La semana pasada se hizo pública la denuncia de vecinos de la comuna de Estancia Vieja frente al reinicio de los trabajos de construcción de una antena de la multinacional Telefónica-Claro en un predio propiedad de un particular ubicado en las inmediaciones del monumento al Indio Bamba y cercano a viviendas.

Cabe informar que la mencionada comuna forma parte del municipio de Villa Carlos Paz pero cuenta con autoridades propias, siendo el jefe comunal Adolfo Parizzia. La puesta en marcha de la antena fue denunciada en 2019 cuando los vecinos se movilizaron en la localidad para rechazar la construcción. A su vez hicieron la denuncia ante la Policía Ambiental, quien clausuró la obra por no cumplir con la norma de licencia ambiental. De ese modo se dio lugar a una causa judicial en la Fiscalía de Carlos Paz. Ahora y con una pandemia en curso se reiniciaron las obras en el mismo cuadro de ilegalidad.

Esto se enmarca en una serie de avances a la depredación del ambiente en el Valle de Punilla, como lo son los casos de San Antonio de Arredondo y Tanti: en plena pandemia, se avanzó también en la colocación de antenas, situación denunciada en ambos casos por los vecinos de la zona. Lo cual muestra el selectivo control que las autoridades y la policía realizaron durante la cuarentena, cuestión que pone de relieve los fuertes intereses económicos ligados a estas obras en detrimento del ambiente y de los pobladores. Una vez más, la propiedad privada aparece como garante del despojo y la depredación del ambiente, con miras a un bienestar económico que sólo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayor parte de la población.

En el medio de la grave crisis hídrica que atraviesa Córdoba, sumado a los estragos que los incendios provocaron en las sierras, creemos necesario insistir en la protección del ambiente. El Estado debe implementar todos los controles correspondientes en las obras de construcción de las antenas. Acompañamos a los vecinos de las localidades en su lucha, la movilización popular tiene que colocar la cuestión del derecho a veto de las comunidades sobre los emprendimientos con alto impacto ambiental. El lucro capitalista no puede estar por sobre las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

 

 

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