La discusión a nivel internacional sobre la necesidad de la Educación Ambiental (EA) surgió por primera vez en 1972 durante la Conferencia de la ONU en Estocolmo.  En Argentina, el derecho a recibir EA toma rango constitucional (art. 41) en el año 1994. También hace su aparición en leyes y normativas provinciales y nacionales como la ley Federal de Educación (1993), los Contenidos Básicos Comunes (1995) y en la ley Nacional de Educación (2006) con un planteo de transversalidad para todos los niveles, modalidades y espacios curriculares. Sin embargo, el ajuste aplicado por los distintos gobiernos en la educación pública se traduce en ausencia de presupuesto, material didáctico y capacitación, todo lo cual implica que la tarea de implementar la EA en las aulas se descarga, una vez más, exclusivamente sobre las espaldas de la docencia.

 

Una orientación política

 

La inserción en el currículum de la EA nos llega de la mano de una orientación, un enfoque y objetivos que apuntan a “socializar” las responsabilidades y generar en los estudiantes micro iniciativas individuales para solucionar la crisis ambiental. Plagado de términos como “ejercicio de la ciudadanía”, “valores y solidaridad”, “moral y ética”, el marco teórico de implementación se sirve de un relato en el cual la humanidad de conjunto es causante de los problemas ambientales. Una visión que apunta a “concientizar y sensibilizar” mientras equipara la acción de un individuo con los estragos que causan actividades como la megaminería o el fracking.

 

Esto responde a una orientación política muy clara. Todos los bloques políticos impulsores de este enfoque para la EA han actuado como lobbistas de la megaminería, el fracking, el desmonte y el monocultivo sojero. El propio ministro de Ciencia y Tecnología bajo los gobiernos de CFK y Macri, Lino Barañao, ha sido un férreo defensor del uso del glifosato. La reciente victoria del pueblo mendocino en defensa de la 7722 puso en evidencia a peronistas y macristas como impulsores de la megaminería contaminante. Los funcionarios que desde el Congreso y los ministerios pregonan el “desarrollo sustentable” y discuten un  Proyecto de Ley Nacional de Educación Ambiental con un discurso de  demagogia ambientalista, trazan acuerdos a la medida del FMI con los principales depredadores de la naturaleza como Chevron o la Barrick Gold. Una total impostura.

 

Por una EA para la lucha contra la destrucción capitalista del planeta

 

Los incendios catastróficos en Amazonas y Australia y el reciente fracaso de la cumbre de la ONU realizada en Madrid han llevado a que las masivas movilizaciones y huelgas internacionales contra el cambio climático avancen en la comprensión de que el principal causante de la crisis ambiental es el propio régimen capitalista. La consigna “el capitalismo destruye al planeta, destruyamos al capitalismo” toma cada vez mayor vigor y en este sentido la conciencia de este movimiento se encuentra muy por delante de la Educación Ambiental que pretenden imponernos desde el gobierno.

 

En un cuadro de crisis y declinación histórica, el capitalismo recrudece los mecanismos de explotación hacia los trabajadores y la naturaleza. Por lo tanto, lo que está verdaderamente en cuestión es una matriz productiva que, con el aval del Estado y los sucesivos gobiernos, garantiza la acumulación privada y la rentabilidad de las empresas destruyendo el ambiente y las condiciones de vida de la clase trabajadora.

 

Es por ello que necesitamos una EA que lejos de “romantizar”, desdibujar las responsabilidades o mostrar solo las consecuencias, arroje luz sobre las bases sociales y económicas de la crisis ambiental. Que demuestre, a partir de un método científico, que la defensa del ambiente es incompatible con el sostenimiento del régimen capitalista. La lucha por una transformación social de raíz en manos de la juventud y la clase trabajadora es el único camino para defender nuestro planeta.