En la provincia de Córdoba una creciente ofensiva de grupos inmobiliarios, en connivencia con el poder político, plantea un serio desafío ambiental y una aguda crisis habitacional. En ese sentido, en la ciudad de Río Ceballos, un proyecto de ordenanza ha generado alarma entre los vecinos al otorgar excepción al desarrollismo inmobiliario, quienes violan normativas de uso de suelo y fraccionamiento, así como el código edilicio, transgrediendo todas las regulaciones ambientales.

Hay una misma orientación política con la avanzada de desarrollistas sobre la Reserva Urbana San Martín, el Parque de la Vida o en Parque Chacabuco, donde los vecinos se organizaron en espacios asamblearios y presentaron un amparo. Hace apenas una semana, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se aprobaron 12 convenios urbanísticos que son acuerdos entre empresarios y el municipio para establecer excepciones a las normas vigentes para uso u ocupación del suelo en favor de los grupos inmobiliarios.

Hace unos días la cámara empresarial de desarrollistas urbanos emitió un comunicado atacando a los vecinos defensores del ambiente, buscando enfrentar a los trabajadores de la construcción con quienes denuncian la depredación ambiental.

Las consecuencias sociales del avance inmobiliario se manifiestan en el aumento del valor de la vivienda y por ende de los alquileres, lo que profundiza aún más la crisis habitacional en la provincia de Córdoba, donde 300 mil familias carecen de vivienda.

La celeridad con la que legislatura provincial y consejos deliberantes avanzan en beneficio de la especulación del uso y destino del suelo se contrapone por el vértice con las necesidades más sentidas de quienes habitamos la provincia de Córdoba.

En este escenario de leyes y justicia para las ganancias inmediatas de unos pocos bajo el saqueo y construcción de zonas de sacrificio para las mayorías, queda planteada la urgencia de establecer un frente único de organizaciones ambientales y sociales.

Este frente deberá abogar por el estricto cumplimiento de las leyes de protección ambiental, el reconocimiento del derecho a veto de los vecinos y asambleas frente a proyectos depredadores, la implementación de un banco de tierras que responda a la demanda habitacional de los sectores trabajadores y la prohibición del cambio de uso del suelo para zonas afectadas por los incendios forestales.

La coordinación de esfuerzos entre distintos sectores se presenta como la herramienta clave para garantizar la protección del ambiente y defender los derechos de la comunidad ante la avanzada de intereses inmobiliarios.

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