El lunes 22 se lanzó en toda la provincia, impulsada por la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut (UACCh), una Iniciativa Popular para avanzar en la legislación contra la megaminería contaminante. Actualmente se encuentra vigente la ley 5001, aprobada luego de la enorme lucha del pueblo de Esquel, pero esta no impide la posibilidad de “zonificar” la meseta chubutense o utilizar metodologías no contempladas en la 5001, todo lo cual es intentado cada año por el lobby minero y los distintos gobiernos. Solo la movilización popular le puso un freno a esta ofensiva minera. La última Iniciativa Popular fue bloqueada escandalosamente en 2014 por los intereses de las mineras, que directamente dictaban por mensajes de texto las intervenciones de los legisladores como mostró la tristemente famosa foto tomada a Gustavo Muñiz, del FpV.

La orientación prominera del gobierno nacional es parte de las garantías que se ofrecen en la renegociación de la deuda externa con el FMI y los bonistas como BlackRock -que cuenta con acciones en empresas mineras. Por eso el presidente designó a un lobista del pulpo canadiense Barrick Gold como secretario de Minería, Alberto Hensel, con cuyos funcionarios viajó Martín Cerdá (ministro de Hidrocarburos y Mineria de Chubut) en marzo a la feria de las megaempresas mineras en Canadá. En las provincias donde se implementa ese modelo megaminero, como San Juan, Catamarca y Santa Cruz, las regalías son bajísimas, la contratación de mano de obra es escasa, la contaminación de grandes cantidades de agua es permanente, generando crisis hídricas crónicas. La inviabilidad se hace evidente.

Por otro lado, un gobierno como el de Mariano Arcioni, cruzado por denuncias de corrupción y negociados contra el pueblo chubutense, no ofrece ninguna garantía de control de ningún tipo sobre la actividad. La entrega de los recursos mineros sería una nueva entrega a favor de los acreedores de la fraudulenta deuda que solo traería destrucción ambiental.

Arcioni ha presentado un nuevo proyecto de reestructuración de la deuda, tras dos fracasos. Hoy existe un consenso entre el oficialismo de Arcioni y la oposición de FDT-PJ y Juntos por el Cambio para renegociar, pero eso no evita los conflictos con legisladores y crisis políticas internas. Lo novedoso del proyecto oficial sobre la deuda es que entre los recursos que funcionarán como garantía del cobro de los acreedores, además de las regalías petroleras que ya están hipotecadas, están la coparticipación federal y los “recursos de libre disponibilidad”, es decir cualquier recurso y bien común no implicado en el presupuesto provincial. Es por esto que el gobierno y todo el arco político patronal buscarán forzar el debate por la “diversificación de la matriz productiva en Chubut”, que no quiere decir otra cosa que el desembarco de la megaminería contaminante y el fracking en la industria petrolera -que también buscará “diversificar” su cartera de inversiones.

La tentativa de reestructuración de la deuda y el salto en el saqueo colonial de los bienes comunes de Chubut son cuestiones que están profundamente ligadas, forman parte de una ofensiva que ya no es un mero “ajuste fiscal” sino una reestructuración capitalista de la economía provincial, complementada por una salida “a la Santa Cruz” con congelamiento de los salarios estatales por varios años. Ahora más que nunca es necesario plantear el no pago de la deuda y su investigación.

Llamamos a que la Iniciativa Popular sea tomada por el conjunto de la población chubutense. La clase obrera organizada debe jugar un rol fundamental para enfrentar esta ofensiva prominera. En diciembre se concretó el primer paro provincial convocado por la CTA con ese objetivo. La consigna “No es No” es abrazada por la gran mayoría de la población, pero la extorsión a partir del ataque a las condiciones de vida de la población trabajadora busca hacer mella y solo se puede dar respuesta desde la intervención de la propia clase obrera y sus organizaciones.

Llamamos a debatir esta iniciativa en todo el movimiento obrero, para que forme parte de las asambleas que voten los planes de lucha contra el ajuste. Frente a la parálisis de las conducciones sindicales, planteamos la necesidad de realizar un congreso provincial de delegados/as de base de todos los sindicatos y organizaciones de jubilados/as junto a las organizaciones ambientales para discutir un plan de lucha unificado y votar un programa de salida a la crisis, que debe partir del no pago a la deuda y la puesta en marcha de un plan de desarrollo provincial bajo el control de las y los trabajadores, el único plan verdaderamente sustentable.

Impulsemos la Iniciativa Popular para luego imponerla en la Legislatura mediante la movilización popular, como viene haciendo la población chubutense y como lo logró el movimiento mendocino en diciembre. ¡No es no!