El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actualizó recientemente los montos de las multas a empresas que contaminen cursos acuíferos. Esto se produjo tras 30 años sin modificaciones, ya que al día de la fecha la sanción económica estipulada era de máximo $50.000 para personas humanas o jurídicas y de máximo $100.000 para empresas. Lo que Alberto Fernández llamó al firmar el decreto una actualización necesaria para que las multas “no pierdan su facultad punitiva en relación al daño causado” resulta una tomadura de pelo. En el más significativo de los casos, las empresas que incurran en el desecho de residuos sin autorización o no se registren para ello tendrán que abonar un millón de pesos. Ahora bien, si cuantificamos esta suma de dinero en dólares, representa un monto aproximado de US$ 5.000. Es decir que esta actualización, tras tres décadas de no modificarse, representa entre una décima y una vigésima parte de lo que representaban los montos anteriores al sancionarse en 1992 bajo la convertibilidad.

En los escalafones “más bajos” de los punitorios, aquellas que estén registradas y viertan hacia ríos, lagos u el océano “deshechos no autorizados”, pagarán aproximadamente $200.000. Es una cifra irrisoria por el catastrófico pasivo ambiental que puede suponer un descarte de este tipo. En tanto, las cifras por descargar vertidos en la vía pública o las napas asciende a $350.000, mientras que la omisión de presentar la declaración jurada implicará $100.000, y falsear sus datos $250.000.

Estas multas podrían tener algún peso significativo si se compararan contra los salarios, cuando el mínimo no llega ni a los $40.000. Pretender que esto sea algún tipo de penalidad ejemplificadora para las ganancias empresariales es una burla. El gollete de la cuestión es que esta resolución llega impulsada por un Ministerio de Ambiente que pudimos ver en los últimos meses actuar prácticamente como un lobbista de grandes pulpos contaminantes, como por caso de la repetitiva insistencia de su titular Juan Cabandié para avanzar con la exploración sísmica y la explotación petrolera offshore en mar argentino que solo fue frenada por el Atlanticazo y la movilización popular.

De hecho, en este 2022 el Ministerio de Ambiente fue a un ajuste presupuestario feroz. Ya desde el proyecto de ley que finalmente no se aprobó en el Congreso, se vislumbraba un “aumento” al área dedicada al control ambiental del 30%, cuando hoy día ya es digno de los más optimistas esperar que el año concluya con un 65% de inflación. Sobre la base de este hecho se cae por su propio peso todo lo demás. En el marco de este ajuste incluso hasta se ponderaba un recorte ya no solo por inflación, sino además nominal, de un 24% a los fondos destinados a combatir incendios, cuando en este último verano el fuego alcanzó distintos puntos en la mitad de las provincias del país.

Ahora bien, el gobierno nacional se mantiene además por estos mismos días en un decidido lobby minero, una actividad que acumula antecedentes desastrosos en el territorio nacional, como el caso de Veladero. Mientras se lanzan a esta promoción de la actividad minera, en tanto, relegan a la órbita de las provincias el control de sus impactos, lo que es un verdadero cheque en blanco al saqueo y la depredación. La discursiva oficial de presentar a esta “suba” de multas como una salida a la contaminación se derrumba si atendemos a todo lo anterior, y contemplando incluso que en 2021 más del 90% de los residuos industriales no se trataron correctamente.

Para terminar con el saqueo ambiental es necesaria una reorganización de fondo. El aspecto central por el que el gobierno intenta avanzar en una agenda extractivista y con vía libre a las industrias contaminantes es fundamentalmente la necesidad de acumular dólares para el pago de la deuda externa. Romper con el pacto sellado con el FMI y con la demanda de divisas permanente que implica es el necesario primer paso para ello. Pero una transformación de fondo requiere la nacionalización de los hidrocarburos, las minas y los recursos estratégicos del país bajo control de los trabajadores. Solo así la producción de minerales, energética o agraria podrá organizarse en función de las necesidades sociales y preservando el planeta y la salud de la población, en lugar de ser la fuente de ganancia de un puñado de capitalistas que no les importa destruir todo a su paso. Todo lo demás es cuento de la buena pipa.