El 6 de noviembre la organización Naturaleza de Derechos publicó en su página de Facebook una denuncia sobre el accionar del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Pergamino, que pone en juego la conquista judicial que obtuvieron Sabrina Ortiz del Valle y las Madres de Barrios Fumigados ante los problemas de salud que sufren con sus familias por la utilización de agrotóxicos.

Sabrina oportunamente se ha presentado como querellante, junto con Naturaleza de Derechos, contra los productores agropecuarios y los funcionarios municipales cómplices, hecho que le ha costado persecuciones y amenazas. Tras años de lucha, han obtenido el fallo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, que prohíbe las aplicaciones de agrotóxicos a menos de 1.095 metros de zonas urbanas, y a 3.000 metros en aspersiones aéreas.

Ahora el Inta Pergamino, de la mano de su director regional Hernán Trebino, solicitó al Juzgado que lo exceptúe de la medida cautelar dispuesta en 2019, que fuera confirmada por la Cámara Federal de Rosario recientemente. Aduce en sus fundamentos que la Estación Experimental del instituto tiene sus campos limitando con los barrios afectados, por lo que en virtud de dicho fallo no pueden realizar siembra de cultivos con la aplicación de todo el paquete tecnológico que utiliza el agronegocio, lo que le causaría un perjuicio económico.

La producción agrícola que se realiza en dichos campos representa el 80% de los recursos administrados por la Asociación Cooperadora de la EEA Pergamino, la cual tiene “el único fin” de apoyar la gestión operativa y experimental de esta unidad. Para la campaña 2019/2020, la disminución en el ingreso bruto es estimada en unos 9 millones de pesos.

El Inta Pergamino es un brazo funcional del agronegocio y las grandes empresas productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos, instaladas en esta región de la llamada zona núcleo. Estas patronales se sirven de los recursos del Estado para financiar los ensayos e investigaciones de sus productos, que no son nada amigables con el ambiente ni con la salud humana. Muy por el contrario, está totalmente demostrado por cientos de papers de investigaciones de universidades nacionales y extranjeras los perjuicios que causan sobre la población. Es lo que fue probado ante la Justicia.

La Estación Experimental ha modificado su objetivo de investigación y estudios de ensayos para volcarse a la especulación y el ánimo de lucro con explotaciones de cultivos con destino a la venta, sin demostrarse el destino final de esos fondos obtenidos.

Desde la querella encabezada por Sabrina Ortiz, con el acompañamiento en la dirección jurídica del caso de Naturaleza de Derechos, rechazaron la solicitud del Inta Pergamino, dado que bajo el manto de investigaciones científicas pretende obtener una excepción basada en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos, cuando en realidad por las extensiones y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como la producción de las parcelas de los imputados en la causa judicial.

Antecedentes

Las actuales autoridades de la EEA ejercen una férrea conducción, contra la libertad de desarrollar libremente las investigaciones. Hace dos años se prohibió dentro de la Experimental la utilización de la palabra agrotóxicos para todos sus técnicos e investigadores. Semejante exabrupto se argumentaba con que dicho término “implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”. Se debe emplear en su lugar “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”.

A toda costa, los funcionarios buscan presentarlos como amigables con el ambiente e inocuos para la salud humana. Pero esa no es la realidad. No son fitosanitarios, dado que los residuos de agroquímicos hallados en el agua de Pergamino, tal como se acreditó en la causa judicial, generan un riesgo de efectos tóxicos en la salud humana. La función de fitosanidad la cumplen eliminando sus enemigos naturales bajo el control químico, pero respecto a la población humana es una sustancia con potencialidad tóxica.

Otra cuestión estriba al hablar de Buenas Prácticas Agroecológicas, que en la realidad no existen. Cuál es si no la explicación para que el uso indiscriminado de agrotóxicos en el país haya trepado de 100 millones de litros a casi 600 millones de litros por año en sólo 20-25 años, y de que exista un arsenal de malezas resistentes. Investigaciones propias de científicos de esa Experimental han demostrado que sólo el 25% de las aplicaciones que se realizan van al objetivo, y que el 75% restante se pierde como deriva totalmente incontrolable, pudiendo llegar a casi 5.000 metros y por ende contaminando napas, cursos de agua, perforaciones, entro otros recursos.

Es de extrema gravedad que el director de la Experimental, en su presentación judicial para que se los exima de respetar los límites de aplicación de agrotóxicos, oculte que dentro de la Estación funciona un Jardín de Infantes y un establecimiento educativo de nivel medio, cuando cotidianamente son aplicados agrotóxicos en las parcelas lindantes sin respeto por la medida cautelar existente.

Esta orientación forma parte de toda una política de promoción del agronegocio, cuyo único objetivo es la recaudación de dólares para garantizar el repago de la deuda al FMI y los bonistas. En esa línea figuran la baja de retenciones, la redacción de un proyecto de ley para eximir de impuestos a los paquetes tecnológicos, la habilitación del trigo transgénico HB4, las tratativas del acuerdo porcino con China, y la lista sigue.

El Inta Pergamino no debe ser exceptuado de la medida cautelar. El organismo debe adecuar su actividad a parámetros razonables para no aumentar la exposición de la población. A nivel nacional el Inta deben revisar a fondo las políticas de investigación de cada estación experimental, cortando las vinculaciones con las empresas del agronegocio e investigando líneas de trabajo al servicio de los productores que los necesiten y de las necesidades nacionales, sin utilización de agrotóxicos y produciendo alimentos para servir en las mesas de los consumidores. Para ello, deber ser puesto bajo control de sus trabajadores, investigadores y asambleas de los pueblos donde se encuentran asentadas las estaciones.