Luego de los anuncios del gobierno nacional sobre la negociación en trámite con China para establecer granjas industriales de producción de carne porcina en el país, se ha desatado un fuerte rechazo en distintos sectores de la juventud y el activismo en general. Sobradas son las razones para este repudio masivo, por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

La polémica  abrió distintos ejes de debate sobre la orientación general del sistema productivo de alimentos. El canciller Felipe Solá, que está a cargo de la negociación del convenio, es quien como ministro de Agricultura del menemismo estuvo a la cabeza de la aprobación de la transgenia y los agrotóxicos, que se convirtieron en los pilares del agronegocio en las últimas dos décadas. En aquel momento afirmaban que el desarrollo de estos cultivos daría una solución al hambre y la pobreza, pero la historia demostró que nada de eso apuntaba a alimentar a la población. El monopolio de los grandes pooles de siembra trajo aparejado el avance del monocultivo y los desmontes, con la consecuente la expulsión de comunidades de sus tierras y desastres ambientales como inundaciones, menor absorción de agua y de gases de efecto invernadero y un sistemático agotamiento del suelo.

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El repudio generalizado tuvo su expresión en las redes sociales. El jueves 23 fue la primera tendencia en Twitter el hashtag #BastaDeFalsasSoluciones, impulsado por distintos sectores ambientalistas contra el acuerdo con china para la producción de carne porcina en granjas industriales.

El debate está sobre la mesa. Este posible convenio refuta a los partidarios del gobierno nacional que alardeaban sobre la soberanía alimentaria. Este es un acuerdo entreguista, que someterá al conjunto de los argentinos a graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas, que en última instancia profundizará la pobreza y aumentará las ganancias de los pulpos capitalistas que lucran con el saqueo de los recursos del país.

En definitiva, lo que está en cuestión es el desarrollo capitalista en el campo. Los planteos acerca de una reforma del “modelo productivo alimentario” para que pase a ser “eco-sustentable” carecen de sentido sin apelar a la transformación de las relaciones sociales de producción rural, como parte de una reorganización de la economía dirigida por un gobierno de trabajadores.