26/06/2020

Bayer pagará 10.900 millones de dólares para resolver las demandas por el glifosato en EE.UU.

Monsanto comenzó a vender el Roundup en 1974, y aunque la fórmula no está más protegida por una patente desde el  año 2000, el herbicida sigue estando ampliamente disponible. Más del 40% del fraccionamiento actual proviene de China.


Bayer, que pagó 63.000 millones de dólares en 2018 por la compra de Monsanto, ha dicho repetidamente que el Roundup es seguro e importante para los productores agrícolas que lo utilizan con una combinación de las semillas transgénicas producidas por la compañía. Pero en estos días anunció querer terminar con los juicios y la perniciosa campaña de propaganda en su contra, comprometiéndose a desembolsar casi 11.000 millones.


Los dolores de Cabeza que le significaron a Bayer la compra de Monsanto no terminan. No evaluaron correctamente los problemas que ya se empezaban a vislumbrarse al momento de su compra, lo cual le significó a la compañía alemana que con la cartera comercial también compraron las demandas de productores de EE.UU. sobre los efectos cancerígenos producidos por el glifosato. Esta fue la razón principal del desplazamiento del anterior presidente Werner Wenning, quien había sido el impulsor principal de esa adquisición y es por ello que el directorio de la empresa reprobó su comportamiento y solicitó su salida desde abril. Cabe aclarar que las acciones de Bayer han caído alrededor de un cuarto en valor desde agosto de 2018 y se enfrentan a miles de demandas en todo el mundo.


Para empezar a terminar


El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se comprometió a indemnizar a gran parte de los miles de demandantes en EE.UU. que se han visto perjudicados por el herbicida glifosato, sospechoso de ser cancerígeno, con más de 10.900 millones de dólares. El acuerdo resolvería aproximadamente el 75% de las más de 125.000 reclamaciones presentadas y por presentar contra el gigante alemán, de las cuales solo una parte había alcanzado el circuito judicial. De los 10.900 millones de dólares que Bayer se compromete a pagar, una partida de 1.250 millones estaría reservada a litigios que pudieran surgir en el futuro, estimados en aproximadamente 30.000 casos.



Bayer y la justicia yanqui


En un Tribunal de Apelación el gobierno de EE.UU. apoyó a la empresa, afirmando que los reclamos de advertencia de la ley estatal en el litigio de Roundup entran en conflicto con la ley federal de los EE.UU., que no requiere incluir advertencia de cáncer y deben ser descartados. Un juez federal de California ha considerado que la evidencia científica no respalda el requisito de la Proporción 65 de ese Estado de incluir una advertencia de cáncer para los herbicidas a base de glifosato.


No obstante, varios tribunales han considerado probada la correlación entre el uso de glifosato y los casos de cáncer, es así que Bayer perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos sobre el glifosato (Johnson, Hardeman y Pilliod). Anunció que los apelará y que no están incluidos en este acuerdo.


Pero lo grave es que todavía no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal que el glifosato pueda causar daño a la salud humana desde que empezó a ser comercializado en los años 1970 y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) lo considera seguro y sostiene que no constituye un riesgo para la salud pública.


La empresa precisó que a pesar de la indemnización de casi 11.000 millones de dólares, estos acuerdos “no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta”. Sin embargo, es evidente que se llega a la propuesta de acuerdo como resultado de la previsión de una catarata de sentencias en contra que harían más costosas aún las denuncias.


Vale recordar que la Iarc (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) concluyó que el glifosato, principio activo del herbicida Roundup, es cancerígeno para animales, probable cancerígeno para humanos y genotóxico.


En los anuncios del acuerdo para evitar nuevos juicios contra el Roundup, la compañía Bayer también oficializó otros para terminar con juicios contra el Dicamba y daños producidos por la deriva –pagará unos $ 400 millones de dólares- y por contaminación de aguas de otro producto tóxico de Monsanto, el PCB, por unos $ 820 millones de dólares.


Y en Argentina


Los efectos dañinos del glifosato sobre la salud humana (cáncer, problemas endocrinológicos, malformaciones) y sobre el ambiente están recontra probados. ¿Por qué la industria de los juicios no acciona contra Monsanto? por la sencilla razón de la clasificación toxicológica producida por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). En Argentina el glifosato es comercializado con banda verde, es decir, la de menor peligrosidad. Se comercializan 379 variantes de glifosatos registradas, siendo 215 Banda Verde (“Producto que normalmente no ofrece peligro”) y 164 Banda Azul (“Ligeramente peligroso”).



Ante consultas realizadas ellos señalan: “Senasa ha cumplido y ha hecho cumplir todas las normativas establecidas para el registro del glifosato en la Argentina con requisitos que son los mismos que los que están establecidos internacionalmente”. A buen entendedor pocas palabras, ello quiere decir que dichos requisitos se le han solicitado a la propia empresa que lo comercializa. Concretamente hemos puesto el zorro a cuidar el gallinero. ¿Cambiará la calificación el Senasa ahora que “internacionalmente” la empresa paga masivas indemnizaciones por daños?


Esta calificación contribuye a bloquear que en Argentina (lo mismo que ocurre en el resto de América Latina) prosperen estos juicios, pues a Bayer lo ampara la propia legislación.


Como conclusión, en los EE.UU. Bayer deberá incluir en su costo empresarial la indemnización por los daños producidos. La indemnización es un mecanismo de compensación tardío e incompleto, porque por un lado hay daños que no tienen remedio alguno, porque tienen que ver con un deterioro irreversible de la salud y el medio natural y, por otro lado, no se han evaluado integralmente los daños ambientales y sanitarios de la utilización del pesticida desde 1974. En la Argentina, la calificación del Estado impide siquiera esta compensación limitada, aunque las denuncias por los daños sanitarios de los agrotóxicos son moneda corriente. La lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos que afectan a la salud y el ambiente es una causa popular.




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