La Economía Circular se ha convertido en uno de los ejes de campaña de la actual gestión municipal. El intendente y sus funcionarios promocionan las bondades de este modelo de recolección, reciclado y reutilización, pero ocultan la creciente precarización sobre la que se asienta.

Actualmente, en la ciudad de Córdoba existen cuatro centros verdes, un centro de transferencia y un centro de acopio que involucra al menos a 9 cooperativas. En cada uno de los centros verdes trabajan alrededor de 68 personas, entre miembros de las cooperativas y becarios del municipio. Es decir que aproximadamente 300 trabajadores son quienes sostienen la base de la Economía Circular, desarrollando una tarea clave: la separación y clasificación de los residuos recolectados.

Por esta tarea insalubre, los trabajadores perciben un ingreso de bolsillo de $20.000 mensuales. Con jornadas laborales de 6 horas diarias, 12 días al mes, estos trabajadores cobran $277 por hora de trabajo, un ingreso que no alcanza ni a la mitad de la canasta alimentaria. A pesar de desempeñar una tarea esencial para el recupero y la reutilización de los residuos sólidos urbanos, estos trabajadores no cuentan con aportes sociales ni jubilatorios, obra social, vacaciones o licencias pagas o seguro de vida, y la ART sólo los cubre dentro del establecimiento.

La precaria situación laboral de los trabajadores de los centros verdes, de acopio y de transferencias contrasta con los abultados beneficios que perciben varias empresas locales. Por caso Geocycle (Holcim) se queda con el recupero de los insumos para el desarrollo de combustible a base de residuos, utilizándolos para su propia producción de cemento, mientras por otro lado percibe cuantiosos beneficios estatales mediante eximiciones impositivas y subsidios indirectos. Situación similar sucede con Ecovalor o 3R Ambiental.

Así las cosas, el “circulo virtuoso” de recolección, reciclado y reutilización asegura insumos baratos para las empresas que operan en la ciudad, sobre la base del trabajo insalubre y extremadamente precarizados de los trabajadores de las cooperativas y becarios. Sin duda, estos 300 trabajadores se suman al más de 30% de la planta municipal precarizada bajo diferentes modalidades de contratación, y significa no sólo un ataque directo a sus familias sino un tiro por elevación al conjunto de los trabajadores municipales que ven degradar su salario y sus condiciones laborales a medida que avanzan los contratos basura.

En el marco de una situación económica insostenible, que recrudece la dura situación por la que atraviesan las familias trabajadoras, es necesario revertir esta situación de precarización laboral, comenzando con un incremento salarial del 100% para todos los trabajadores que se desempeñan en los Centros Verdes de trasferencia y acopio, como así también avanzar en un plan de pase a planta permanente, echando por tierra el fraude laboral que supone la contratación tercerizada vías cooperativas para desempeñar tareas que corresponden a los trabajadores municipales.

Se impone la necesidad de avanzar en la organización de las y los trabajadores del sector para impulsar la lucha por sus derechos laborales y la salida de la indigencia. Desde nuestra bancada en el Concejo Deliberante presentamos un pedido de informe para que los funcionarios rindan cuentas ante la situación de extrema precarización laboral a la que someten a las y los trabajadores de las cooperativas, como así también un proyecto para establecer un bono de $20.000 para todos los precarizados municipales, el incremento salarial para becarios, monotributistas, servidores urbanos y demás programas sociolaborales.

Sin duda el camino abierto por el movimiento piquetero, es el rumbo a seguir. Planteamos un gran plenario de trabajadores ocupados y desocupados para imponer un paro nacional y plan de lucha frente al ajuste.

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