El bloque PJ-Frente de Todos presentó en la Legislatura de Chubut un proyecto de ley para establecer el “Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú” (expediente 9/21), denominado también como de “Renta Hídrica” porque implica renovar las condiciones de los negocios energéticos de la fábrica de aluminio Aluar, ubicada en Puerto Madryn, y eventuales inversores que produzcan más de 10 Mwh (megawatts por hora).

Quitando los términos jurídicos, es un “pasamanos” de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (concesionario privado del gobierno nacional desde 1995, con Aluar como propietario del 60,2% de las acciones) al Estado provincial, para que éste a posteriori concesione a terceros la represa… principalmente a Aluar. De la Nación a privados, de privados a la provincia, de la provincia a privados.

Como veremos en detalle en este infrome especial de Prensa Obrera, el proyecto es una versión 2.0 del esquema de privatizadas del menemismo, con el espíritu “de garantizar el suministro de energía eléctrica preferencial al complejo de elaboración de aluminio en la ciudad de Puerto Madryn”, como reza el primer párrafo del proyecto. Pero ello con algunos “endulzantes”, como “incorporar a la región cordillerana de la Provincia de Chubut (…) beneficios económicos y sociales de una tarifa eléctrica que promueva el desarrollo industrial electrointensivo para las próximas décadas”. A esto se suman regalías en dinero o energía, y la promesa de bonos “compensadores”, fondos especiales y obras a costa de los eventuales concesionarios e inversores.

“La idea es garantizar por 50 años la energía barata al parque de Puerto Madryn, pero sumarnos nosotros, los municipios cordilleranos”, dicen los autores del texto (ADN Sur, 26/3). El también cordillerano diputado del bloque del PJ-FdT que impulsa el proyecto, Carlos Mantegna, fue más allá y no dejó lugar a la imaginación: “No queremos atentar contra el negocio de Aluar”. Portales especializados de energía sostienen que el proyecto podría “funcionar como un antecedente que incida en la renegociación de contratos estratégicos de represas en Neuquén y Mendoza” (Econojournal, 31/3).

Las llamas como puntapié, ¿la megaminería como puerto?

En primer lugar, hay que señalar el “timing” de esta iniciativa del PJ-FdT: aparece cuando la hipótesis que toma más fuerza sobre el origen de los devastadores incendios en la Comarca Andina es que fue producido por el estado deplorable del tendido eléctrico y los postes de madera ubicados sobre áreas forestales y de “interfase”, que son locaciones donde las áreas urbanas y las áreas rurales se mezclan, como Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, entre otras localidades cordilleranas.

En lugar de plantear la investigación a fondo del origen de los incendios y el accionar de los sucesivos gobiernos en torno al estado del sistema eléctrico en la zona (con cortes periódicos de suministro), el proyecto se coloca como un autoencubrimiento de los mismos legisladores, y de los responsables políticos y empresariales, y del Estado. Todo disfrazado con el mote de “reparación histórica”.

Las nuevas condiciones que demandan los pulpos energéticos en Chubut y de futuros inversores, que es lo impulsaría la ley aludiendo a al “diversificación de la matriz energética y productiva”, no pueden escindirse de la descomunal demanda energética que requieren los emprendimientos megamineros. Para darse una idea, las minas La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica en el noroeste concentrarían un nivel de consumo energético subsidiado de 395 MW (Perfil, 4/2). La Comarca Andina es una región con más de 180 cateos y exploraciones mineras en zona de bosques, por cuya explotación presiona el lobby minero a través de los sucesivos gobiernos. Este es el punto que conecta el proyecto de “Renta Hídrica” con el impulso que dan Alberto Fernández y el gobernador Mariano Arcioni  con el proyecto de ley de zonificación minera 128/20 para el “desarrollo de la Meseta”; pero también con emprendimietosnen Río Negro, Mendoza o Catamarca.

Algunos detalles del proyecto

El proyecto fue diseñado principalmente por el pejotista cordillerano Ricardo Bestene, exministro de Economía de la provincia durante la gobernación de Martín Buzzi y reciente asesor de Arcioni en el proceso de renegociación de la fraudulenta deuda provincial en dólares.

En sus 74 artículos, la ley busca crear un marco regulatorio para la actividad hidroeléctrica en la cuenca del Río Futaleufú, transfiriendo al Estado provincial la capacidad de concesionar la producción de energía, pero aclarando que ello sería sin que se “afecte los derechos y obligaciones contraídas por sus titulares con anterioridad a la sanción de la presente ley”. Es decir, como tradujo el diputado Mantegna, “sin afectar el negocio de Aluar”.

