Llegó al parlamento un proyecto de Ley de Humedales elaborado por el Ministerio de Ambiente y el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente). Numerosos especialistas y organizaciones ya lo consideran una normativa regresiva, consideran que el texto oficial “afianzará la degradación de los humedales y seguirán en retroceso en nuestro país, aparentando su protección” (Ecoportal, 28/7).

La iniciativa del gobierno nacional viene tras el cajoneo del dictamen que unificó catorce proyectos anteriores (incluido uno del Partido Obrero en el Frente de Izquierda) y que reunió mas de 600 mil firmas de la ciudadanía y la adhesión de unas 300 organizaciones socioambientales. Fue mandado al freezer desde finales de 2020 por el oficialismo del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio, que solo demagógicamente lo aclaman en campaña electoral pero bloquean su avance parlamentario.

En el marco de una depredación sin precedentes de estos reservorios de agua, y este año con saltos enormes como sucedió con los incendios en Corrientes (en especial en los Esteros del Iberá), las reiteradas quemas en el Delta, la desprotección de las reservas urbanas y, además, la cuestión del litio en la Puna, ya que su explotación sin control podría afectar gravemente los salares y acuíferos de altura que son fuentes de abastecimiento de agua para las comunidades de la zona. En definitiva, con el favor de los gobiernos provinciales cómplices, quieren dar cobertura legal a los pulpos de los agronegocios y la megaminería con una norma mutilada que habilite seguir profundizando el saqueo, para recolectar dólares para el pago de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, a través de un comunicado, realizó una síntesis de sus críticas a la normativa gubernamental. En los mismos términos, otras organizaciones especializadas como la Renahu (Red Nacional de Humedales) o la geógrafa Patricia Pintos se han pronunciado al respecto: modifica sutil pero gravemente la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege; suprimen la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórfico” (la palabra “racional” no existe en el proyecto de Cofema, en contraste con la mención en 29 ocasiones en el otro proyecto); pervierte los objetivos de la ley, desechando nueve de ellos, distorsionando los alcances de protección y desresponsabilizando al Estado mediante el uso de verbos en modo potencial.

A su vez, elimina directamente todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal; suprime plazos para que las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios; elimina once principios y conceptos esenciales para la gestión de la política racional y sostenible de los humedales; destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal.

También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización; quita la moratoria, siendo ello una violación directa de los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral en materia ambiental; excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales; restringe el derecho constitucional de acceso a la información pública; elimina las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen, o degradan los humedales de nuestro país.

Este enésimo atropello debe ser enfrentado con la lucha, organizando un plan de acción para movilizar todas las fuerzas y arrancar una Ley de Humedales en beneficio de las comunidades locales y los trabajadores, y garantizada por el colectivo de especialistas independientes y organizaciones socioambientales.

https://prensaobrera.com/politicas/asume-flavia-royon-en-energia

https://prensaobrera.com/ambiente/la-disputa-del-volcan-lanin-otro-recule-del-gobierno