El domingo 24 por la tarde comenzó un importante incendio en la Cuesta del Ternero, en el cruce de la ruta nacional 40 con la ruta provincial 6, a 18 kilómetros de El Bolsón. El incendio lleva arrasadas 10.000 hectáreas y hasta el momento no pudo ser controlado pese al trabajo de más de 100 brigadistas. A metros se halla el barrio El Mirador, en el cual residen 86 familias, muchas de las cuales tuvieron que ser desalojadas.

Si bien el incendio habría sido ocasionado de forma accidental, evidencia la falta de recursos para la prevención y el combate de los siniestros. Hace más de tres días que los brigadistas del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) combaten el incendio sin poder contenerlo, incluso con la ayuda de sus pares de Chubut. Lejos de ser un hecho aislado, en el paraje Los Repollos, a 4 km del lugar, diez días atrás un incendio afectó a más de 100 hectáreas de bosque. Allí vive una importante cantidad de familias linderas a la Reserva Natural de igual nombre, creada en 1941. Cada nuevo incendio es evidencia del privilegio a los intereses del capital en torno a la especulación inmobiliaria y la desprotección de los ecosistemas.

Desidia estatal en la prevención y combate de incendios

La lucha contra grandes incendios requiere una coordinación federal, ya que puede involucrar a varias jurisdicciones. Por tal motivo, desde 1996 existe el Plan Nacional del Manejo del Fuego a raíz del importante incendio ocurrido en el cerro Catedral en Bariloche, que duró más de 25 días. La entonces secretaria de Ambiente de Nación, la menemista María Julia Alsogaray –recordada por su incumplida promesa de “limpiar el Riachuelo en 1.000 días” y las incontables denuncias de corrupción- se vio obligada a crear este plan ante el rechazo generalizado que provocaron los sucesivos incendios intencionales de aquellos años, ligados a la especulación inmobiliaria.

A principios de 2013, el Plan Nacional de Manejo del Fuego cambió su nombre por el de Sistema Federal del Manejo del Fuego (SFMF). Un año antes Cristina Fernández anunciaba la compra de 26 aviones hidrantes para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo de aplicación del SFMF. Sin embargo, esta compra nunca se concretó y los viejos aviones hidrantes fueron reemplazados por aviones alquilados de limitada capacidad de carga. Con el cambio de gobierno en 2015, la problemática ambiental siguió siendo utilizada como slogan de campaña. Si bien la Secretaría de Ambiente subió al rango de Ministerio, para luego volver a ser una Secretaría, continuó el desfinanciamiento. Todavía es recordada la frase del entonces ministro Sergio Bergman sobre la prevención y combate de incendios forestales: “Para el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar”.

Ante este panorama, no debe sorprender que en los últimos años se hayan producido algunos de los más importantes incendios registrados en el territorio, el 95% de los cuales son intencionales. Sólo por mencionar algunos, en 2015 el fuego arrasó 41.000 hectáreas de bosque nativo en la zona de Cholila, provincia de Chubut; en 2020, los incendios en el centro y norte del país arrasaron con casi 900.000 hectáreas, mientras los gobiernos nacional y provinciales hacían la vista gorda, favoreciendo así la destrucción de ambientes protegidos que quedan “habilitados”, al perder su flora nativa, para ser utilizados en monocultivos intensivos para la explotación capitalista.

Las leyes de desprotección ambiental al servicio del capital

El Congreso Nacional sancionó en 2007 la “Ley de Bosques” (26.331/07), reglamentada en 2009, para prevenir los desmontes. Allí se asignaba una partida anual de mil millones de dólares, “para resarcir a las provincias y a los productores por la protección del bosque y financiar programas de desarrollo sustentable” que no se cumple. El ordenamiento territorial -que implica la clasificación de áreas como de alto, medio o bajo valor de conservación y en función de eso el uso de la tierra habilitado- estuvo a cargo de organismos provinciales. La crisis histórica de financiamiento que atraviesan las provincias en general lleva a los gobiernos de turno a la entrega de los recursos naturales al mejor postor. El ejemplo más evidente es la entrega que propicia el gobierno de Arcioni en la quebrada provincia de Chubut para el avance de la megaminería contaminante, a pesar del histórico rechazo de la población. Así es cómo la Ley de Bosques no pudo frenar los desmontes ni la expansión de la frontera agrícola.

En los últimos años, la lucha por la sanción de una ley que proteja los humedales (ambientes naturales que almacenan enormes cantidades de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, entre otros) ha cobrado muchísima relevancia ante las quemas intencionales que afectaron a 22 provincias y generaron una importante movilización de la población. A pesar de haberse presentado 14 proyectos de ley en este sentido, el gobierno sacó el tema de la agenda de sesiones extraordinarias, quitándole importancia y demorando su tratamiento, lo que podría ocasionar que pierda estado parlamentario.

La defensa de los recursos naturales y el ambiente está en nuestras manos

No es casualidad que las leyes sancionadas en materia ambiental no logren su cometido, ya que están hechas a la medida del capital. No son el paso inicial hacia el cuidado del ambiente, como demagógicamente se intenta mostrar, sino una barrera de contención para la población. Los partidos del régimen se suceden sosteniendo una política de saqueo de recursos naturales en favor de intereses capitalistas, ya sean extranjeros o nacionales. Mientras tanto, sobra evidencia científica respecto a la urgencia de transformar los usos de la tierra para sostener la vida en el planeta, ya no para la posteridad, sino para nosotros mismos.

Necesitamos una intervención enérgica de las y los trabajadores en defensa del ambiente y los recursos naturales. Proteger nuestros bosques de incendios y desmontes requiere un fuerte financiamiento estatal para su cuidado y resguardo, y debe a su vez prohibir cualquier tipo de actividad inmobiliaria o agropecuaria en las zonas afectadas, promoviendo la restauración de los ambientes naturales en contraposición a su reclasificación en el ordenamiento territorial. Este programa debe ser financiado mediante el no pago de la deuda externa y el proyecto del Frente de Izquierda de impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.

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