Para atender el cuidado de 4.099.859 hectáreas protegidas de la provincia de Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti solo destina 32 personas, de las cuales solo 8 son guardaparques y el resto auxiliares y administrativos. Los datos surgen de un informe de Mirian Campos publicado en La Nueva Mañana (23/4). Es toda una definición política, cuando se intensifica el avance de la especulación inmobiliaria y los agronegocios.

Según informa el Sistema Federal de Áreas Protegidas (Sifap), con el 26% de su superficie bajo algún marco de gestión ambiental de protección, Córdoba es la segunda provincia con mayor área protegida del país. Pero con un exiguo cuerpo de guardaparques que trabaja por la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas que proveen servicios ambientales vitales. Muchos de ellos en campo ni siquiera cuentan con presupuesto para cargar combustible al vehículo con que deben hacer los recorridos. Del total del personal, solo el 20% son mujeres.

La citada fuente también señala que si bien desde 2015 en la Universidad Provincial de Córdoba se dicta la carrera de guardaparque, hasta ahora nunca se abrieron convocatorias para incorporar a profesionales a las áreas protegidas de la provincia.

De acuerdo al revelamiento del Monitoreo de Áreas Protegidas (MAP), las zonas protegidas administradas por el poder ejecutivo de Córdoba no llegan al nivel mínimo de implementación o funcionamiento. “Para el año 2019 ninguna de las zonas protegidas bajo responsabilidad del gobierno provincial, llegó a cumplir el nivel más bajo de los 10 indicadores más básicos”. Allí se evalúa, por ejemplo, si tienen personal a cargo, equipamiento, planificación, destacamento, vehículos, entre otros, reflejando la carencia de todo ello.

Mientras tanto el avance de los desmontes ilegales para la especulación inmobiliaria y el agronegocio, están a la orden del día. Un ejemplo de esto es la quema de más 300.000 hectáreas el año pasado, el 90% por incendios intencionales para estos fines. En esta línea de depredación ambiental también se puede señalar la megaobra que intenta llevar adelante el gobierno provincial con la Autovía de montaña en Punilla, resistida por la mayoría absoluta de la población del departamento del centro oeste.

El informe refleja la política criminal de los gobiernos contra el ambiente y la salud de la población trabajadora. Es necesario oponerles la organización independiente y la movilización en defensa del monte y la vida.