La justicia de Cruz del Eje admitió un recurso de amparo ambiental contra Mario Decara -el defensor del pueblo, de extracción radical- denunciado por desmonte, movimientos de suelos y apertura de calles incumpliendo leyes ambientales.

El recurso de amparo fue presentado por 68 vecinxs de Villa Giardino por uso inadecuado y contra el ambiente de una extensa cantidad de hectáreas de Villa Giardino que le pertenecen a Decara, en donde se produjeron cierres de camino de uso vecinal, movimientos de suelo que afectaron el curso del arroyo San Pedro, y desmontes.

Una justificación para cada crimen ambiental

Por su parte Decara, -que ya lleva más de quince años de gestión como defensor del pueblo- lejos de admitir sus acciones rechaza las acusaciones y argumenta “motivación política”, afirmando que “lo único real” es que autorizó una extracción de tierras por parte de la Municipalidad de Villa Giardino. También niega haber abierto calles diciendo que “ya estaban abiertas”.

Además, sostiene que haber modificado el curso del arroyo “es imperceptible”, y que “lo realizaron los anteriores propietarios”. Sobre el desmonte de bosque nativo argumentó que “la mayoría de las especies no son autóctonas, y fueron implantadas por la familia Giardino”.

Uno de los puntos nombrados en el amparo -y el más sentido por los vecinxs- es el cierre del camino que lleva a su hotel, ya que era utilizado cotidianamente por los vecinos de Villa Giardino.

Respecto a esto en el amparo se expresa: “a principio de mayo (de 2020), lxs vecinos de Villa Giardino vivieron con asombro el cierre del antiguo camino Altos de San Pedro, antiguo camino que atraviesa el predio propiedad de Mario Decara, y que fuera de servidumbre entre las diferentes estancias que conformaban la zona para los siglos XVII y XVIII”. Sobre este antecedente histórico, reclaman el derecho a utilizarlo.

Lo que “el defensor del Pueblo” admite diciendo “nunca me molestó que se usara ese camino que atraviesa mi propiedad; pero durante la cuarentena fue utilizado para cometer distintos delitos, desde robo de ganado y competencias de motocross hasta encuentros clandestinos para violar las medidas sanitarias; por lo que decidí ejercer el derecho de propiedad y cerrar la tranquera”.

Decara lleva más de una quincena de años como defensor del pueblo, pero ha dejado pasar cada uno de los atropellos contra la clase trabajadora, no cumpliendo leyes ambientales y lejos de ser la primera vez que se pone en una postura contraria a la de “defensor del pueblo” se coloca contra los derechos e intereses de la población trabajadora como lo hizo en el caso de Ferreyra, donde se ubicó en contra de las familias sin techo y en defensa de la especulación inmobiliaria. Todo esto mientras cobra cientos de miles pesos por no defender al pueblo, como queda en evidencia.