente. También se cuestionó las falencias del estudio de impacto ambiental.

La obra ya fue rechazada en el 2018 por la movilización popular de vecinxs, y asambleas ambientales, el Gobierno provincial decidió barajar y dar de nuevo, es decir cambiar el trazado, pero no la orientación de favorecer un negociado a costa del daño ambiental. Es que la Autovía también traerá como consecuencia la afectación de las cuencas hídricas, expropiación de tierras y viviendas.

El gobierno provincial que viene favoreciendo el agronegocio y la especulación inmobiliaria quiere avanzar aún más sobre el ambiente, no solamente con la Autovía sino que también es un impulsor de las mega granjas porcinas, que también son rechazadas por el movimiento ambiental.

Se hace necesario un reagrupamiento de fuerzas contra la depredación ambiental en la provincia, bajo una perspectiva independiente, para el triunfo de estas luchas, en función de los intereses del pueblo trabajador.

Las luchas ambientales han hecho retroceder la orientación depredara de quienes gobiernan, como fue el rechazo a Monsanto. Hoy uno de los desafíos de la etapa es prohibir Autovía en defensa del monte nativo, del que solo quedó un porcentaje del orden del 3%, lo que da cuenta del ecocidio en curso.

La defensa del ambiente requiere una acción independiente en las calles y en las elecciones. En ese sentido, la lista Obrera y Popular que impulsa el Partido Obrero en las internas del FIT-U, viene planteando un programa de conjunto que incluye el control obrerx y popular sobre el acceso al agua y el uso del suelo; poder de veto para las asambleas y comunidades originarias frente a decisiones políticas que apunten a avasallar derechos.

Podemos frenar la Autovía de montaña, y evitar así un daño ambiental, para ello es necesario la movilización popular y un frente único de lucha independiente del régimen de saqueo y depredación. En esa perspectiva, cada voto a la lista Obrera y Popular será un pronunciamiento en defensa del ambiente.

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