Las mineras -con el apoyo del gobierno provincial y nacional, de buena parte de los medios y la Iglesia, y de la CGT y la CTA- vienen llevando una ofensiva dirigida a restablecer el funcionamiento del emprendimiento de Agua Rica, afectado por una resolución judicial que suspende sus actividades, luego de la pueblada ocurrida en febrero de este año. Así, se ha militarizado la zona de Andalgalá, se ha avanzado en el procesamiento de numerosos luchadores y se ha procurado la sanción de una ley provincial de glaciares pro-minera.

Un aspecto muy importante de esa ofensiva es desacreditar las denuncias acerca de la contaminación producida por La Alumbrera. Así, en los primeros días de octubre, el gobierno de la provincia dio a conocer un informe de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), dirigida por Daniel Stamboulian. La supuesta investigación asegura que no hay ninguna evidencia de que hayan aumentado los casos de cánceres u otra patologías derivadas de la actividad minera.

El informe fue repetido una y otra vez en los medios. El juez de Minas, que ordenó la suspensión de Agua Rica, planteó que revisaría su fallo si se demuestra que no hay contaminación (Catamarca es noticia, 9/9).

Pero para desmentir el resultado de esta investigación bastaría recorrer el norte de Santa María, ubicado en el corazón de los valles Calchaquíes y ver la mortandad de animales, la extinción de especies como el zorro colorado y una suerte de lluvia de cenizas que es arrastrada por fuertes vientos que emanan del campo del arenal, en las zonas aledañas a la mina, que malogra los nogales. El incremento de los casos de cáncer desde que se puso en marcha La Alumbrera, en 1997, es enorme con relación a una década atrás, basta recorrer un conjunto de hoteles en los que se alojan pacientes derivados desde el interior de la provincia para su atención.

En este sentido se han pronunciado el presidente de la Asociación Argentina de Pediatría y ex director del Hospital de Niños de Catamarca, Alejandro Severini, destacando que “los datos que aporta no son para nada concluyentes, ya que los daños que se han visto en otros países en actividades mineras a cielo abierto han sido a largo plazo”.

El cardiólogo Luis Flores, quien vive en Andalgalá e investiga sobre el aumento de los casos de cáncer en aquella localidad, destaca el aumento notorio del osteosarcoma (cáncer de hueso que se da en niños de 5 a 20 años): el promedio mundial es de seis casos cada millón de habitantes, y allí tenemos tres en 18.000 habitantes. También señala un aumento de la esclerosis múltiple (cuya media es de un caso cada 10.000 habitantes, y hay diez casos en 18.000 habitantes) y el incremento notorio de las enfermedades respiratorias, patologías que han aumentado muchísimo. Además, los pacientes (sobre todo, niños lactantes) tardan cada vez más en curarse.

Por último, baste recordar que el Funcei no trabaja en forma independiente sino contratado por gobiernos o empresas como Pan American Energy, propiedad de British Petroleum, que puede ser vendida a capitales chinos para pagar el desastre ambiental ocasionado por la trasnacional en el golfo de México y, también, para la empresa Ledesma, propiedad de los Blaquier, donde desde hace varias décadas muchos pobladores han muerto de bagazosis.

Se impone que las organizaciones que luchan contra la instalación de Agua Rica y por el “Fuera Alumbrera” organicen una contraofensiva al informe Stamboulian, con el concurso de técnicos y especialistas independientes, tomando el control político del asunto, tarea que debe encarar el próximo encuentro de la “Coordinadora de los Bienes Comunes y el Territorio” que sesionará a fin de mes en Andalgalá.