La “Economía Circular” ha sido uno de los ejes más fuertes campaña de la gestión de Hacemos Por Córdoba. Con la promesa de cambiar el modelo lineal de “extracción-uso-desecho” de los recursos naturales, por un modelo “más sostenible” de “reciclar, reutilizar y reparar”, el intendente Martín Llaryora se pinta de verde.

Sin embargo, al observar la ciudad vemos que Córdoba atraviesa una situación crítica en materia de contaminación ambiental. Basurales a cielo abierto; conexiones clandestinas de empresas y emprendimientos urbanísticos que liberan residuos sin tratamiento al Río Suquía; el colapso generalizado de las redes cloacales y los absolutamente obsoletos sistemas de tratamiento cloacales de los barrios ciudad; grandes fábricas y emprendimientos comerciales que tiran sus desechos en lagunas de contención o basurales clandestinos; fábricas de producción contaminante radicadas en medio de zonas residenciales; y más de 2.500 grandes generadores de residuos sólidos urbanos que no utilizan sistemas de recolección diferenciales; son apenas algunos de los problemas que enfrentamos.

Esta situación es el resultado de décadas de negociados con especuladores inmobiliarios, industriales y grandes centros comerciales, que dominan la ciudad. Y si bien esta orientación fue impulsada por las anteriores gestiones radicales, encontró un nuevo salto con la aprobación de la Ordenanza 13.131 a principios del 2021, que dicho sea de paso contó con el respaldo de la UCR y Cambiemos.

Bajo la denominación de “Plan para el ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba”, el gobierno de Llaryora cristalizó zonas de sacrificio en la ciudad, con altos niveles de contaminación, conflictividad social y daños en la salud de la población. Hablamos de aquellos barrios periféricos, ubicados principalmente hacia la zona sur de la ciudad, donde se concentran estas problemáticas.

Peronistas y radicales han diseñado una ciudad en donde habitan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Donde los sectores populares y más empobrecidos no sólo son obligados a vivir en la precariedad, sin servicios esenciales, sin acceso a la vivienda digna; sino que se los empuja a vivir asediados por la contaminación, violando uno de los derechos fundamentales, el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Contaminación y negociados, el sello de la gestión

El emblemático caso de las Madres de Ituzaingó, que lucharon durante años contra las fumigaciones que se cobraron la vida de varios vecinos de la zona, al igual que la lucha que llevan adelante las vecinas de la empresa de bioetanol Porta Hermanos, en barrio Inaudi, que se organizan en contra la contaminación de la empresa, son dos casos testigos de una situación que se replica en la ciudad.

En barrio Estación Ferreyra, las y los vecinos hace años denuncian la liberación clandestina de desechos industriales de la empresa La Lácteo, en terrenos baldíos colindantes. Durante 2020, en plena pandemia, esos terrenos habían sido tomados por los vecinos sin vivienda. El gobierno, en lugar de intervenir y sancionar a la empresa por contaminación, y proceder al saneamiento y urbanización para resolver el problema habitacional, actuó como garante de la empresa. Luego de un desalojo violento, procedió a la construcción de un muro tras el cual hoy se ocultan lagunas de contención de desechos contaminantes.

En similar situación se encuentran otras industrias de la zona, como refinerías El Centro, o Frucor. Con la misma impunidad, decenas de conexiones clandestinas de grandes hipermercados y centros comerciales, como así también de emprendimientos inmobiliarios de gran valor, liberan regularmente desechos contaminantes al Río Suquía.

Así las cosas, la publicidad oficial en torno a la regularización de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos no pasa de un montaje. Al día de hoy existen solo 500 grandes generadores registrados, de un total aproximado de 5.000 grandes generadores de residuos sólidos urbanos en la ciudad. El problema es grave teniendo en cuenta que se trata de los pasivos ambientales más graves en la ciudad, con más de 60 basurales a cielo abierto, donde va a parar gran parte de lo producido por esos 4.500 grandes generadores no registrados, mientras que otra parte termina aportando al ya colapsado predio de Piedras Blancas, mediante el uso del sistema de recolección común.

El cuadro se completa con la crítica situación de la red cloacal. El colapso en Alberdi y Villa Páez, el año pasado, puso nuevamente en foco el avance de la especulación inmobiliaria en la ciudad, habilitada mediante convenios urbanísticos gobierno tras gobierno, que lleva al colapso total de las redes sin mantenimiento. La tardía inauguración de la nueva planta de Bajo Grande lejos está de solucionar el problema, en primer lugar, porque no implica un plan serio y abarcativo de conexión y mantenimiento de las redes. En segundo lugar, porque con la planta vieja en desuso no cuenta con la capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales producidos diariamente en la ciudad.

Organicemos la lucha contra la contaminación en la ciudad

Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante hemos denunciado la situación de contaminación en Bº Estación Ferreyra; exigimos la declaración de la emergencia social y sanitaria en Alberdi y Villa Páez; impulsamos proyectos por el mantenimiento de las cloacas en Agelelli y Yapeyú; y acompañamos cada acción de lucha de las y los vecinos.

En esta crítica situación, vamos a exigir la interpelación del secretario de Ambiente de la Municipalidad, como así también de las autoridades del ente BioCórdoba, para que rindan cuentas. A su vez, prepararemos una denuncia contra las autoridades municipales por violación de derechos humanos esenciales.

Con estas herramientas, junto a Tribuna Ambiental y el Polo Obrero, llamamos a lxs vecinxs a impulsar una campaña por una ciudad sin contaminación. Es urgente impulsar la organización de los barrios afectados, para poner un freno a esta política de negociados y contaminación.

Pongamos en pie asambleas populares de todas y todos los vecinos afectados en cada barrio, para debatir la situación, votar un programa y un plan de acción, para reclamar ante la Municipalidad y el gobierno provincial las acciones necesarias para preservar la salud y el derecho a un ambiente sano, en cada barrio.