Las últimas semanas han sido de alerta máxima entre las asambleas ambientales y los sectores populares de Chubut. El martes 3, durante la sesión de la Legislatura, los asambleístas presentes en Rawson denunciaron que durante la jornada el diputado Alfredo Di Filippo pidió el tratamiento sobre tablas (sin tratamiento en comisiones) de un proyecto de 70 artículos para voltear la normativa conquistada en 2003 -con el plebiscito del ‘No a la Mina’ en Esquel y con la Ley XVII N°68 (ex Ley 5.001)- que prohíbe la megaminería contaminante en la provincia. La presión que ejercieron los manifestantes en las afueras de la Legislatura impidió que reuniera los votos necesarios.

El proyecto avanza en la famosa “zonificación minera” y crea un fondo de compensación para los pueblos de la meseta chubutense, donde buscan hacer punta los proyectos megamineros más importantes, como el ‘Proyecto Navidad’ de la canadiense Panamerican Silver.

Sumado a ello, el proyecto de reforma de la Ley de Ministerios del gobernador Mariano Arcioni convierte a la cartea de Hidrocarburos en Ministerio de Hidrocarburos y Minería, “para promover un marco regulatorio y político que fortalezca la fiscalización y control en el ámbito hidrocarburífero y minero”.  La ofensiva está en marcha.

La crisis provincial ha sido un incentivo de este nuevo intento al gobernador Mariano Arcioni, que recibiera el respaldo explícito de Alberto Fernández en plena lucha de docentes y estatales. Es que al igual que el nuevo gobierno nacional, pretende reunir los dólares para seguir pagando la deuda fraudulenta en base a concesiones a los pulpos internacionales de la minería y el petróleo. Lo mismo sucede en Mendoza, donde el PJ-kirchnerismo impulsa la modificación de la Ley 7.722 con el apoyo del gobernador Rodolfo Suárez, de Cambiemos.

En nuestra provincia, los matices en torno a la cuestión minera habrían sido limados con el cierre de filas del PJ local junto a la fuerza política de Arcioni, una movida apadrinada por el ex gobernador de San Juan y mentor del “modelo Barrick”, José Luis Gioja. Así, el arco político provincial se fue aglutinando tras el lobby de pulpos mineros canadienses y rusos, al igual que lo hicieron Macri y su ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, que buscaron “acelerar los trámites” para habilitar el negocio.

Arcioni apoyó en la emblemática Esquel, cuna del ‘No a la Mina’, la conformación en dicha ciudad de la Cámara de Proveedores Mineros (Capem). El oficialista Adrián Maderna, intendente de Trelew, anunció que quiere transformar la ciudad valletana en un polo de producción de insumos mineros; mientras que Ricardo Sastre, el futuro vicegobernador y figura clave del PJ provincial, promete grandes beneficios por la logística de Puerto Madryn. Santiago Igón, diputado nacional del Frente de Todos, declaró públicamente que “en la Meseta chubutense hay muchos vecinos a favor de la minería, y la quieren de un modo sustentable”. ‘Loma’ Ávila, burócrata petrolero y rompepiquetes de docentes y estatales, se anotó en el pelotón de lobistas pro-mineros.

Este miércoles está convocada la histórica marcha que se realiza en Esquel todos los años desde 2003, para decir con más fuerza que nunca que #NOesNO, un reclamo que en Chubut atraviesa a todo el pueblo trabajador e incluso figura entre las reivindicaciones de las organizaciones obreras. Hagamos vibrar Chubut con un solo grito, marchando en toda la provincia, poniendo en pie un movimiento de lucha que es vanguardia en la defensa del medioambiente. Para el día jueves fue convocado un paro provincial de la CTA Chubut, que deja planteada la tarea de organizar asambleas en los lugares de trabajo para movilizar masivamente a la Legislatura contra este nuevo intento del lobby minero, que cuenta con el visto bueno del gobierno de Arcioni y el respaldo nacional Frente de Todos.

Desde el Partido Obrero impulsamos la movilización y la organización de las asambleas ambientales, y planteamos que para combatir este saqueo es necesario involucrar activamente al movimiento obrero y desnudar los falaces argumentos que presentan a la megaminería como una variable de salida a la crisis económica, cuando en realidad lo que viven las provincias mineras es tercerización, trabajos insalubres y destrucción ambiental.