Un jurado californiano falló días atrás contra Monsanto, obligando al gigante agroquímico a indemnizar por 289 millones de dólares al jardinero escolar Dewayne Johnson, víctima de un cáncer terminal por su exposición laboral a productos de la empresa (Roundup y ranger Pro) que contenían glifosato, y cuyos riesgos no estaban informados.

Tras el fallo, las acciones de la megacorporación alemana Bayer –que había adquirido Monsanto en 2016, constituyendo el mayor oligopolio del área- se desplomaron más de un 13% (echando leña a una bolsa europea ya sacudida por la crisis turca).

Sucede que la de Johnson “fue la primera demanda en ir a juicio alegando que Roundup y otros herbicidas a base de glifosato causan cáncer. Monsanto (…) enfrenta más de 5.000 demandas similares en todo Estados Unidos” (Reuters, 10/8). Un analista estimó que “la factura podría fácilmente alcanzar 10.000 millones de dólares’ incluyendo posibles acuerdos extrajudiciales con una gran cantidad de solicitantes” (Infobae, 13/8).

Al asunto del glifosato se suman, entre otras, las múltiples denuncias en Estados Unidos relativas al químico dicamba, tanto por daños a cultivos como por las archiconocidas prácticas monopólicas de la empresa: los campesinos señalan que, ante la dispersión del dicamba, se ven obligados a utilizar las semillas resistentes al producto, fabricadas por Monsanto.

La adquisición de Monsanto por Bayer en 2016, por un monto de 62 mil millones y medio de dólares, fue parte de la concentración en el área que siguió a la explosión de la burbuja sobre las materias primas de 2002-2008. Actualmente, Monsanto-Bayer es uno de los mayores oligopolios del mercado, y junto a sus competidoras Corteva Agriscience y ChemChina controlan actualmente el 60% del mercado mundial de semillas y agrotóxicos.

“Ciencia”

Monsanto anunció que apelará la sentencia y se hizo eco de varias agencias que habían señalado que el glifosato no era contaminante. Pero en el propio juicio fueron expuestos –y así considerados por el jurado- numerosos documentos que prueban el lobby de la empresa para influenciar en los informes de los evaluadores que los favorecieron, incluidos los tratos con funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana.

“El veredicto del jurado encontró no solo que el Roundup de Monsanto y las marcas relacionadas con glifosato presentaban un peligro sustancial para las personas que los usaban, sino que había "evidencia clara y convincente" de que los funcionarios de Monsanto actuaron con "malicia u opresión" al no advertir adecuadamente los riesgos. El testimonio y la evidencia presentados en el juicio demostraron que los signos de advertencia observados en la investigación científica datan de principios de los años ochenta y que solo han aumentado a lo largo de las décadas. Pero con cada nuevo estudio que muestra daños, Monsanto trabajó para no advertir a los usuarios o rediseñar sus productos, sino para crear su propia ciencia para mostrar que estaban a salvo”.

Ya en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas había marcado que el glifosato es un “posible carcinógeno para el hombre”, siendo esto el puntapié de una larga investigación del diario Le Monde (los denominados “Monsanto Papers”) que probó que “los empleados de Monsanto eran los escritores fantasmas de los organismos que debían controlarlos” (Infobae, 18/10/17).

De conjunto, la corporación y sus pulpos competidores son responsables de la creciente destrucción de la diversidad agrícola –al llevar a la concentración de la producción en los productos básicos más rentables como el maíz o la soja-, de la quiebra de centenares de miles de campesinos y de un círculo vicioso que determina un uso cada vez mayor de los herbicidas, en la medida que las “malas hierbas” se vuelven resistentes a los ya existentes.

Monsanto y sus gobiernos

El proceso de compra de Monsanto tenía sus toques finales (dependientes de otros acuerdos) anunciados justamente para estas fechas; está por verse el impacto del actual desplome sobre el proceso.

También su impacto político. Por lo pronto, el gobierno francés saludó el fallo y ha anunciado una “guerra” contra los pesticidas, aunque los suelos del país galo están cubiertos de glifosato. El químico se había colado en la crisis política de los países europeos el año pasado, luego de que se aprobase la continuidad por cinco años más del glifosato en el continente: en esa ocasión, el ministro de Agricultura alemán votó favorablemente, tras lo cual Angela Merkel dijo que el funcionario no la había consultado; y Emmanuel Macron puso el grito en el cielo contra Alemania, pero el ministro de Agricultura francés se declaró “encantado” por el voto germano.

Lo cierto es que el fallo ha sumado nuevas pruebas sobre el accionar criminal de Monsanto, y debe valer para los trabajadores como un tiro por elevación contra los gobiernos imperialistas que han permitido su desarrollo –la Comisión Europea aprobó la adquisición por Bayer en marzo, mientras que el Departamento de Justicia norteamericano lo hizo en junio.

En suelo local, Monsanto y su glifosato han contado con el intenso patrocinio de los sucesivos gobiernos, desconociendo las profusas investigaciones del fallecido Andrés Carrasco (quien fue perseguido por sus denuncias por el gobierno K) y del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que probaron las consecuencias enfermantes del glifosato. Los ministros de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria de Macri realizaron recientemente una conferencia de prensa en defensa de los agrotóxicos contaminantes, con frases de antología como la del titular de CyT, Lino Barañao, de que “uno también se puede morir tomando mucha agua. No hay sustancia inocua”.