Uno de los puntos claves es que se solicita para la región cordillerana (departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Rio Senguer) entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica de la represa, con la misma tarifa preferencial de 17 dólares que tiene la fábrica Aluar en la compra de Mwh. El proyecto invoca, con razón, una brutal asimetría: la cooperativa eléctrica 16 de Octubre, distribuidora de energía en Esquel y Trevelin, compra energía a Futaleufú al triple de ese valor, a más de 40 dólares el Mwh, siendo que está muchos kilómetros más cerca del río que Aluar.

El texto fija en un 12% el pago de regalías hidroeléctricas (algo que la provincia jamás cobró por más que posee el 39% de las acciones de la represa hace casi 30 años). Establece que puede ser en dinero o en especie, es decir en Mwh, según defina la “autoridad de aplicación”. Fija un “bono compensador” que va del 5% al 10%. En Chubut este tipo de fondos, principalmente provenientes de los hidrocarburos, conforman una historia de corrupción y una timba financiera que ameritaría un artículo aparte sobre el tema. También se sostiene en la norma que las empresas concesionarias deberán “financiar y ejecutar por sí o por terceros (…) la construcción de obras de infraestructura”.

A todas luces, el proyecto no escapa al viejo modelo “desarrollista” de beneficios extraordinarios del Estado para los grandes capitales, a la espera de una limosna o “derrame” posterior en módicas regalías, obras de infraestructura, entre otras. Esas obras sin embargo nunca llegan, como demuestran los ejemplos de la megaminería en San Juan, Catamarca y La Rioja.

“Chubut es una provincia que produce doce veces la energía que consume”, afirman los impulsores del proyecto, y destacan que Futaleufú produce el 7% de la energía hidroeléctrica y el 2% de toda la energía eléctrica del país. Pero la energía hidroeléctrica, los parques eólicos y la energía termoeléctrica en base al gas componen una enorme cantidad de energía para autoabastecimiento y para comercializar en el mercado mayorista, que es producida con los bienes comunes de una provincia que tiene más del 70% de su territorio sin tendido eléctrico, con cooperativas de servicios en constante crisis, y con localidades y comunas rurales con generadores de electricidad en base a nafta. Agreguemos que es la cuarta provincia exportadora del país pero no paga en tiempo y forma el salario de las y los docentes y estatales.

Aluar y Futaleufú, cinco décadas de romance

En 1971 el dictador Alejandro Agustín Lanusse, mediante el decreto Nº 206, adjudicó a Aluar (Aluminio Argentino) la construcción, puesta en marcha y explotación de la planta de aluminio (aunque la empresa en su página institucional sostiene que “ganó una licitación pública”). Los beneficiados fueron Manuel Madanes y José Ber Gelbard, con el objetivo de que apoyaran el llamado Gran Acuerdo Nacional impulsado por la junta militar. Dos años antes otro dictador, Juan Carlos Onganía, había lanzado el “Programa de Desarrollo de la Industria del Aluminio”, que dependía de la Fuerza Aérea, y proponía tres obras: la construcción de una fábrica de aluminio junto a capitales privados (Aluar), una represa hidroeléctrica (Futaleufú) y un puerto de aguas profundas (el de Puerto Madryn). Aluar, de los Madanes Quintanilla, comezó a funcionar en 1974, y en 1978 empezó a funcionar la Central Hidroeléctrica de Futaleufú para abastecer a la fábrica de aluminio.

En 1993, en pleno menemismo, el Estado nacional y Chubut firman un convenio -aprobado por ley provincial Nº 3843- en el que acuerdan: 1) privatizar la generación de energía hidroeléctrica de Futaleufú; 2) crear la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A.; 3) vender el 59% del paquete accionario en concurso público internacional, reservar 39% para Chubut y un 2% a un Régimen de Propiedad Participada; 4) establecer que la venta del paquete accionario en concurso público internacional incluya un contrato de venta de energía a Aluar S.A. por 10 años, a una tarifa preferencial compatible con el precio internacional del aluminio.

En 1994 Aluar adquiere el 20,4% de las acciones de Transpa S.A. (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia), por medio de otra empresa en la cual tiene el 40% del paquete accionario, Trelpa S.A., compuesta por la italiana Camuzzi Gazometri S.P.A. y varias cooperativas de servicios de la provincia, entre ellas la importante SCPL de Comodoro Rivadavia. Todo esto según información oficial del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

Habiéndose posicionado en el mercado de la distribución de energía, en 1995 Aluar adquiere la mayoría del paquete accionario de Futaleufú (59%), a instancias de un decreto del ministro Domingo Cavallo (Decreto Nº1870/94), y la concesión por 10 años de la generación de energía de la hidroeléctrica, con dos prórrogas automáticas por períodos sucesivos de 10 años -es decir 30 años en total. Se había consumado así la “acumulación originaria” de Aluar en términos energéticos, con el control de la generación y su transporte.

