La cuenca del Río Amazonas representa la mitad de los bosques tropicales de todo el mundo y es el principal pulmón verde que queda sobre el planeta. Con una enorme biodiversidad, alberga al 10% de las especies vegetales y animales conocidas. Pero se encuentra amenazada, en particular desde la asunción de Jair Bolsonaro al gobierno, con quien se ha intensificado la tala ilegal y el avance de la ganadería a base de la deforestación de enormes superficies de la región.

Desde la investidura del presidente derechista en enero, hasta julio, la industria maderera arrasó con 4.000 km2 de la selva amazónica, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. El dato llega luego de que el Instituto difundiera que en junio registraron un crecimiento de la deforestación del 88% respecto al año anterior. Los números son elocuentes, por minuto se destruye un área del tamaño de una cancha de fútbol.

El gobierno de Bolsonaro no tardó en alarmarse por estas cifras… y procedió a despedir al director de la agencia, Ricardo Galvao, por difundirlas. Previamente, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, había salido a cuestionar la validez de los informes publicados, pero sin poder dar ningún número alternativo. Es lógico, ya que para Salles la tarea es dejar de "boicotear actividades económicas" con la creación de zonas protegidas.

Gobiernan los depredadores

El propio Bolsonaro había propuesto durante su campaña electoral eliminar el Ministerio de Medio Ambiente, pero desistió ante el temor del capital agrario a posibles boicots internacionales a productos brasileños. Sí redujo el presupuesto de la cartera en un 24%. También bregó por el fin de la “industria” de las multas medioambientales, que cayeron un 20% en el primer semestre, en contraste con el incremento acelerado de los desmontes. Al mismo tiempo, apunta a degradar las facultades de los agentes de protección medioambiental, para quitarles la potestad de confiscar y destruir vehículos y maquinaria utilizados para la tala ilegal.

Detrás de todo esto se encuentran en primer lugar el capital imperialista, lo que muestra la hipocresía de las críticas a la devastación ambiental por parte de mandatarios como el francés Emmanuel Macron. También están los intereses de la burguesía ganadera. A ese sector se le asigna la responsabilidad por el 80% de las zonas deforestadas. Luego se ubican las madereras, la agricultura, la pesca ilegal y hasta en algunas zonas minería artesanal. De fondo, existe un lobby potente del gran capital por avanzar en una plena apertura de esa extensa región a la explotación comercial, con el cual Bolsonaro se encuentra fuertemente comprometido. A poco de asumir quitó a la Fundación Nacional del Indio su principal atribución, que era "la delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas", facultad que asignó al Ministerio de Agricultura controlado por los grandes terratenientes.

Varios legisladores, entre ellos el senador Flavio Bolsonaro -hijo del mandatario- promueven una flexibilización de la Ley Forestal, para relajar las sanciones por desmontes y que los propietarios rurales no se vean obligados a conservar una parte de la vegetación nativa en sus explotaciones. Al mismo tiempo, implicaría una amnistía por la deforestación ya realizada. Esto, cuando la propia sanción de la ley en 2012, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, fue denunciada por organizaciones ambientalistas como un gigantesco indulto que legalizaba el avance sobre más de 6 millones de hectáreas de la selva.

El lobby del gran capital brasileño atenta no sólo contra la preservación ambiental sino además contra las comunidades indígenas que pueblan distintas zonas de este vasto pulmón verde. Según relevamientos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, los proyectos de infraestructura y planes de inversión en la región se superponen con el 68% de las áreas naturales protegidas y territorios indígenas, por donde ya cruzan 26.000 kilómetros de carreteras. Estos emprendimientos, legales e ilegales, que buscan explotar económicamente el Amazonas, implican a su vez el despliegue de grupos armados para desplazar a las poblaciones nativas, que como denuncian los indios del Xingú los “están pasando por encima” (El Cronista, 10/7). Un informe del año 2017 posicionaba a Brasil a la cabeza del ranking de asesinatos a activistas ambientalistas, con 57 víctimas durante ese año.

Un saqueo sin “grieta”

Pero esta depredación sobre el Amazonas no es una política exclusiva de la derecha continental. El gobierno indigenista y bolivariano de Evo Morales en Bolivia impulsa desde hace un tiempo el avance de las plantaciones de coca sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la construcción de una carretera que atravesaría este vasto territorio que alberga a 63 comunidades indígenas, lo que ha generado choques y enormes movilizaciones que, a pesar de ser duramente reprimidas, hasta el momento bloquearon el proyecto.

En Perú y Ecuador, la deforestación de más de dos millones de hectáreas está principalmente relacionada a la explotación petrolera, que a su vez ocasiona permanentes derrames de crudo en bosques, ríos y esteros. El chavismo de Venezuela impulsa desde hace años la extracción de minerales estratégicos como oro, diamantes, cobre, hierro y hasta de tierras raras, para lo cual ha cedido 112.000 km2 a mineras transnacionales, desconociendo buena parte de la legislación en materia ambiental, laboral y de pueblos indígenas.

El imperialismo utiliza el impacto internacional de este saqueo carioca sobre el Amazonas para sacar tajada. La exigencia de que acate los pactos ambientales internacionales, como el acuerdo por el cambio climático de París, funciona como pretexto para presionar aún más en función de concesiones coloniales -mientras las potencias incumplen tales pactos sistemáticamente. Macron parece ceder a la presión del capital agropecuario francés cuando advierte que podría naufragar el acuerdo Mercosur – Unión Europea si Brasil no cumple determinadas normas, lo que constituye más que nada un apriete para imponer cuotas limitadas a los productos agropecuarios sudamericanos.

La única perspectiva para terminar con la deforestación en gran escala y con la depredación ambiental es reorganizar por completo las bases sociales del sistema productivo. Un régimen económico de explotación predatoria de los recursos naturales para exportación, en beneficio de un puñado de grandes terratenientes y los pulpos mineros y petroleros multinacionales, no puede organizar la producción de otra manera que sobre el saqueo y el desplazamiento de las comunidades nativas. La lucha en defensa del medio ambiente implica enfrentar a los gobiernos entreguistas y al capital imperialista, lo que debe llevar a la lucha por un desarrollo industrial bajo control de los trabajadores y una reorganización socialista de las relaciones de producción.