Mientras el gobierno nacional avanza en las habilitaciones a las inversiones extranjeras en el talud de la plataforma submarina, las organizaciones ambientales y asambleas convocan a otro “atlanticazo” para el 4 de enero.

La semana pasada se desarrolló la audiencia pública para la exploración sísmica en el bloque CAN 102 (Cuenca atlántica norte No.102), un paso administrativo que forma parte de la evaluación de impacto ambiental requerida por la ley general del ambiente No. 25.675. La audiencia, que debiera ser la ocasión para que la comunidad que no tiene intereses económicos en el negocio se exprese, contó además con la participación y opinión favorable de numerosos CEOs de las empresas (YPF, Equinor, Shell), diversas cámaras empresarias, políticos oficialistas y sindicatos burocráticos. Por su parte, la comunidad afectada por los emprendimientos, las organizaciones y asambleas ambientales de la costa bonaerense y numerosos científicos se expresaron en contra del desarrollo de la exploración y explotación en esta área situada en el frente marítimo del Río de la Plata, limítrofe con la zona de jurisdicción uruguaya.

El mismo procedimiento se ha hecho el año pasado respecto del área CAN 100, a poco más de 200 km de distancia de Mar del Plata y más al sur de la que ahora se pretende habilitar. A pesar de que en ambas audiencias, tanto la de la exploración sísmica como la de la instalación del Pozo Argerich, cientos de personas se pronunciaron en contra y hubo una presentación judicial, el Ministerio de Ambiente aprobó la realización de ambas prácticas mediante la emisión del instrumento legal denominado DIA (Declaración de Impacto Ambiental). La medida se dio a conocer luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto una medida cautelar que impedía la exploración offshore, por considerar que el gobierno y la empresa Equinor ya había cumplido con los requisitos que solicitados por el tribunal para llevar adelante la actividad.

El pozo exploratorio Argerich-1 es el primero de aguas profundas (2.700-3.000 metros) que se realizará a 300 kilómetros de la costa, en el bloque CAN-100, operado por Equinor en consorcio con las empresas YPF y Shell Argentina. Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo por día, casi 40% del petróleo que hoy produce Argentina, equivalentes a unos U$S 7.000 millones.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que la explotación del denominado proyecto Argerich “es un hallazgo que puede modificar la historia del país, con un impacto productivo que podría ser similar al de Vaca Muerta”. Valga la comparación, porque Vaca Muerta se ha convertido en un área de sacrificio, se han desplazado a productores de frutas, hay escasez y contaminación de aguas, sismos, violación de derechos laborales y un escaso derrame económico local. Y también cabe preguntarse qué porción quedaría para el país de esos 7.000 millones de dólares, una vez descontado lo que se llevan las empresas y los pasivos ambientales. Desde ya, que el único objetivo del gobierno es recaudar divisas para el pago de la deuda.

Con el levantamiento de la cautelar, la compañía noruega podrá continuar con las actividades de prospección sísmica de los bloques CAN 100, 108 y 114. Y cuando el MADS dicte la DIA de este nuevo Bloque CAN 102, se cubrirá todo el talud continental frente a las costas bonaerenses desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones. Estas tres áreas que están obteniendo la licencia ambiental por parte del MADS en esta gestión forman parte de dieciocho licitadas entre 2018 y 2019 durante la gestión Macri en todo el Mar Argentino. Las ofertas ganadoras de aquella licitación, con un compromiso de inversión por un total de U$S 724 millones, corresponden a las empresas YPF, Qatar Petroleum, Equinor (ex Statoil), ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow, que de a poco van consiguiendo la licencia ambiental y por ende la vía libre para explorar y luego tendrán la obligación por contrato de explotar el recurso.

La audiencia pública del 19 al 22 de diciembre

Hubo algo más de 1.500 inscriptos en las audiencias públicas. Cientos de participantes se expresaron contra las exploraciones y posterior explotación argumentando el daño a las ballenas, delfines, tortugas, pingüinos y muchos otros animales sensibles a los bombardeos sísmicos constantes que se utilizan para localizar petróleo en el fondo marino. Hay una superposición entre los bloques que Equinor planea explorar y los patrones de migración y zonas de alimentación de elefantes marinos, pingüinos y la Ballena Franca Austral, una especie icónica, protegida y declarada monumento nacional.