La concesión de Futaleufú vence efectivamente en 2025, motivo por el cual este proyecto busca “adelantar” negociaciones. Otro sector, comandado por el burócrata del sindicato Luz y Fuerza Héctor González (también propietario del Diario Jornada y cercano al empresario pesquero-energético Aidar Bestene que ahora sería dueño de una parte de Edesur junto a Vila y Manzano), quiere meter la cuchara en el negocio de Futaleufú, que produce 2.800.000 de Mwh al año (ADN Sur, 26/3).

Las torres congeladas

El negociado energético de Aluar con Futaleufú quedó al descubierto por un incidente climático el 23 de julio de 2020, cuando una tormenta de nieve volteó, mediante un efecto denominado “galloping”, 37 torres de la doble línea de alta tensión de 330kv que transportan energía desde la represa hidroeléctrica hasta el Sistema Interconectado Nacional (SADI), del cual se abastece Aluar en Puerto Madryn. Se reveló que aún con las torres derrumbadas Aluar continuaba produciendo al 100% de su capacidad (tras varios meses de operar al 50% “por la pandemia”), lo que evidenció que el abastecimiento de la fábrica ya no depende de la hidroeléctrica sino de energía termoeléctrica y de los parques eólicos de la zona, también financiados por la empresa, como el Parque Aluar I, que a su vez abastece desde 2019 a la fábrica de neumáticos FATE que también propiedad de Javier Madanes Quintanilla.

El fenómeno climático dejó más aún en evidencia que Futaleufú, controlada principalmente por Aluar, no abastece únicamente a la fábrica de aluminio sino que inyecta energía al interconectado nacional a precio de mercado, en una magnitud de 350/450 Mwh (Econojournal, 10/12/2020), cinco veces lo que consumen por año las ciudades de Esquel y Trevelin -que son parte de la Comarca Andina en crisis energética.

Pero entonces, ¿quién financiará la reconstrucción de las torres, que dependen de la operadora Transpa S.A., de la cual Aluar es accionista y con la cual vende energía? La mayorista estatal Cammesa, es decir la Nación, como se estableció por medio de una resolución del secretario de Energía, Darío Martínez. La compañía invertirá 15 millones de dólares para reponer 55 torres, ya que “significa sobrecostos de hasta 300 millones de dólares anuales para el Tesoro Nacional. La obra recuperará la capacidad de transporte, brindará estabilidad en la provisión del servicio a gran parte de la Patagonia, e incrementará la capacidad de generación disponible”, resaltó un comunicado oficial (Jornada, 11/2), o sea que el Estado nacional ha tomado nota de una posible ampliación del mercado energético en la región.

La energía debe ser para el pueblo trabajador

En una perspectiva histórica, el proyecto de “Renta Hídrica” que impulsa el PJ-FdT apunta en primer lugar a un autoencubrimiento político sobre la complicidad en los beneficios extraordinarios que hace décadas recibe Aluar, y aggiornar un modelo de negocios energéticos que nacieron de la alianza entre dictaduras militares y capitalistas locales, continuado luego por otros medios con el esquema de privatizaciones del gobierno de Menem.

El Partido Obrero rechaza esta nueva estafa de los que se jactan de “nacionales y populares”, y plantea que es necesaria la nacionalización de la represa hidroeléctrica de Futaleufú, sin ninguna indemnización a Aluar. Madanes Quintanilla y los grandes capitalistas de la provincia como PAE de Bulgheroni, los empresarios de la pesca y terratenientes como Lewis y Bennetton deben pagar impuestos permanentes y progresivos por tantos años de saqueo económico y depredación ambiental. Las localidades de la Comarca Andina deben ser beneficiadas con energía barata, pero para satisfacerlas necesidades sociales y no como coartada para mantener los negociados de los capitalistas como Aluar con el Estado.

Es necesaria una nacionalización integral de toda la industria energética bajo control de las y los trabajadores y usuarios, con derecho a veto de asambleas socioambientales y comunidades originarias cuando adviertan depredación ambiental. Eso permitiría fijar los precios internos de la energía en función de los costos reales de producción local, terminando con los tarifazos permanentes y los subsidios a las petroleras y distribuidoras, y cortar la fuga de dividendos al exterior para reinvertir los recursos en un desarrollo que contemple la generación, transporte y distribución de energía no como un negocio capitalista sino como parte de un plan económico bajo la dirección del pueblo trabajador. Esa sería una verdadera reparación histórica para la clase trabajadora.