Después de casi tres años y medio, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú levantó el corte del puente que une esa ciudad con Fray Bentos y disparó la euforia de los gobiernos de Uruguay y Argentina. Para llegar a este punto, los asambleístas fueron llevados a una deliberación con el revólver en la cabeza, lo que incluyó una acusación del propio Estado actuando como querellante contra los dirigentes del corte por 18 delitos penales, apelando a una ley de la dictadura de Onganía. Algunos consideraron la acusación como un antecedente que puede ser usado contra todos los piquetes (La Nación, 17/6).

El operativo político que llevó a este desenlace inició su cuenta regresiva luego de la movilización de 20.000 manifestantes en el puente binacional en abril de 2010, la más importante que se recuerde, contra el fallo de La Haya a favor de los contaminadores. Un mes después, K fue elegido presidente de la Unasur, una candidatura impuesta por Lula y basada en una enorme agenda de negocios capitalistas que obtuvo el voto clave, hasta ese momento negado, de Uruguay. Esa agenda incluye a la industria del papel, en ensamble con el monocultivo masivo de eucaliptos a uno y otro lado del río Uruguay.

El monitoreo

Cuando se planteó, de parte del gobierno y de un ala de la Asamblea Ambiental, el control de la contaminación al interior de la planta, el rechazo oficial de Uruguay fue tajante. Horas antes de la asamblea que debía definir por sí o por no la continuidad del corte, un alambicado texto no oficial de Mujica pareció dar un guiño al monitoreo interno. Pero después de la asamblea que levantó el corte, la ministra oriental de Vivienda y Medio Ambiente señaló que el único monitoreo planteado es “en el río, que es lo que le compete a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)” (www.cronista.com, 22/6). La negativa al monitoreo de la planta se mantenía incólume.

El mismo objetivo engañoso persigue el planteo de Mujica de sumar al “monitoreo” a Brasil; o sea, a concentrar el control sobre el río y no sobre Botnia. La dilución de responsabilidades a un lado y otro de la frontera es un objetivo buscado más allá de la empresa finlandesa.

El movimiento de lucha está en pie

La aceptación de la moción por abandonar la ruta fue ajustada, se dio luego de dos votaciones a mano alzada que expresaron una relativa paridad. En el voto por el abandono del corte pesaron la ofensiva judicial, la intimidación, la cooptación de un puñado de vecinos que se presentaron como denunciantes de la Asamblea y el frente único entre el gobierno y casi el conjunto de la oposición política patronal contra los luchadores de Entre Ríos. El diputado “socialista” de Entre Ríos, Lisandro Viale, con el respaldo del GEN de Margarita Stolbizer, solicitó al gobierno que Brasil sea incluido en la Caru, en la línea de Mujica de diluir las responsabilidades de Botnia.

La asamblea mostró, contra el deseo de los gobiernos, a un movimiento vital. Lo reflejó el intendente de Río Negro (al que pertenece Fray Bentos): “Tras la querella contra los asambleístas, pensé que el gobierno argentino había tomado a su cargo el tema… cuando la asamblea resuelve un levantamiento del corte que no es tal, porque es transitorio y van al costado de la ruta, me di cuenta que la que sigue resolviendo es la asamblea” (univisión.com, 17/6). Lo que está planteado es una campaña de defensa de Gualeguaychú, para preparar y resolver un plan de lucha que quiebre el operativo continental a favor de la depredación ambiental.