Tras la crisis del oficialismo del Frente de Todos, luego de la derrota en las elecciones primarias de septiembre de 2021, Julián Domínguez llega al Ministerio de Agricultura con el objetivo de recomponer los lazos con las grandes patronales del agro. Recientemente, los nombramientos de nuevos funcionarios en la mencionada cartera apuntan a reforzar aún más la perspectiva del agronegocio.

En este sentido, se publicaron dos decretos del presidente Alberto Fernández designando a los dos flamantes secretarios, que el ministro Domínguez había propuesto hace casi un mes. Estos son Matías Lestani, que fue asesor de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), quien será el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; por su parte, Luis Contigiani, exdiputado del Partido Socialista y exministro de la Producción de Santa Fé, se hará cargo de Bioeconomía y Alimentos.

La frutilla del postre, aunque todavía faltan completar cargos en otros organismos importantes, es la designación de Obdulio San Martín para el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Obdulio fue, hasta fines del 2020, director del Cono Sur del Grupo Don Mario (GDM), “la principal multinacional agrícola de origen argentino” (Bichos de Campo 2/2). GDM es una empresa que desarrolla genética de soja y otros cultivos desde hace casi 40 años, y que ahora tiene presencia en casi todos los países que producen soja del mundo, incluyendo China. Es líder en Argentina, pero también en Brasil y ha comenzado a pisar fuerte también en los Estados Unidos.

El lobby por una nueva ley de semillas

En medio del frente de tormenta que implicó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos pagos de vencimientos el gobierno apela en gran parte a los dólares que genere el complejo agroexportador, la cuestión de las semillas se ha convertido en crucial en función de la búsqueda del mejoramiento de los rindes y la productividad para incrementar las toneladas a vender en el mercado mundial.

Según comenta el portal “Bichos de Campo” (2/2), en charlas informales con amigos, Obdulio San Martín reconoció que mantuvo varias conversaciones con el ministro Domínguez y confesó que aceptó el cargo con la idea de avanzar, de una vez por todas, con una demanda histórica de los obtentores y multiplicadores de semillas, tanto nacionales como extranjeros: contar con una nueva Ley de Semillas actualizada que proteja los derechos de quienes investigan nuevas tecnologías y lanzan novedosos híbridos. Este es el gran pendiente de la política pública con el sector: la Ley de Semillas vigente data de 1972, cuando ni siquiera se pensaba en la posibilidad de que existiesen cultivos genéticamente modificados. O sea, el enunciado de un programa para la colonización total del capital agrario y financiero en el sector.

 

Estas intenciones se chocan con la ruina de los suelos y el antecedente fracasado del trigo transgénico HB4, aprobado por Argentina y Brasil. Por ejemplo, según los resultados del propio Ministerio de Agricultura “su rendimiento es muy bajo en comparación al trigo convencional” (Extremo Sur 23/1) y el propio Obdulio reconoce en una entrevista de hace unos dos años la responsabilidad de las pooles de siembra por el desastre de los suelos, a través de la falta de rotación y del monocultivo. La desenfrenada vocación por la “productividad” encuentra un límite con las sequías, la bajante y desaparición de cursos de agua cuyas causas se encuentran en los desmontes, incendios y el envenenamiento de la tierra con agrotóxicos generados para expandir la frontera agropecuaria.

La denuncia, lucha y movilización permanente de las asambleas en defensa del ambiente, que ponen en evidencia estas calamidades, debe avanzar en una salida política de fondo que plantee la nacionalización de las tierras y del comercio exterior para una producción agraria en equilibrio con la naturaleza y que asegure la alimentación a las mayorías trabajadoras.

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