El lunes 28 de septiembre más de 300 arquitectas enviaron una carta a la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, Victoria Inés Roldán Méndez (PRO), expresando su preocupación por la cesión de tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente, la carta hace énfasis en 32 hectáreas sobre la ribera del Río de la Plata próximas a ser vendidas y/o concesionadas. Las mismas forman parte del nuevo “Distrito Joven” de la Ciudad y abarcan lo que hoy se conoce como Costa Salguero y Punta Carrasco.

Buenos Aires y el río, una desconexión progresiva

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una íntima conexión con el Río de la Plata. Desde su implicancia en el desarrollo económico hasta sus efectos sobre la traza y el paisaje urbano, el río ha sido, a lo largo de cuatro siglos, el recurso ambiental, paisajístico y productivo más valioso de la historia de la Capital Federal.

Sin embargo, el avance compulsivo sobre las aguas desde mediados del siglo XX tuvo como consecuencia el alejamiento de las costas respecto de la costanera original y la privación de estos nuevos territorios para lxs trabajadorxs de la Ciudad. Hoy en día la inaccesibilidad es absoluta y esta vino de la mano de la privatización de los terrenos, la transformación del río en un contenedor de escombros y la contaminación creciente.

Los ’90 y la rifa de Costanera Norte

Si analizamos particularmente la Costanera Norte no podemos obviar que durante finales de los ’80, y a lo largo de la última década del siglo XX, la privatización avanzó a pasos agigantados. El “Polo Gastronómico” al norte de aeroparque, donde hoy se encuentran restaurantes y boliches exclusivos, “Tierra Santa”, Costa Salguero y Punta Carrasco son algunos de los productos de los inmensos negociados que se hicieron a costa de cualquier tipo de necesidad de la población en los ‘90. Pero enfoquémonos sobre los predios a los que se refiere la carta del Colectivo de Arquitectas.

Punta Carrasco comprende casi 12 hectáreas. Fue concesionado en 1988 por un plazo de 19 años y 6 meses y, en 2008, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, se prorrogó en dos ocasiones la concesión -vía decreto-  hasta fines de 2016. Solo a modo de ejemplo, para visualizar el grado del negocio del que hablamos, destacamos que en esos años se pagaban, mensualmente, casi cinco pesos por metro cuadrado de superficie, un canon irrisorio.

Costa Salguero, por otra parte, es un predio de 18,5 hectáreas concesionado por 30 años en 1991. En materia de cánones la situación en 2016 era incluso peor que la de Punta Carrasco. De Costa Salguero el Gobierno de la Ciudad percibía $1,5 mensuales por metro cuadrado. Sí, un peso con cincuenta centavos: cien veces menos de lo que establecía el valor de mercado. Uno de los subconcesionarios del terreno es la empresa Centro Costa Salguero SA, que explota los cinco pabellones del lugar (donde se realizó la trágica Time Warp), y cuyo dueño es el esposo de Carmen Polledo -diputada del PRO y, al momento de la tragedia, vicepresidenta primera de la Legislatura. Los negocios se quedan en familia.

Los 2000: una década de entregas y reprivatización

Durante la gestión de Aníbal Ibarra, mientras continuaban estas concesiones, tuvieron lugar otras avanzadas privatistas. En las referidas a las zonas lindantes al río, se puede mencionar la creación de la Corporación Puerto Madero, en la que el Estado porteño tenía una amplia participación pero cuyo presupuesto se manejaba por fuera del Presupuesto, y la cesión a la misma de amplios terrenos en beneficio de los especuladores inmobiliarios de la zona. También la revalidación en 2004 del Aeroparque en tierras de dominio público, pese a que años antes se había establecido en la Legislatura que el mismo sería desalojado para montar allí un parque público.

El desembarco del macrismo en la Capital Federal implicó la profundización de la entrega de tierras, siempre con el aval en la Legislatura de distintos sectores del kirchnerismo y el radicalismo. En los últimos 13 años se privatizaron más de 500 hectáreas, entre ventas y concesiones, incluidos los terrenos que quiere defender el Colectivo en su carta.

En 2018 se aprobó, con el voto negativo de la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura, la ley 5.961 que creaba el “Distrito Joven”, un territorio que abarca desde una parte de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte hasta Costa Salguero. La ley también autorizaba al Poder Ejecutivo el otorgamiento en concesión, el uso y explotación de los espacios de dominio público por diez años.

Finalmente, a finales del año pasado, en una sesión escandalosa, se votó una nueva ley que autorizó la disposición (es decir la posibilidad de venta) de los inmuebles correspondientes a Costa Salguero y Punta Carrasco junto a otros 100 inmuebles pertenecientes a la Ciudad.

El proyecto, la opulencia y la perspectiva de les trabajadores

El proyecto ganador del concurso para la construcción de esta parte del Distrito Joven prevé la creación de un nuevo Puerto Madero en lo que hoy es un terreno público. Se permiten construcciones de hasta 30 metros de altura con fines comerciales, recreativos y de vivienda. Es decir, hotelería y viviendas de lujo que abonan a una mayor especulación inmobiliaria y una ciudad más “opulenta” para un sector cada vez más ínfimo de la misma.

La contracara de esto es la realidad de les trabajadorxs de la ciudad que se expresa, en mayor contraste, a 900 metros de Costa Salguero, en la Villa 31 Bis. Hoy, más de un millón de porteñes (33,6% de la población de CABA) se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y dentro de ese porcentaje, casi el 16% de lxs trabajadorxs se encuentra bajo la línea de la indigencia, es decir que no alcanzan siquiera el valor de la canasta básica de alimentos.

La realidad porteña, que es solo una muestra de una pobreza creciente y una pauperización de las condiciones de vida del conjunto del proletariado nacional, se verá agravada por el plan de ajuste del gobierno de Alberto Fernández y el FMI. La profundización de la crisis capitalista, las paritarias a la baja, la devaluación y los despidos se traducirán concretamente en una mayor expulsión de trabajadorxs de la Ciudad por la imposibilidad de pagar alquileres exorbitantes.

Rechazaremos siempre la venta de terrenos públicos, desde ya, y por eso suscribimos a la carta. Pero sumamos que, para cambiar la perspectiva de la ciudad -que hoy le da la espalda al río y a sus trabajadores-, garantizar el derecho a la vivienda, al medio ambiente, a poder gozar en plenitud de la Ciudad y su ribera, se requiere de la intervención de las vecinas y los vecinos, de la conjunción de la lucha de trabajadorxs ocupades y desocupades para que la crisis la paguen los capitalistas, para que se terminen sus negociados en la ciudad a costa de nuestros derechos básicos y, en definitiva, para terminar con la organización social vigente, en pos de desarrollar una en la que la planificación urbana esté al servicio de las necesidades de les trabajadorxs.

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