También se argumentó la afectación a las comunidades costeras y sus medios de vida. Sería inevitable que algunos derrames de petróleo lleguen a las playas perjudicando también los ecosistemas costeros, los paisajes y las economías de las ciudades. El turismo y la pesca, los deportes acuáticos son actividades que están íntimamente ligadas a la calidad del agua y las playas. Y desde luego, está cuestionada esta actividad que comenzaría en unos años y que pone en contradicción los acuerdos internacionales de disminución de emisiones de los combustibles fósiles y los propios planes de decarbonización presentados por el Estado argentino.

En cambio, los interesados en que se consolide la producción petrolera en el Mar Argentino argumentaron en la audiencia que la actividad es segura, que no hay antecedentes de contingencias en nuestra plataforma continental, que se generará trabajo, que ingresarán divisas. Todo esto carece de veracidad o está en tela de juicio. Por ejemplo, recientemente Greenpeace presentó un informe que compila los incidentes y accidentes de Equinor (ex Statoil), en su país de origen, Noruega, y en Brasil, donde opera desde hace una década produciendo derrames de petróleo, escapes o fugas de hidrocarburos, fallas en el mantenimiento de instalaciones, etc.

En Argentina, en septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián, Tierra del Fuego, hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur, de la empresa YPF. Están documentados también varios accidentes en el Mar del Norte, en Australia, en Nigeria, en el Golfo de Méjico, en la India a 150 km de Bombay, en muchos casos hubo pérdidas de vidas de sus trabajadores.

Respecto a que la actividad va a ser controlada por el Estado, como expresaron funcionarios y directivos de YPF, basta con recordar que el informe de la Auditoría General de la Nación realizado sobre Enarsa verificó que no había plan de gestión ambiental, ni acciones de prevención y control hacia las petroleras. El supuesto “Estado controlador” no solo carece de los institutos y las herramientas necesarias para realizar esta actividad (de presupuesto, de embarcaciones, al punto que ni siquiera se reemplazó el submarino Ara San Juan), sino que promueve el negocio como socio de las multinacionales. El Estado capitalista es el garante del saqueo.

De hecho, no solo está cuestionado que pueda realizar el control ambiental, sino lisa y llanamente que controle la producción, de la cual dependerán las modestas regalías y retenciones a la exportación, cuando el crudo será directamente almacenado en buques sin tocar tierra. Finalmente es una constante el contrabando de productos primarios, tanto por las cerealeras como por las mineras, como ejemplifica la reciente subfacturación de las ventas de litio realizadas por la empresa Livent emplazada en Catamarca.

Proezas riesgosas del capital por caída de los recursos accesibles

Un párrafo aparte merece Brasil, por la similitud con las áreas que se van a explotar en Argentina. Hace poco más de 20 años comenzó la explotación en el Presal, aguas profundas próximas a Río de Janeiro, coincidente en latitud con la zona petrolera de África y uno de los motivos por el cual se está explorando en Argentina, dado que las dos costas atlánticas estaban unidas hace millones de años lo que hace presumir la existencia de petróleo. La mayor profundidad implica tecnología más sofisticada y mayores riesgos.

El primer gran accidente ocurrió en el año 2000 provocando un derrame sobre la bahía de Guanabara, afectando la biota y a 600 familias de pescadores. En 2001, la plataforma offshore Petrobrás-36, la más grande del mundo hasta ese momento, se hundió en la Cuenca de Campos, a unos 120 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de hidrocarburos que tenía almacenado y la muerte de once personas. También ese año, la plataforma petrolera de P-7 derramó 26.000 litros de crudo al mar, y, en 2012, la petrolera Chevron realizó un importante vertido en el mar en la zona de operación de su plataforma de Campo Frade.

Vamos por otro atlanticazo

El 4 de enero, con motivo de cumplirse un año del primer Atlanticazo, se realizarán actividades de protesta en varias ciudades bonaerenses: San Bernardo, Santa Teresita, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, sus asambleas ya definieron sus respectivos puntos de concentración y actividades culturales.

 

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