El miércoles 11 de julio pasado, los ministros de Salud (Adolfo Rubinstein), Ciencia y Tecnología (Lino Barañao), Ambiente (Sergio Bergman), y Agroindustria (Luis Etchevehere), presentaron en conferencia de prensa las propuestas para la formulación de políticas públicas en cuanto a la aplicación de "fitosanitarios" (en verdad, agrotóxicos), que pueda servir como insumo básico para generar una ley nacional que impulse el uso indiscriminado de ellos sin restricciones de uso, descargando todo la responsabilidad en los propios productores.

Los cuatro funcionarios no dejaron ver la camiseta de Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, pero sin duda hablaron en nombre de ellos; la bochornosa conferencia, donde seleccionaban las preguntas a contestar, fue un monólogo de cada uno, realzando las supuestas bondades de un modelo agrícola donde los agroquímicos resultarían inocuos para la salud humana, animal y para los suelos si son utilizados como los prescriben las industrias. Desconocen la necesidad de regulaciones en todos los aspectos, pero principalmente en las zonas de restricción de uso cercanas a zonas urbanas, escuelas rurales, cursos de agua, etc.

El producto final es un documento que contiene 12 principios y 23 recomendaciones, que denominan Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y que no es más que un conjunto de pautas cuya base bibliográfica son los propios folletos de cada una de las industrias productoras. En la conferencia, los ministros remarcaron la importancia de contar con estudios e investigaciones serias, pero desconocieron las más de 800 investigaciones nacionales y muchas más de carácter internacional, incluidas las de la OMS. Lo demás fue un conjunto de declaraciones de cada uno, mostrando los verdaderos intereses que defienden y un desconocimiento total del tema.

Mentiras

Comenzó la misma, el ministro de Agroindustria (Etchevehere), en su rol de embajador de la Sociedad Rural, remarcando que no es necesario ninguna restricción. Bergman, a su turno, habló sin decir nada pero dejando en evidencia que desconoce la  Ley Nacional General del Ambiente Nº 25675 que en su artículo 4° enuncia el Principio de Prevención, que establece “que ante el peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Seguidamente Barañao, alineado totalmente con el modelo expuesto, comenzó a delinear una serie de argumentos increíbles, repitiendo lo ya dicho en otros eventos, relativizando los problemas que pueden causar los agroquímicos tipo glifosato o 2,4 D, sosteniendo “que no causan más daño que un mate cebado con agua muy caliente” o “que se producen más muertes por electrocución y sin embargo no hay protestas contra las empresas de energía” o “que los automóviles producen más muertes que el glifosato pero que a nadie se le ocurre dejar de usarlo”; para rematarlo con que nada es inocuo, “que la humanidad es tan dependiente de los agroquímicos como de los antibióticos y también sabemos que estos utilizados inadecuadamente pueden tener consecuencias fatales". Es decir, minimiza la cantidad de muertes que puedan producir y resalta la conveniencia de su uso masivo, fiel a su constante alineamiento con Monsanto desde antes de su rol central en el mentiroso informe Conicet del 2009 que bajo su orden se modificó.

Finalmente Rubinstein, ministro de Salud, reconoció que su área no tiene como prioridad analizar las consecuencias del glifosato en la salud de la población, por lo tanto que no tienen previsto realizar análisis en orina y sangre.

De las cuatro intervenciones surge claramente que desde el gobierno se propicia el uso indiscriminado de los agroquímicos principalmente los de mayor consumo como el glifosato con más de 200 millones de litros/año, el 2,4 D, Atrazina, clorpirifos, cipermetrina, etc. Todo esto sin establecer ningún tipo de precauciones, pese a todas las demostraciones de lo tóxicos que son, y que han llevado a su prohibición o a establecer zonas de restricción en muchos municipios en función de los severos daños totalmente comprobados por numerosas investigaciones que desconocen estos funcionarios.

Qué hacer

Lo que debe realizarse es exactamente lo opuesto a lo enunciado por los representantes del gobierno nacional: es necesario establecer el marco de acción para obtener un uso racional de agroquímicos, fertilizantes y otros plaguicidas, tendiente a minimizar los riesgos y los efectos ya comprobados de los mismos sobre la salud de la población rural y el medio ambiente. Regular y ordenar la aplicación de estos productos, estableciendo zonas de restricción contiguas a áreas urbanas, establecimientos educacionales rurales, cursos de agua y zonas de producciones especiales.

Cientos de denuncias realizadas por poblaciones afectadas y asociaciones/ONGs reclaman controles más estrictos y regulaciones para el uso de estos agroquímicos, basándose en evidencias médicas contundentes sobre la enorme cantidad de enfermedades que registran cambios en la ocurrencia en las poblaciones del medio rural. Existen datos precisos de docentes de las universidades nacionales de Rosario y Córdoba que relevaron poblaciones de menos de 10.000 habitantes registrando incrementos en la ocurrencia de enfermedades como el cáncer, con una media de 397,4 casos sobre 100.000 pobladores (2013), cuando la media en todo el país para la misma enfermedad es de 217,0 casos. A su vez, también detectaron que la tasa de mortalidad por cáncer en poblaciones rurales estudiadas es de 1 cada 2/2.5 muertes totales, mientras que ese mismo promedio en grandes ciudades es de 1 muerto por cáncer cada 5 totales.

Similares denuncias sobre incrementos en la ocurrencia de otras enfermedades en poblaciones rurales alcanzan también a enfermedades endocrinas (hipotiroidismo), trastornos reproductivos (malformaciones), trastornos generales del desarrollo (autismo), trastornos neurológicos (Parkinson y Alzheimer) y daños renales e insuficiencias hepáticas.

Es preciso entonces reducir al mínimo los peligros y riesgos que supone la utilización de agroquímicos para la salud y el medio ambiente. Por ello es necesario adoptar marcos normativos adecuados, maximizando la prevención, autorizando o limitando prácticas y/o prohibiendo o reglamentando su uso, teniendo en miras la vulnerabilidad de la población y no tan solo el perfil toxicológico del riesgo que implica su utilización.

Es decir, completamente lo opuesto a lo manifestado por estos ministros al servicio de las grandes multinacionales productoras de agroquímicos y de los sectores o cámaras de productores, como Aapresid.