Un relevamiento del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) determinó que son 289.000 las hectáreas afectadas por los incendios desde enero al 8 de octubre pasado, sin sumar los focos que se agregaron en los últimos cinco días.
La consecuencia brutal deja un daño a la flora y fauna autóctona de una superficie que equivale a casi seis veces el departamento de Córdoba Capital. La cifra constituye más del doble de lo que se quemó en la provincia en los últimos seis años, ya que el promedio de hectáreas quemadas eran 150.000 al año.

Al año en curso, le restan aún más de dos meses en los que los pronósticos climáticos anticipan lluvias por debajo del promedio histórico. El dato debería poner en máxima alerta a un gobierno que pone el acento en el clima y en actos individuales para mejor esconder la responsabilidad que le cabe en los incendios. Mientras tanto, quienes nos gobiernan continúan sin tomar medidas de prevención y financiamiento para evitar que se profundice el ecocidio, mediante el fuego.

A la luz de los hechos, el Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) ha quedado tontamente expuesto. La discontinuidad de incendios demuestra su fracaso total. En una Córdoba en la que arden distintos focos, en lugar de desplegar un manejo del fuego efectivo, el gobierno de Juan Schiaretti redobla la apuesta desfinanciándolo y preparando el suelo para la obra pública y privada. Como todos sabemos: donde hubo fuego, countries y autovías quedan.

 

Los incendios del año 2020 ya representan la mayor cantidad de hectáreas quemadas en las últimas dos décadas dejando como consecuencia menos del 3% del monte nativo cordobés y llevándose la vida de dos vecinos que murieron luchando contra el fuego.

Sumá tu apoyo al proyecto de ley del FIT

Para terminar con las quemas intencionales se debe poner fin a los negocios que le dan origen, organizándonos en defensa del monte nativo, y su reconstrucción, exigiendo un plan de prevención del fuego. Es por esto que a través de la banca que ocupa Soledad Díaz García en el Frente de Izquierda (FIT) se presentó un proyecto de ley que establece la prohibición del cambio de uso de suelo y un plan de remediación con reconocimiento de poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento a las Asambleas Populares Ambientales y pueblos originarios.
Este punto central originó un gran acompañamiento del proyecto por parte de miembros del Conicet, docentes universitarios y la militancia ambiental, la cual luego de años de lucha por la aplicación de las leyes vigentes, entiende que el gobierno provincial es parte cómplice del problema y comprende la intencionalidad de los incendios.
La propuesta obtuvo 16.000 adhesiones las cuales fueron presentadas en la provincia.

Mientras más hectáreas se queman, el gobierno por acción u omisión no va a garantizar la reforestación de las hectáreas incendiadas; por tal motivo, es urgente defender el proyecto presentado por Soledad Díaz García ya que se trata de un planteo elemental, para garantizar que no se cambie el uso del suelo en las hectáreas incendiadas; una demanda estratégica para todes quienes defendemos el monte y vida. Que la crisis económica, sanitaria y ambiental la paguen los capitalistas.

 

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