Luego de la firma de la resolución Nº 333 el 20 de octubre pasado por la cual se flexibilizaba la operatoria para realizar desmontes en la provincia de Salta, suprimiendo la realización de audiencias públicas y la presentación de evaluaciones de impacto ambiental para iniciar el proceso de cambio de uso del suelo, se ha decidido dar marcha atrás y volver a lo que siempre estableció la legislación argentina al respecto. Sin ningún tipo de miramientos y avalando los desmontes en su totalidad, el gobierno salteño de Gustavo Sáenz ignoró dicha legislación.

Aún hoy que supuestamente cumple con ella, va camino a producir un proceso de deforestación sin igual mediante la figura de las audiencias públicas -que se retomaron pero que son un saludo a la bandera, pues nunca son vinculantes- y, peor aún, con la Ley de Ordenamiento Territorial vencida desde el 2014. La provincia ha anunciado la deforestación de no menos de 21.000 hectáreas en enero y una superficie similar en diciembre, sumando para esto diferentes audiencias en los departamentos de Orán, Metan, General Güemes, Rivadavia, La Candelaria y Anta (Página 12, 20/01)

El argumento esgrimido pasa por presentar diferentes planes de uso de los suelos desmontados para emprendimientos silvopastoriles y otros cultivos; sin embargo, de estar actualizado el Ordenamiento Territorial no debería aprobarse esta supresión de la vegetación forestal nativa. Aún más cuando interesa la protección de la fauna y flora amenazada, como el yaguareté y quebracho colorado.

La política del actual gobierno salteño no difiere un ápice de la de los anteriores gobernadores, Romero y Urtubey, en cuanto a la preservación de sus recursos naturales. La provincia encabeza el ranking de deforestación en la región del Chaco Salteño. El proyecto de ley presentado oportunamente en la Cámara de Diputados de la Nación por la diputada Romina del Plá que establece una moratoria de dos años para la deforestación es la medida correcta a implementar en situaciones como esta.

La pérdida de este recurso forestal nativo traerá aparejado enormes inconvenientes, como inundaciones, sequías y otros cambios climáticos que sufrirá la población.

Esta problemática cataliza de inmediato nuestro proyecto de ley presentado por Romina Del Plá para la suspensión de todos los desmontes del país y la actualización del ordenamiento territorial con participación de los trabajadores y las comunidades afectadas.