En las últimas semanas los incendios forestales volvieron a ocupar la tapa de los principales periódicos del mundo. California vivió el segundo incendio más grande de su historia (el mayor fue en 2020), que dejó más de 200.000 hectáreas devastadas. En Grecia el fuego devoró casi 100.000 hectáreas de la Isla Eubea, en medio de la mayor ola de calor de los últimos 30 años, con temperaturas que superan los 45°C. Las llamas en Turquía han sido catalogadas como las peores de su historia, dejando 8 víctimas fatales. También sufrió incendios forestales la ciudad de Yakutsk, en Rusia. En los últimos cien años esta ciudad lindante al Océano Ártico ha aumentado su temperatura 3°C, lo cual representa 2°C más que el promedio mundial. Allí este verano la temperatura llegó a los 39°C, lo cual alerta al mundo ya que se trata de una de las zonas más frías del planeta.

Los gobiernos de todo el mundo son responsables de la crisis ambiental que se profundiza cada vez más y que genera catástrofes como las antes mencionadas, que recuerdan a los magníficos incendios de Australia y el Amazonas. El fracaso de las cumbres mundiales climáticas en el abordaje de las problemáticas es evidente. Incluso hasta el mismo Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU lo confirma con su último informe científico: en los últimos años esta crisis se profundizó aún más.

En nuestro país, los incendios en las Islas del Delta del Paraná, en las sierras cordobesas y en la Comarca Andina son exponentes de este rumbo. Mientras ocurre esto el gobierno de Alberto Fernández impulsa el acuerdo porcino con China, Vaca Muerta y la megaminería a cielo abierto en Chubut y Mendoza, entre muchas otras actividades contaminantes que son repudiadas por las poblaciones locales y los activistas ambientales.

El discurso verde del gobierno es alimentado por el “canje de deuda por acciones ambientales” que promulgan Alberto Fernández y el ministro Juan Cabandié, que consiste en solicitar créditos a los fondos internacionales para realizar acciones que protejan el ambiente. Esto al mismo tiempo que el gobierno nacional apuesta por proyectos a largo plazo que son destructivos para la naturaleza. El “canje” y el discurso ambientalista se demuestran así como una farsa, y dejan ver una vez más que la orientación adoptada por el gobierno, que tiene en su columna vertebral el pago de la deuda, conduce a una primarización de la economía.

Fuera Cabandié

Las recientes declaraciones de Juan Cabandié dieron mucho que hablar. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable justificó la contaminación que promueve el gobierno con el fin de recolectar los dólares para el pago de la deuda usuraria y fraudulenta al FMI.

Estas declaraciones dejan varios puntos a analizar sobre el rol de Cabandié dentro del gobierno, y también sobre el papel “progresivo” que venía a ocupar, como Jóvenes por el Clima le adjudicó. En primer lugar, la idea de que Cabandié venía a dar una “disputa desde adentro” del gobierno se cae a pedazos cuando el propio ministro reconoce como prioridad el pago de la deuda, incluso cuando eso signifique seguir destruyendo la naturaleza y saqueando los bienes naturales del país.

En segunda instancia, el pronunciamiento de Cabandié pone en evidencia la crisis política del gobierno. En los últimos años el movimiento ambiental se organizó para llevar sus reclamos a las calles y fue uno de los dolores de cabeza que tuvo el presidente. Esto explica el rol que venía a cumplir Cabandié en su Ministerio: cooptar a los ambientalistas para desarticular las luchas en curso. Sin embargo, este objetivo fue frustrado por las decenas de asambleas regionales, organizaciones socioambientales y luchadores que defendieron la independencia política del movimiento ambiental en las calles, logrando frenar la megaminería en Mendoza y Chubut, postergando el precoz memorándum que se quería firmar con China para instalar megagranjas de cerdos, y poniendo en agenda luego de casi 10 años de ninguneos la necesidad de una Ley de Humedales, que al día de hoy el gobierno tiene cajoneada. El hecho de que Cabandié ponga su cartera a disposición del plan fondomonetarista del gobierno nacional muestra su farsa en materia ambiental, incluso en los términos que el propio Alberto Fernández ideó. Frente a la impune entrega del país a la depredación ambiental, Cabandié debe renunciar.

Por último, es necesario que los luchadores ambientales y la población en general tomen nota de esto. Los incentivos del gobierno al sector agropecuario, petrolero, minero y a la especulación inmobiliaria solo dejan beneficios para los capitalistas que fugan las ganancias, así como miseria, hambre y enfermedades para los trabajadores y las poblaciones locales. La aceleración de la crisis ambiental y del calentamiento global requieren terminar con la lógica bajo la cual se produce hoy día. Para lograr esto se precisa avanzar a una reorganización social bajo otras bases, donde los trabajadores sean quienes tomen las riendas de la producción en equilibrio con la naturaleza. Este es el objetivo de la lista Unidad 1A del FIT-U, la única 100% en defensa del ambiente.