La nueva traza de la Autovía de Punilla presentada en diciembre del año pasado avanza por el oeste de la Ruta Nacional 38, por lo que ahora su construcción demandará un complejo cruce sobre el río Cosquín para la conexión entre la Variante Costa Azul con la localidad de La Cumbre. En Bialet Massé, la ruta afectaría con expropiaciones a 40 familias, al igual que en otros tramos.

Además, se plantea la construcción de alrededor de 20 puentes para traspasar ocho cuencas hídricas de ríos y arroyos. Un 30% de su recorrido atravesará bosques nativos en zona roja de máxima protección que incluso el año pasado ya fueron afectadas por los incendios. La reactivación del proyecto de autovía confirma la denuncia de que detrás de las quemas estaba el propio gobierno con el objetivo de modificar el uso y destino de los suelos.

El ejecutivo provincial viene actuando en forma totalmente arbitraria e ilegal. Cuando todavía no había concluido la audiencia pública no vinculante que exige la ley 10.208, el Gobierno nacional aprobó por decreto del 4 de mayo pasado un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) al Estado provincial. Ya en diciembre de 2020, la Legislatura había aprobado la ley que habilita la expropiación de terrenos en todo el corredor por el que pasará este trazado.

A la medida del agronegocio, el turismo y la especulación inmobiliaria   

El interés en la realización de esta megaobra no es solo del gobierno provincial. En su ejecución también está fuertemente comprometido el gobierno nacional de Alberto Fernández, que colocó a su representante principal en la provincia, Carlos Caserio, como principal articulador y fomentador de la iniciativa en numerosas reuniones regionales e internacionales.

Como desde el propio gobierno se reconoce la iniciativa forma parte del proyecto Corredor Bioceánico Porto Alegre–Coquimbo. Se trata de algo más ambicioso que simplemente agilizar la ruta 38, cuya meta es concluir una autopista para el flujo rápido de camiones de gran porte, que economizará el costo de flete para el traslado de materias primas y productos provenientes del agronegocio y la megaminería, desde lugares estratégicos de producción y explotación de recursos naturales hacia China y Asia.

No nos encontramos ante un proyecto pensado para Punilla y su progreso, como señaló Medardo Ávila Vázquez de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (La Voz, 3/5). El aval de los ministerios de Agricultura y Minería en reuniones y gestiones preliminares no tuvo en cuenta el impacto económico, social y mucho menos ambiental en la región, su función fue la de respaldar una obra que reducirá costos y facilitará suculentas ganancias para los mismos sectores productivos causantes de la crisis hídrica y ambiental en la provincia.

En ese sentido, el estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno y suscripto por la bióloga Alejandra Toya no prevé el aspecto central relativo al daño en las cuencas hídricas que se verán afectadas por la obra. Cuestión no menor siendo que la traza pasa por una de las zonas más afectadas por los incendios de 2020, los desmontes y su gran impacto en las cuencas hídricas y el ambiente. Ese análisis fue reclamado en el Informe del Imbiv del Conicet y la UNC en el documento de rechazo al proyecto.

Por otro lado, se advierte que la traza por las sierras, recorriendo Punilla de sur a norte, tiene el objetivo de fomentar otro negocio imperdible para el gobierno provincial: el turismo. Como propone Medardo Ávila, un recorrido por zonas llanas desde la circunvalación cordobesa a Jesús María, Deán Funes y de allí a Cruz del Eje, sería menos oneroso y además no afectaría cuencas hídricas en riesgo. Pero ese recorrido no representa una alternativa para el gobierno que está pensando en cerrar un negocio redondo que también contemple a los empresarios del turismo y la especulación inmobiliaria.

A la belleza natural del Valle de Punilla se suma como valor agregado una obra que arrojará accesibilidad y una amplia franja de terrenos de fácil urbanización. Claro está, esto lejos de satisfacer la necesidad de tierra y viviendas populares agravará el encarecimiento del suelo urbano y de los alquileres, y el desborde de un ya colapsado departamento sin infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de las mayorías trabajadoras que habitan la región.

Se trata de una autovía a la medida de un puñado de capitalistas que fugan capitales amasados a base de explotación laboral, el saqueo de los recursos naturales, la depredación ambiental, y múltiples beneficios y exenciones impositivas que les garantizan todos los gobiernos. El aporte de estos sectores a la economía de un país que se hunde en la pobreza, como lo han demostrado años de sojización de la provincia, es nulo. Pero el saldo de esta obra no solo impone mas endeudamiento que pagaremos los trabajadores con más ajuste, también deja un pasivo ambiental irreparable.

Podemos frenar una catástrofe ambiental y social

La pérdida del 97% del bosque nativo, que funciona como una fábrica natural de agua, profundizó la crisis hídrica de la provincia. El bosque no solo sirve para acumular el agua de las precipitaciones ayudando su infiltración, sino que también funciona como un regulador. Su pérdida genera las sequías y también las inundaciones. El desmonte, la expansión de la frontera agroganadera y la especulación inmobiliaria son los grandes causantes del proceso degradación del río Cosquín y el lago San Roque, de los cuales consume agua el 70% de la población de la ciudad de Córdoba.  La construcción de la autovía será letal para el lago San Roque agravando la crisis hídrica.

Por otra parte, la alternativa oficial de construir acueductos para traer agua del Paraná no es una opción válida para frenar la crisis hídrica. Primero porque supone otro endeudamiento cercano a los 900 millones de dólares, y segundo porque no cuestiona los negocios y la matriz productiva depredatoria que nos ha colocado en esta aguda situación. El 80% del agua de la provincia es consumida por la producción agropecuaria y de biocombustibles, ahora pretenden pasarnos la factura de años de depredación.

La polémica por la autovía suscitó un profundo rechazo entre el activismo y las asambleas ambientalistas y de pueblos originarios que están resistiendo los aprietes y la persecución de los gobiernos. En la audiencia pública trucha que convocó el gobierno se dio un hecho contundente: de los cerca de 700 expositores el 90% se opuso firmemente al proyecto; y sin embargo los gobiernos seguirán con sus planes.

La única alternativa viable para frenar un cercano escenario de catástrofe social y ambiental es la movilización popular y el frente único de lucha independiente de los gobiernos contra el régimen de saqueo de los recursos naturales y depredación ambiental. Ganemos las calles contra la autovía de los negociados, poder de veto y decisión a las asambleas ambientales, populares y de pueblos originarios.