La situación del lago San Roque ha sido noticia nuevamente. Tras el inicio del ciclo de precipitaciones que puso freno a los devastadores incendios -cerca de 70.000 hectáreas afectadas durante este año- las lluvias arrastraron cenizas y materia orgánica hacia los diferentes afluentes al lago, incrementando los bancos de sedimentos que complejizan la contaminación de una de las principales fuentes de provisión de agua de Córdoba.

Atento a ello, desde Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) se ha lanzado una campaña de recolección de firmas para exigir a la justicia y a las autoridades medidas de prevención y saneamiento. La campaña “El lago San Roque no es joda” es una advertencia que parece contrastar con la atención que las autoridades provinciales dan a los problemas de contaminación que afectan al principal abastecedor de agua potable de la ciudad de Córdoba. Se trata de la misma fundación que interpuso un amparo ambiental sobre la situación del lago San Roque con fallo favorable, aunque sin acatamiento por parte de la provincia.

La Legislatura se apura según la cara del cliente

El gobierno, la justicia y la Legislatura forman parte de un mismo engranaje al servicio de determinados intereses que no son precisamente los intereses de los sectores ambientalistas. La Legislatura de Córdoba sancionó a fines de noviembre de 2023 la ley 10.941, creando la figura de Autoridad de Cuenca. Sin embargo, ésta no ha tenido ningún papel relevante en el saneamiento y la remediación del bastardeado lago San Roque, que acumula décadas de podredumbre por obra y gracia del volcado de líquidos cloacales crudos. Se estima que cerca del 30% de la población de Punilla -25.000 personas- no tiene cloacas y sus desechos terminan en el lago. En períodos de crisis hídrica como la que atravesamos, la proliferación de algas y cianobacterias es consecuencia directa del volumen de materia orgánica disponible, lo que otorga al lago un color verde fluorescente y olor nauseabundo que desalientan cualquier intento de disimular el desastre ecológico que lo afecta.

Constituye un problema irresuelto por décadas, que por su naturaleza, magnitud y complejidad es responsabilidad de la provincia en primera instancia y del municipio de Carlos Paz en segundo lugar. Sin embargo, las autoridades del ministerio de ambiente provincial –Victoria Flores como ministra y Pablo Riveros como director de Ordenamiento Territorial-  no han movido un dedo para abordarlo y resolverlo. El hecho contrasta sobremanera con la premura con la que los legisladores aprobaron el Rigi (régimen preferencial de inversiones) cordobés.

En efecto, en una sesión exprés, la legislatura de Córdoba aprobó el miércoles 16 la adhesión al Rigi con su propia versión, demostrando que cuando se trata de poner el Estado al servicio de los negocios capitalistas, no hay demora ni objeción alguna. El gobernador Martín Llaryora eleva la apuesta de Milei para atraer grandes inversiones (Rigi), garantizando infraestructura, caminos y todo lo necesario para que los inversionistas multipliquen sus ganancias; sin embargo, cuando se trata de garantizar el saneamiento del agua que abastece a más de la mitad de la población de la capital, el gobierno abandona la gente a su suerte, y la justicia mira hacia otro lado, permitiendo que el Lago San Roque siga siendo un pozo negro de contaminación sin control.

La doble vara es una constante de este gobierno: para los negocios de unos pocos, millones. Para el saneamiento del lago que nos da de beber, migajas. Las promesas de “soluciones” son tan exiguas como las aguas del lago que deberían abastecernos. Es hora de decir basta de postergar el saneamiento del Lago San Roque y de seguir sacrificando la salud de toda una comunidad para proteger los intereses de los empresarios y desarrollistas.

La campaña de Fundeps no va a ser suficiente. Necesitamos ir más allá: organizar asambleas populares y tomar el control de las políticas de saneamiento nosotros mismos. El Lago San Roque no es joda y no vamos a esperar a que los mismos que lo dejaron morir ahora lo “salven”. Esta lucha es parte de algo mucho más grande: enfrentarnos al modelo económico que prioriza el lucro de unos pocos sobre el derecho a la vida y al agua de todos.

Es momento de unificar todos los reclamos ambientales y sociales y echar a quienes lucran con nuestros bienes a costa del deterioro ambiental. Debemos construir una fuerza desde abajo que exija no solo el saneamiento inmediato de la cuenca, sino también el fin de la entrega de nuestros bienes comunes a los capitalistas.

Para reforzar la mencionada perspectiva es clave agrupar las luchas y los reclamos en la perspectiva de la huelga general ¡Fuera Milei, y todos los responsables de este ecocidio! Que sean las organizaciones ambientales, los trabajadores y las asambleas quienes decidan y controlen cómo se gestiona el agua y el ambiente.