El pasado lunes 27 se realizó un taller organizado por el Ministerio de Ambiente, del cual participaron como organizadores Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima. El propósito de este encuentro era discutir los alcances de la Ley 27.520, que establece presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático. Lo que en un principio iba a ser un “debate profundo” sobre dicha ley, terminó consistiendo en largos monólogos de Cabandié, de Gabriel Blanco -director nacional de cambio climático- y de funcionarios, dejando tan solo unos minutos de propuestas generales.

Este taller, por lo tanto, fue simplemente un invento de Cabandié y compañía para cooptar a estas organizaciones ambientales a la política del gobierno. Esto no es un hecho aislado ni mucho menos. Los gobiernos tienen siempre bajo la manga la carta de la cooptación para atomizar la organización independiente, en este caso del movimiento ambiental. En Mendoza y Chubut, al gobierno ya se le complicó llevar a fondo su programa. Sin embargo, como en el plano sindical cuenta con la CGT y las CTA, en el plano ambiental busca insertar al pacto social en curso a estos grupos.

La ley, que fue aprobada durante el macrismo y refrendada por Alberto Fernández, impulsa la creación de un Consejo Asesor. Aquí entran en juego estas organizaciones ambientales. Es que bajo esa figura en realidad se encubre un sistemático trabajo que busca crear la idea de un gobierno verde con el aval de quienes tomaron notoriedad por la defensa del ambiente.

Al mismo tiempo, analizando los distintos artículos surgen inmediatamente sus limitaciones. En su artículo 22, que “establece medidas y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación, a fin de fortalecer la capacidad de los sistemas humanos y naturales para afrontar los impactos del Cambio Climático”, destaca:

i) Implementar medidas que propendan a la soberanía alimentaria frente a los impactos del Cambio Climático.

Además, en su artículo 24 destaca:

e) Diseñar y promover incentivos fiscales y crediticios a productores y consumidores para la inversión en tecnología, procesos y productos de baja generación de gases de efecto invernadero.

h) La revisión del marco relativo a las normas básicas de planeamiento urbano, construcción y edificación con el objeto de maximizar la eficiencia y ahorro energético y reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes y la implementación de normas de construcción sustentable.

Es decir, mientras el gobierno busca poner en pie una ley que intente reducir las emisiones de GEI y crear medidas que afronten los impactos del cambio climático, no hace ninguna referencia a las actividades y a los responsables que lo producen. Mientras se busca “soberanía alimentaria”, no se habla de la utilización de agrotóxicos ni del impacto que tienen en la salud de la población las distintas prácticas. Mientras se brindan créditos e incentivos fiscales a los capitalistas, el gobierno baja las retenciones a mineras y petroleras. Mientras se busca ahorrar energía en la construcción, no se pone ningún freno a la especulación inmobiliaria que destruye espacios verdes.

No nos confundamos. Como planteamos en nuestra carta abierta a la juventud que lucha contra la depredación capitalista, el eje ordenador del gobierno es el pago de la deuda al FMI y los acreedores privados, como quedó plasmado el día de ayer en la Cámara de Diputados siendo el Frente de Izquierda el único que votó en contra, y eso se contrapone de manera irreconciliable con una orientación en defensa del ambiente. La lucha contra la crisis climática jamás se podrá desarrollar con un plan económico basado en la explotación de Vaca Muerta, el agronegocio y los desmontes. La defensa del planeta, como muestra la rebelión mendocina, se dará en la calle contra los grandes pulpos y multinacionales, los gobernadores cómplices y los gobiernos capitalistas.