Un nuevo derrame se produjo en un pozo petrolero en Allen, provincia de Río Negro. Vecinos cercanos al pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro fueron alertados por un fuerte ruido. Según informó la petrolera YPF, se produjo una fuga de gas y fluidos de perforación. Fruticultores de zonas cercanas siguen los acontecimientos con preocupación, a pesar de que YPF, en un nuevo comunicado, informara que el derrame estaba bajo control. ¿Bajo control?

El fracking, hidrofractura, o extracción no convencional, consiste en romper las rocas que contienen petróleo mediante la inyección -a grandes presiones- de agua y elementos químicos en los pozos. Los riesgos de esta técnica son gravísimos, van desde un sismo hasta la contaminación de los acuíferos con hidrocarburos y fuga de gases contaminantes, esto sin contar los miles de millones de litros de agua empleados en su uso.

Este accidente no es nuevo, sino que es otro eslabón de una larga cadena. Según el informe del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental y la Asamblea Permanente del Comahue por el agua, Allen registra accidentes relacionados con el fracking en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. El 19 de octubre, en la formación petrolera Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al menos 80 hectáreas fueron afectadas por un derrame, otro accidente en la lista de los más de tres mil reconocidos por YPF-Chevron. La multinacional, además, cuenta en su prontuario con el mayor estrago medioambiental petrolero de la historia, que afectó casi 500 mil hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Ejemplos similares a estos llevaron a que el fracking se prohibiera en 15 países.

Sin embargo, en materia medio ambiental, también el Estado es responsable. No solo se garantizan las ganancias de las multinacionales a través de pactos secretos (acuerdo YPF-Chevron), sino que desde los organismos del Estado se escamotea o directamente se oculta la información. En Río Negro la putrefacción no podría ser más evidente: la secretaria de Medio Ambiente Dina Migani fue, a la vez, propietaria de Quinpe SRL, una empresa dedicada al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de gas y petróleo. En la misma línea, ni la intendenta de Allen ni el gobernador Alberto Weretilneck han mostrado alguna preocupación al respecto.

La acumulación de riqueza en un polo, en el polo contrario representa acumulación de enfermedades, miseria y tormentos: en Allen los casos de leucemia son cuatro veces más de lo estadísticamente esperable. Según diversos estudios, el fracking está asociado a enfermedades cutáneas y respiratorias (por exposición a sustancias muy tóxicas), también al aumento exponencial en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer (se han registrado embarazos prematuros en zonas de perforación) y problemas congénitos del corazón (ver, por ejemplo, Río Negro, 28/10/16). El aspecto económico no le va a la zaga: el fracking tiene un impacto directo sobre la fruticultura. La producción de peras y manzanas, principal actividad del Valle del Río Negro, se ve gravemente afectada por los derrames y la contaminación del agua y el aire, más aún en un contexto de primarización de la economía. El ataque a los pueblos originarios y la desaparición y asesinato de luchadores como Santiago Maldonado también son las consecuencias del acaparamiento y la angurria de las multinacionales.

Denunciamos y cargamos en las cuentas de los Macri y Weretilneck estos perjuicios a la población, pero también a la de CFK, que fue quién habilitó la utilización de la hidrofractura en nuestro país cuando YPF pactó con Chevron. En lo que a daño ambiental se refiere, los gobiernos abiertamente derechistas no se distinguen en nada de los auto titulados ‘nacionales y populares’.

Es evidente que los perjudicados, mayormente la clase trabajadora, deben tomar este grave asunto en sus manos. Es necesario desenvolver la lucha por la prohibición de la actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano de los municipios del Alto Valle rionegrino y en todo el corredor frutícola. La producción hidrocarburífera y energética sólo dejará de ser un factor de depredación del medio ambiente cuando pase a estar bajo el control de sus propios trabajadores y de las asambleas ambientalistas y comités científicos.