Ambiente

15/7/2010

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Barrick: Glaciares y privilegios impositivos

Para el miércoles 14 está prevista la discusión en la Cámara de Diputados de los proyectos de ley de protección de glaciares. Cristina había vetado en 2008 una ley votada por unanimidad. El veto fue calificado como el veto Barrick, por la minera canadiense que explota las minas de oro de Veladero y Pascua Lama (esta última compartida con Chile en la frontera de las altas cumbres sanjuaninas).

El lobby minero está ‘a full’ y juega a varias puntas. Con el apoyo kirchnerista (el almuerzo en Toronto con los directivos de la Barrick fue la cara más visible del alineamiento K con los pulpos mineros), se juega a que se trate el proyecto de Filmus, que tuvo media sanción en Senadores el año pasado. Este se diferencia del vetado en 2008, retomado hoy por su autor, Bonasso, en dos puntos clave. No prohíbe la explotación de las áreas periglaciares (que son las más amplias y donde, en general, se asientan los proyectos mineros); las permite, “sujetas a control”. El proyecto de Filmus fue apoyado en la comisión de diputados, no sólo por los oficialistas, sino también por “los diputados del peronismo salteño disidente Walter Wayar y Marcelo López Arias, Movimiento Popular Neuquino y el PRO” (El Parlamentario, 8/7).

Finalmente, otro sector de los opositores, si bien no quiere aparecer pegado al kirchnerismo apoyando el proyecto Filmus, tiene previsto modificar los artículos clave del proyecto de Bonasso para volverlo inocuo, si llegara a aprobarse.

Paralelamente, las provincias cordilleranas se reunieron bajo el auspicio del gobierno nacional y emitieron una declaración sobre normativa en materia ambiental, en la que señalan que “de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, todos los recursos naturales, incluidos los glaciares, son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren”. Entre las provincias cordilleranas no sólo están las kirchneristas San Juan, Salta, Jujuy y Santa Cruz, sino especialmente la Catamarca del cobista Brizuela del Moral, quien “se comprometió a enviar cuanto antes un proyecto de ley a la Legislatura para garantizar a la provincia el control y cuidado del medio ambiente en las zonas de los glaciares y periglaciares, pero sin restringir las actividades productivas” (El Ancasti, 8/7). Lo mismo hizo el salteño Urtubey (Clarín, 8/7). El lobby minero tiene sus reaseguros en las provincias.

Esto pone en evidencia uno de los puntos centrales de la reforma constitucional del pacto de Olivos del ’94, que fuera apoyado por el radicalismo, el Frepaso y Pino Solanas. Los débiles y quebrados estados provinciales son los responsables de los recursos naturales. Esto consolidó a las camarillas al servicio de los pulpos petroleros y mineros, ya que vienen prorrogando concesiones y otorgando beneficios a granel.

Ventajas impositivas

La reciente denuncia de Carrió y Bonasso por “tráfico de influencias” de la Presidenta a favor de Barrick señala, entre otras, las ventajas impositivas del pulpo canadiense para su proyecto de Pascua Lama. Esto fue denunciado un año atrás por Prensa Obrera (véase PO Nº 1.090, 9/7/09). El acuerdo impositivo argentino-chileno aún no ha sido dado a conocer, sigue en secreto y la justicia ha sido impotente (o encubridora) frente a la negativa del gobierno a publicarlo.

Por lo que había trascendido en su momento (y que motivó la renuncia de funcionarios del ministerio de Economía con la contundente aclaración de que, si no, “vamos todos presos”), Barrick evitaría pagar retenciones (aun las mínimas que paga la minería) y obtendría mayores beneficios en materia de IVA y rentas, abusando del carácter binacional del proyecto para eludirlo.