En los últimos 4 meses en la provincia de Catamarca el aparato estatal ha puesto todo su esfuerzo en activar el entusiasmo por las inversiones mineras, los resultados de las elecciones PASO y luego los de las generales valieron para afirmar la tendencia a la entrega de los recursos naturales a manos del gran capital. 

Las declaraciones de Alberto Fernández de que su gobierno se sostendría en tres pilares: el del petróleo, los agronegocios y la minería han como exponentes al gobierno de Lucia Corpacci y el futuro gobernador, Raúl Jalil, dedicados durante los últimos meses a la tarea de convencer a los capitales mineros para invertir en la provincia.

El avance de las políticas gubernamentales para las inversiones mineras puede sintetizarse en tres puntos.  El primero está en el refortalecimiento de la cooptación y la represión. Se están dando capacitaciones laborales en un importante número en nombre de la apertura del emprendimiento Agua Rica. Las capacitaciones, realizadas con fondos nacionales y provinciales, no garantizan a los participantes puesto de trabajo alguno. Esto se da en los departamentos llamados “mineros”, por la influencia de La Alumbrera en ellos, pero están enfocados casi de manera exclusiva en Andalgalá, el epicentro de la lucha en contra de la instalación de este emprendimiento, donde en el 2010 se generó una verdadera pueblada en contra de Agua Rica. Se quiere generar una expectativa en una zona donde a la desocupación existente se le suman nuevos despidos de becados y contratados del municipio, la fuente de trabajo más importante de este departamento encargados por el intendente electo por Andalgalá, Eduardo Córdoba, de Juntos por el Cambio en función de ajustar las cuentas municipales. 

El reforzamiento represivo se ha visto en un conflicto pequeño que podría haber sido resuelto fácilmente sin la necesidad de la represión, pero fue usado como advertencia para quien se pare en la ruta de las mineras. Es el caso de la familia Morales en Antofagasta de la Sierra, un departamento que limita con Salta, donde se está extrayendo desde hace más de 10 años litio; el Estado provincial decidió abrir un nuevo camino para uso de las empresas mineras por las tierras de esta familia. La familia Morales se opuso al paso de maquinaria y del mismo camino por sus tierras y fueron brutalmente reprimidos, detenidos y encausados lo que abrió una línea de solidaridad en contra del hecho. No existía premura por abrir el camino, ni faltan recursos en este sector que en la actualidad están con ganancias siderales. La decisión de reprimir fue política. 

En los últimos viajes de la gobernadora Corpacci y Jalil a encuentros mineros en Canadá y Australia a “ofertar la minería de Catamarca” se viene desarrollando esta propuesta verdaderamente atractiva: garantizar la mano de obra desocupada y capacitada, la represión a los opositores, además de esto, el Estado garantiza proveer de electricidad a los emprendimientos mineros, lo que significa que usará recursos (hoy son escasos) para disminuir al mínimo lo que tengan que invertir los capitales mineros. 

Por último, se ha firmado un comienzo de acuerdo entre Yamana e YMAD (Yacimientos Aguas de Dionisio creado en 1958 con la participación del gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional) donde se plantea el uso de la planta de Alumbrera para desarrollar el emprendimiento Agua Rica en una unificación de Yameana Gold Inc., Glencore International AG, y Goldcorp Inc, fusionando los dos emprendimientos. Este acuerdo es un remate a precio de quiebra de lo poco que ha quedado en pie después de la etapa de la primera mina a cielo abierto del país. La propuesta de adelanto de un alquiler por 12,5 millones de dólares es una cifra que según el gobierno de Catamarca sería suficiente. Ahora bien, la inversión de la planta fue de 1.300 millones de dólares, está muy lejos del ofrecimiento, además de no quedar muy claro los montos de alquiler por año, tampoco es claro por cuanto tiempo es este adelanto. Esto es un de los motivos por los cuales la burocracia del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Tucumán ha votado en contra de este acuerdo.    

Estamos frente a un operativo orquestado por Fernández y los gobernadores de las “provincias mineras”, en una reedición de la entrega de los recursos a manos del gran capital, en medio de una fenomenal crisis económica y social. 

El avance de las mineras en nuestro país es producto de la injerencia de los capitales concentrados en las políticas interna. Es el avance del imperialismo en busca del saqueo.  

Por todos esto desde el Partido Obrero llamamos la atención que el primer paso antes de la discusión de cualquier nuevo emprendimiento tiene es el saneamiento total del proceso Bajo La Alumbrera, planteamos que este proceso que generara miles de puestos de trabajos sea un motor para enfrentar la profunda crisis que atravesamos. Que el proceso de cierre de minas sea costeado el 100% por los capitales que se han enriquecido con su explotación y no por los recursos del Estado, que al final se traducirá en más hambre y ajuste al pueblo trabajadores en búsqueda de salvar al capital. Que la fiscalización de este proceso se ponga en manos de las poblaciones afectadas y comisiones de profesionales independientes designados por las asambleas ambientales. Que todos los salarios de los trabajadores de este proceso sean igual que la canasta básica y que no sean tercerizados.     

Planteamos la Nacionalización de todos los recursos naturales incluida el agua y puestos en manos de los trabajadores y pueblos afectados.