En la tarde del domingo, el fuego avanzó sobre el cerro Pan de azúcar, arrasando inmuebles, flora y fauna local y ganado de diferentes localidades de los departamentos Punilla y Colón, afectando seriamente Charbonier, La Calera y haciendo peligrar a vecinos de Casa Bamba.

Para hacer frente al fuego intervinieron 12 cuarteles -alrededor de 170 bomberos voluntarios -que batallan metro a metro con escasos recursos contra la quema de pastizales y bosque nativo, que ya lleva arrasadas 30.000 hectáreas. Los medios locales mencionan que se utilizaron autobombas, camiones cisternas y aviones hidrantes, sin embargo, hay denuncias de vecinos acerca de la escasez de medios utilizados para el combate de las llamas o que fueron prometidos y no llegaron nunca. Cerca de 150 evacuados fueron trasladados a Capilla del Monte.

Los focos se multiplican en La Calera, San Roque, Dumesnil, Casa Bamba. Todas ciudades y localidades históricamente aunadas por las vías del ferrocarril, que subsisten en muchos casos por una economía ligada al turismo, pero también a la extracción de áridos, y entre los lugareños más humildes, al pastoreo y la producción artesanal. Las pérdidas son enormes particularmente para los pobladores que pierden medios de subsistencia. Sin embargo, como en todo, hay perdedores y ganadores.

Como en las tómbolas, todes ponemos y pocos ganan

Aunque las autoridades provinciales se lamentan por las redes poniendo la responsabilidad que les cabe en factores exógenos, como el clima –la sequedad del año, el viento, la temperatura- es claro que tras los incendios hay quienes se benefician. Quienes ponemos somos les contribuyentes y vecinos toda vez que con nuestros impuestos aportamos para la constitución de un fondo para el manejo del fuego, cuyos montos y destinos nunca son rendidos públicamente. Una vez que el incendio pasa, ganan los que presionan, requiriendo el cambio de la categoría de uso de suelo para que deje de ser zona roja, es decir de preservación máxima, para pasar a ser zona amarilla, susceptible de usufructuar con otros destinos. Los que ganan son los grandes lobistas del negocio inmobiliario, que han procedido a avanzar con countries de montaña en zona otrora de protección ambiental y quienes pretenden dar continuidad a prácticas extractivistas, como las mineras de Camarasa, en Casa Bamba, o El Gran Ombú, en Villa Allende.

Casa Bamba exhibe la hilacha de la política de quienes gobiernan: mientras la vida de les lugareñes estuvo en riesgo por la inexistencia de un puente que permitiera la evacuación –largamente reclamado-, el intendente de la Calera, Facundo Rufeil, señalaba a un medio local “gracias a Dios hemos evacuado a los vecinos de Casa Bamba, controlado el incendio. Pero preocupados, estamos peleando con el empresario hace tiempo para que ponga una pasarela. (…) Nosotros hicimos la pasarela y le pedimos al privado que nos dejen pasar a colocarla sino es imposible que la gente pueda salir. Es el noveno incendio que tenemos”; es decir, un privado dedicado a la actividad extractivista prohibida en zona de reserva natural, que bloquea un camino público, no solo no es sancionado por la autoridad local sino que esta se muestra incapaz de defender la seguridad de los vecinos y se limita a invocar a dios como remedio a los males. La impostura no tiene límite.

Otro tanto pretende hacer Schiaretti, al señalar vía twitter: “el clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento. Estos factores están disparando importantes incendios en nuestra provincia”. De responsabilidad, ni hablemos.

Sin embargo, sabemos que el mentor del cordobesismo, propulsor de la ley de buenas prácticas agropecuarias sancionada en octubre de 2019 a instancias de los grandes sectores agroexportadores de la provincia para la ampliación de la frontera agrícola, tiene responsabilidad y mucha en la situación que vivimos.

La defensa del ambiente requiere organización y movilización popular, independiente del gobierno, para exigir la reforestación, remediación y prohibición de cambio de uso de las tierras incendiadas evitando así su apropiación por los especuladores. Investigación con participación de organizaciones ambientalistas de los incendios “disparados” en distintos puntos de la provincia para identificar a los responsables. Interpelación pública del ministro de Ambiente para que dé cuenta del uso de los recursos del impuesto al fuego y de los planes existentes para defender el ambiente. Aprobación de la ley de prohibición de desmontes, ya presentada en el congreso nacional por la diputada Romina Del Plá.

Para impulsar estos reclamos y demás temas pendientes participaremos de actividades de organizaciones ambientalistas el próximo sábado 29 de agosto en el Patio Olmos, a las 10 de la mañana.

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