La semana pasada había despertado una amplia indignación la noticia de que los directivos de la Estación Experimental del Inta Pergamino habían realizado una presentación solicitando al Juzgado Federal de San Nicolás N°2, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, estar exceptuado de la medida cautelar que prohíbe las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1.095 metros de la planta urbana y de 3.000 metros para aspersiones aéreas.

La resolución judicial había sido dictada por este magistrado en 2019, y fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario. El fallo se origina en la demanda que oportunamente presentara Sabrina Ortiz del Valle, por las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, ante los problemas de salud que sufren ellas y sus familias producto de los agrotóxicos.

El martes 10, los mismos directivos del Inta presentaron un escrito desistiendo de lo solicitado el pasado 19 de octubre, respecto de la cautelar que obligaba a no pulverizar los sectores del campo lindantes con la zona urbanizada.

La medida había generado un gran debate dentro de la Experimental, con bastante oposición del personal propio. Ante tal situación, los delegados gremiales de ATE Inta efectuaron una presentación pública reflejando que dentro de la EEA no había consenso para tal presentación por entender que causa un perjuicio a la salud de la población, y solicitaban se revea la presentación.

En la nota en que desisten de su solicitud, se remarca que “para el Inta la agenda ambiental es imperativa y es uno de los ejes estratégicos promover dentro del sector agropecuario una transición hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible y de valoración de los servicios ecosistémicos, y priorizando la salud”. Lindos enunciados que sin embargo, como se expresó en este ida y vuelta, quedan a merced de su compromiso con el agronegocio.

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