El próximo lunes 24 de octubre activistas ambientales de diferentes territorios de Córdoba llegan a Buenos Aires para montar un festival en las puertas de la Corte Suprema de la Nación. En un contexto provincial que no difiere del panorama nacional, de desmontes e incendios, de avanzada a contrarreloj en la construcción de las autovías sin licencia social ni ambiental, de incremento de sequía, de proliferación de una falsa economía circular con centros de acopio y transferencia de residuos a doquier, de criminalización de la lucha e imputaciones y detenciones a quienes luchan por sus territorios, se ha resuelto el objetivo de nacionalizar la lucha que ya lleva 10 años del “Fuera Porta de mi barrio”.

En la provincia se agotaron todas las vías legales de respuesta ante la demanda de los afectados de manera directa e indirecta. Cabe recordar que Vudas (Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano) denunció la contaminación puntual de la fábrica Porta Hnos. instalada en la entrada del barrio residencial preexistente en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Resulta que, sin habilitación del Ministerio de Energía de la Nación ni informe de impacto ambiental, tampoco la audiencia pública que se requiere por ley de ambiente, la firma en cuestión comenzó en el año 2012 a producir bioetanol. Así de licores, vinagres y envasado de alcohol –los empleados están agremiados al sector vitivinícola- toda la nueva cadena de producción de combustible a base de maíz transgénico fermentado alteró significativamente, de manera negativa, la vida de San Antonio e Inaudi, dada la proximidad estrecha con la planta. Conjuntivitis crónica, problemas respiratorios, genotoxicidad certificada en un muestreo en menores, abortos espontáneos, son algunos de los cuadros sanitarios con los que empezaron a convivir los vecinos.

En su historial de lucha comenzaron a reunirse por un ambiente seguro dada la peligrosidad que significó una explosión en la planta fabril en aquellos años. Luego, se consolidó una asamblea bajo la idea de defender un ambiente sano, al comprender que el problema no puede quedar circunscripto a unas cuadras en un mapa. Su demanda de atención al caso ha buscado respuesta en todos los gobiernos: municipal, provincial y nacional. La justicia provincial, con el fiscal José Mana, archivó la causa.

Luego llegaron a instancias de audiencia en la justicia federal con un pedido de amparo ambiental y la exigencia de erradicación de la planta sin afectar los puestos de trabajo, la remediación del ambiente y la reparación para los afectados por la contaminación. Después de tres años de cajoneo, lo que agravó el cuadro sanitario del barrio, y un altísimo costo para acceder a la justicia, con la lucha se logró que el juez Vaca Narvaja en diciembre de 2019 le dictara a Porta un plazo de 90 días para “adecuarse”. El fallo no abordó la contaminación ambiental provocada por la fábrica, aspecto incluído en la demanda, sino solo si cumple con las autorizaciones para su funcionamiento y para las actividades que realiza según las leyes vigentes, negando el pedido de la comunidad de cesar la producción de la planta. La pandemia y el encierro propiciaron el aumento de la nube tóxica.

La necesidad urgente de modificar este modelo extractivista, teje una trama de luchas que hace frente a los desmontes (físicos, químicos o ígneos) y al cambio de uso de suelos para aumentar el monocultivo de transgénicos con paquete biotecnológico incluído. La industrialización del campo y el fomento estatal de los biocombustibles como energía sustentable redundan en pérdida neta de agua y contaminación de hábitat y alimentos. Además, mientras la consecuente sequía avanza en la región, se suma el problema del negocio de la especulación inmobiliaria y la explotación minera que vuela sierras y montañas para sumar más cemento sobrevaluado en la obra pública puesta al servicio del propio extractivismo. Así las emblemáticas autovías de Punilla y Paravachasca dan muestras de un grado de corrupción obscena. No son para agilizar la transitabilidad de usuarios diarios y turistas como anuncian el gobernador Juan Schiaretti e intendentes, son para viabilizar el saqueo.

Preparemos una acción de lucha nacional

El reforzamiento del aparato represivo en la construcción de las autovías, con expropiaciones y desalojos violentos, más la criminalización de la protesta e imputaciones exprés propició una acción conjunta de activistas ambientales en el Palacio de Justicia de Córdoba a fines de julio. Con ese mismo impulso, este colectivo con defensores ambientales de distintos espacios asamblearios y organizaciones llega a Buenos Aires con el Fuera Porta a la cabeza.

Es en este cuadro sin grietas, de corrupción de gobiernos y empresarios; de cajoneo de proyectos de leyes proteccionistas; de usurpación de territorios y cuerpos; de prácticas extractivistas contaminantes como viene sucediendo y se proyecta con la minería del litio en el Noroeste o las off shore en la costa argentina, que exigimos la libertad de las presas políticas mapuches, la ley de humedales ya, basta de criminalizar la lucha e imputar defensores ambientales para generar ganancias a la medida del capital financiero. Fuera el FMI, la deuda es con nosotres.

Desde Tribuna Ambiental participamos de esta iniciativa de nacionalizar el conflicto y proponemos que durante la jornada del lunes se debata en asamblea con les presentes reforzar y dar continuidad a esta lucha en la acción del 4 de noviembre, fecha votada en reunión nacional del Basta de Falsas Soluciones para poner en pie el próximo “Atlanticazo”. La lucha por un ambiente sano es una sola lucha y tendrá salida bajo las banderas del socialismo.

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