La Legislatura de Córdoba ha sancionado la modificación de los dos anexos de la ley de Política Ambiental (10208/14) reforzando los aspectos más regresivos de la normativa vigente. Los artículos modificados constituyen un guiño a los desarrollistas inmobiliarios, a los sectores del agronegocio y de la telefonía, los tres sectores para los que gobierna el PJ en la provincia desde hace más de dos décadas.

La nueva ley exime de obligación de presentar estudios de impacto ambiental y audiencia pública a territorios otrora protegidos, habilitando lisa y llanamente el avance de la especulación inmobiliaria sobre monte nativo, cuencas hídricas y áreas de reserva -anexo I-, y facilitando el agronegocio mediante la instalación de silos y plantas que favorezcan el acopio y la producción de cereales, así como las instalaciones de transmisión o repetición de señales (antenas repetidoras de telefonía y/o comunicación en general) -anexo II.

La política ambiental del PJ provincial se ha colocado a la cabeza de la defensa del agronegocio exportador y del desarrollismo inmobiliario y con ese objetivo desarrolla toda la obra pública provincial, de la cual la autovía de montaña es su actual exponente. Para ello ha favorecido con leyes y exenciones impositivas a los empresarios rurales, ampliando progresivamente la frontera agrícola y diversificando la industria a través del negocio de los biocombustibles.

Facilita con una impresionante y costosísima obra vial las rutas para la exportación de granos, sin reparar en el daño ambiental producido y sin ninguna política de resarcimiento en los territorios. Cuenta con un arsenal de leyes y reglamentaciones ambientales destinada a obstaculizar el acceso a información pública a vecinos y asambleas ambientales y monta audiencias públicas no vinculantes de dudosa credibilidad y flexibilizando los requisitos para llevar a cabo emprendimientos a la medida de estos negocios.

Sus organismos de aplicación y control allanan cualquier obstáculo que pudiera cuestionar la defensa de estos intereses dando curso a la eliminación progresiva de la biodiversidad que ofrece el monte nativo y las cuencas hídricas, al punto de poner en riesgo la propia sustentabilidad provincial. Finalmente, opera mediante una Justicia funcional que actúa criminalizando a todo aquel que se interponga en la consecución de estos objetivos.

Como se advierte se trata de todo el entramado del Estado al servicio de la defensa de los grandes negocios provinciales.

Una modificación a la medida de la represión que se avecina

La modificación aprobada exime de la presentación de estudios de impacto ambiental, ampliando las facilidades para avanzar sobre reserva de bosque nativo, territorios arqueológicamente valiosos o ecológicamente estratégicos. Otorga un manto de impunidad a las obras que actualmente desarrolla el gobierno provincial y que están seriamente cuestionadas, como la autovía de Punilla, la obra de cloacas de sierras chicas (que atraviesa reserva natural).

Su aprobación se realizó a puertas cerradas, sin debate –en un trámite exprés de 15 minutos- a espaldas de un proceso de movilización y organización de lucha contra esta orientación social, expresada en las asambleas ambientales que se organizan contra el ajuste.

La pérdida de derechos adquiridos de vecines y activistas crece a la medida de los convenios extractivistas. Los conflictos en cada territorio no son aislados y tienen una orientación política sin grietas, por tanto merecen una respuesta unificada y de conjunto. Los desalojos y el accionar represivo de la policía como brazo operativo de la Justicia muestra que el gobierno va a profundizar esta política.

Desde Tribuna Ambiental impulsamos la convergencia en una Marcha Provincial en Defensa del Ambiente, contra la depredación ambiental y contra la criminalización de la protesta, que sirva para unificar los sectores que hoy estamos luchando. La fuerza de la movilización es la única capaz de dar por tierra con el avance de estas políticas extractivistas de hambre y saqueo. Ese fue el camino que trazamos contra Monsanto, contra la ley de bosques y es el camino que podemos volver a transitar para derrotar el ajuste que quieren imponernos.