Los incendios forestales llevan arrasadas más de 300.000 hectáreas del bosque nativo inventariado en nuestra provincia. Mientras esta noticia recorre los principales portales informativos del país, el gobierno de Schiaretti negocia febrilmente el acceso a un préstamo por 75 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), algo así como 12 mil millones de pesos.

¿A qué se destinarían los fondos que se conseguirían con esta negociación? La urgencia del préstamo de una provincia que está en bancarrota y ajusta a docentes, estatales y jubilados no se destinará a reforzar el presupuesto de salud, educación, a la construcción de hospitales, a aumentar camas y respiradores en el marco de la pandemia Tampoco a la reforestación de las hectáreas arrasadas por el fuego.

De hecho, la impagable deuda cordobesa no se origina en ninguno de estos rubros del presupuesto. Los grandes beneficiados de la situación que llevo a la quiebra de la provincia, han sido los grandes capitalistas, que por el solo hecho de prestar dinero, cobran una tasa usuraria del 7,5% en dólares mientras que internacionalmente tiende a 0%. Se han beneficiado de estos empréstitos la patria contratista (Calcaterra, Electroingeniería, Roggio, Odebrecht, entre otros), que llevó adelante obras, entre ellas las rutas destinadas a favorecer a los empresarios del campo, del turismo, la especulación inmobiliaria y a otras patronales.

El gobierno de Schiaretti –y del PJ que lleva 25 años ininterrumpidos en la provincia- es el principal responsable del desmonte y de la deuda provincial, que seguiría alimentándose para garantizar la continuidad de la faraónica autovía de la ruta 38, hasta la localidad de Molinari, conocida como autovía de Punilla. Luego de un puente fastuoso sobre un lago que abastece de agua contaminada a toda la ciudad de Córdoba, sigue la autovía, justo allí donde los incendios dejaron el camino allanado.

En la primera etapa de esta obra se denunciaron sobreprecios del 900% a manos de empresas que figuraban en la “megacausa de los cuadernos” como arrepentidos. También conocemos la extraordinaria movilización de los vecinos denunciando que la traza de la ruta implicaba la destrucción de 11 kilómetros de bosque nativo en zonas rojas de máxima protección y que atravesaba un yacimiento de uranio, con la probable emanación de gases radioactivos a raíz de los movimientos de suelo que se produjeran.

Todo esto se proyectaba y se proyecta con el único fin de abrir nuevos horizontes al negocio inmobiliario y cumplir con una etapa más de lo que se denominó Cosiplan, plan de infraestructura al servicio de las multinacionales y pooles extractivistas. Se trata, en síntesis, de un nuevo endeudamiento destinado a la infraestructura que permita continuar nuevos negocios a la clase capitalista.

Por la prensa nos enteramos que el gobierno se apresta a dar continuidad a la obra y que estaría preparando la licitación antes de fin de año. Mientras funcionarios del gobierno reconocen que esto es así, nadie sabe cuál es la nueva traza ya que la anterior fue rechazada y repudiada por los vecinos de manera masiva. El gobierno mantiene el proyecto bajo siete llaves.

Estamos otra vez ante procedimientos ilegales. Se debe hacer pública la nueva traza y la totalidad del proyecto, con un estudio de impacto ambiental y audiencias públicas presenciales. Las anunciadas rondas de consulta del gobierno solo intentan burlar los mecanismos para la obtención de la licencia social, indispensable para viabilizar el proyecto.

Este accionar del gobierno pone más vigente que nunca el reclamo de que los territorios, asambleas ambientales, populares y comunidades originarias tengan el poder de veto cuando obras o proyectos desarrollistas o productivos atentan contra el ambiente y la salud de las y los vecinos de la provincia.