En una acción conjunta, las asambleas socioambientales de Córdoba, las comunidades indígenas, la Mesa de Organizaciones y el activismo independiente realizamos una convocatoria para concentrar, este jueves 28, desde las 8 horas en el Tribunal Superior de Justicia. Intervenimos como frente único ante la comprensión de que los fallos y demoras judiciales en torno a las causas ambientales responden y garantizan una política de Estado extractivista y contaminante.

La concentración frente a Tribunales tendrá lugar cuando crecen los desalojos violentos de pobladores en Punilla y Calamuchita, y la judicialización de vecinos y asambleístas, perseguidos con el único propósito de hacer avanzar las tan rechazadas autovías de montaña.

Exigiremos la despenalización y la anulación de toda imputación y judicialización de quienes luchan en defensa de un ambiente sano. También demandaremos el inmediato cese de los desalojos a comunidades indígenas, pobladores rurales y demás damnificados en torno a la construcción de autovías y accesos.

Crisis y más crisis por donde se lo mire

La iniciativa pretende señalar la responsabilidad de un régimen de depredación ambiental que se sostiene con la complicidad de todos los estamentos del Estado y cuyas consecuencias son evidentes a nivel global pero también local.

En el continente europeo, la ola de calor, los incendios y las consecuencias de la guerra en Ucrania en torno a la cuestión de producción y abastecimiento de granos plantean un panorama de hambruna, pobreza y opresión para todo el planeta.

En nuestro país el alza de las commodities y la especulación privada aumentan la presión devaluatoria sobre el peso, ligando el arbitraje del Estado al sostenimiento de las ganancias de la burguesía local agroexportadora. Sus círculos de acción se han fortalecido con el sobreprecio de lo obra pública -que aporta la infraestructura vial y la industrialización del campo, con un impacto nefasto para el ambiente.

En la provincia de Córdoba, Schiaretti avanza con las autovías de montaña sin licencia ambiental y social, promueve destilerías para la producción de biocombustibles e insiste con acueductos que se piensan en función de la productividad de los exportadores y no de los habitantes y sus necesidades, arrasando biodiversidad para garantizar la construcción del corredor bioceánico.

Las ilegalidades ligadas a estos proyectos -la traza, informes de impacto ambiental, licitaciones- constituyen una obscenidad con mayúsculas. Todo anuncio o proyecto se ordena en función de los sectores exportadores. El cordobesismo ha interrumpido el ciclo natural del agua con los desmontes e intervenciones en cuencas hídricas y ha incrementado la producción con envenenamiento y no se hace cargo. Dinamita las sierras y desaloja a los habitantes a punta de pistola con la impunidad que le otorga el proteccionismo judicial que garantiza toda práctica extractivista y contaminante de este modelo que, desde hace décadas, los habitantes de la provincia vienen denunciando.

En mayo pasado, el gobernador asistió al 22° encuentro de Atacalar, que busca avanzar en la integración de regiones de Argentina y Chile. Allí junto a otros mandatarios provinciales y autoridades nacionales firmaron un acta acuerdo por el que se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la concreción del proyecto para avanzar con las obras del Corredor Bioceánico NOA-Centro. “Vamos a trabajar con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con los gobernadores de la Región Centro y otros del NOA para conseguir que se concrete, de una vez por todas, el Corredor Bioceánico tan importante para el interior de la patria”.

Es tan importante para el peronismo esta concreción que la militarización de los territorios, la criminalización de la protesta y las imputaciones a quienes luchan son la diaria en Córdoba, para esto sí tiene celeridad el Palacio de Justicia.

Una justicia sin venda en los ojos

El último informe del Observatorio de Trabajo Economía y Sociedad de la UNC asegura que el modelo económico provincial tuvo impacto negativo sobre la naturaleza y las comunidades y denuncia que el gobierno de la provincia redujo el presupuesto de Ambiente entre el 2016 y el 2022 en alrededor de $390.000.000.

La independencia del Poder Judicial, la objetividad de quienes debieran sentenciar, es una impostura general, tanto como la millonaria puesta en escena de la economía circular. Por ejemplo, la causa Taym prescribió sencillamente una vez agotada toda instancia legal; a los vecinos de Porta no les hizo falta una ley Yolanda para comprender su estado de situación, sin embargo, los fallos a favor del negocio de unos pocos dan cuenta de que leyes de orden nacional o provincial en torno a ambiente y derechos humanos, ordenanzas municipales o acuerdos internacionales no son límites para el voraz interés de la clase capitalista.

La posibilidad de unir fuerzas en búsqueda de una orientación de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases sociales, donde primen los intereses más sentidos de la población, va cobrando forma. Urge un frente único que no descanse en expectativas de las “buenas prácticas” de quienes nos gobiernan las últimas décadas, Todo lo contrario, el empoderamiento de las asambleas ambientales, populares y de pueblos originarios debe oponerse al disciplinamiento brutal que imponen. Este jueves 28 de julio todos al Tribunal Superior de Justicia.