Ambiente

9/8/2021

Crisis hídrica en Chubut: ¿cuánta agua consumen realmente las petroleras y los terratenientes?

Solo con la movilización popular se podrán conquistar las obras hídricas necesarias y además exigir que se blanqueen los volúmenes del consumo de los grandes capitales.

Precandidata a senadora nacional

La crisis hídrica en Chubut y la posibilidad de una grave escasez de agua durante el verano, producto de la falta de lluvias y nevadas durante el invierno por el cambio climático, ha sido el tema que con más fuerza se ha instalado en este principio de la campaña electoral. Algo tan simple y esencial como el agua, por la cual el aguerrido pueblo de Chubut se ha movilizado durante los últimos años, para defenderla del avance megaminero de Arcioni y el gobierno nacional, se coló a la fuerza en la agenda de los partidos del régimen.

Emergencia Hídrica de cartón

La declaración de la Emergencia Hídrica que impulsa el gobierno de Arcioni es cartón pintado. Hablamos de una provincia donde el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, confesó no saber cuánta agua consumen las petroleras, las pesqueras, Aluar y los grandes propietarios de tierras de la actividad agrícola-ganadera. De hecho, ninguno de estos sectores pagan el impuesto correspondiente por el uso comercial del agua. Algo similar sucede con Fondo Ambiental Pesquero (FAP) o el impuesto inmobiliario rural, históricamente resistido por la Sociedad Rural de Chubut.

Pero el de Arcioni no es un gobierno “ciego” que simplemente tiene que “ver mejor” para “controlar más”. Se trata de un gobierno al servicio de estos intereses minoritarios, a los que exime del pago de impuestos y les aprueba leyes a medida, al igual que la falsa oposición del PJ-kirchnerismo y Juntos por el Cambio. El Estado provincial está bien “presente”, pero para garantizar la ganancia de los grandes capitalistas, en este caso, dejándoles el agua gratis.

https://twitter.com/GloriaSaezPO/status/1423276965042262017

El proyecto de Emergencia Hídrica, que será tratado en la legislatura en las próximas sesiones, además de crear un mísero fondo de 500 millones de pesos, busca crear la condiciones legales para restringir aún más el consumo de agua domiciliario individual, sin afectar los intereses de los grandes capitales privados. Como sucede con cualquier crisis, quieren que la falta de agua la paguen las mayorías populares. Mientras, los terratenientes agrícolas y ganaderos, por ejemplo, continuarán con sistemas de riego por inundación, un método que tiene un desperdicio promedio del 84% en todo el país.

Según números oficiales que brindó este año el IPA ante pedidos de informe de la legislatura provincial, el sector agrícola-ganadero de la zona sur de la provincia consume por año 127 millones de metros cúbicos de agua dulce. Vecinos y vecinas de la localidad de Sarmiento, que se organizan en defensa del agua, sostienen que el agua que se desperdicia en la zona por “riego por inundación” es del 30% o más.

Una salida de las y los trabajadores para una crisis histórica

Asistimos a un agravamiento de una crisis de características históricas, con la desaparición literal del Lago Colhué Huapi y el Río Chico hace varios años, o con la falta de agua en Yala Laubat, localidad de la meseta chubutense donde se quieren impulsar los emprendimientos megamineros. En este cuadro, los mismos sectores de la clase política chubutense que intentó impulsar la megaminería y fracasó producto de la enorme movilización popular, fue este viernes 6 de agosto a sacarse fotos al Lago Musters, en Sarmiento, coordinados por la cooperativa SCPL de Comodoro Rivadavia, para plantear como salida a la falta de agua en el verano el alquiler de más bombas extractoras de agua, colocadas a mayor profundidad, con un costo de 80.000 dólares cada una. De realizar importantes inversiones para llevar adelante las obras hídricas necesarias o de exigir que se revele cuánta agua consumen realmente los capitales privados no dijeron ni una palabra. Porque una política en función de las necesidades populares es opuesta a la defensa de los intereses de las petroleras y los grandes terratenientes.

Es necesaria otra política. En vez honrar las deudas con el FMI y los usureros internacionales, el gobierno nacional debe destinar partidas presupuestarias extraordinarias para finalizar la obra del azud de Lago Fontana, mil veces anunciada y nunca finalizada. Es necesario que las petroleras de Santa Cruz no tomen más agua del “codo” del Río Senguer para uso industrial; la petrolera Panamerican Energy no puede tener acuerdos secretos en la provisión de agua que le brinda la SCPL de Comodoro Rivadavia. Debe terminarse con los miles de canales clandestinos que trazan los terratenientes para desviar agua de los ríos y aplicar su ineficiente riego “por inundación”, que abarata costos pero desperdicia gran parte del agua.

Es necesaria la apertura de los libros contables de las petroleras y los grandes terratenientes para conocer cuánta agua consumen y cuáles son sus costos. Por último, la construcción del acueducto del Lago Buenos Aires a Caleta Olivia y la zona norte de Santa Cruz, aliviaría a Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, y por ende al Lago Musters, que según datos oficiales de la SCPL ha perdido 19 cm durante el 2018, 25 cm en 2020 y se estiman 50 cm durante este 2021

Esta programa de planificación y defensa de las necesidades de las mayorías sólo se puede imponer con la movilización popular, camino que marcó Caleta Olivia con una pueblada a principios del 2021, ante la falta de agua. Las bancas del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad en el Congreso nacional estarán al servicio de esta orientación de lucha.