El gran humedal, que comprende el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Sur de Chaco, padece una ampliación de la frontera agropecuaria y megaobras de infraestructura que destruyen el suelo y las aguas, desplazando comunidades y actividades productivas integradas al ecosistema. Esta situación puede agravarse con la implementación del Rigi. El aumento de la producción agropecuaria y la conectividad hacia la Hidrovía Paraná-Paraguay, para facilitar la exportación de bienes naturales, solo sirve para  la acumulación de capital de los grandes empresarios.

El Rigi (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) se complementa con los proyectos propuestos por Mekorot, la empresa estatal israelí que trabaja en la gestión de aguas de 12 provincias argentinas entre ellas Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Los proyectos extractivistas, con inversiones de más de 200 millones de dólares, requieren grandes cantidades de agua y tendrán prioridad a la hora de abastecerse.

Expoliación de la región chaqueña

Los Bajos Submeridionales se encuentran en la Región Chaqueña que es la segunda área boscosa más amplia de Sudamérica, atravesada por cuencas hídricas que ocupan cerca del 25 por ciento del territorio nacional. En esta región las actividades agroganadera, de caña de azúcar, minera, taninera, forestal, entre otras, expoliaron durante décadas territorios habitados y de gran biodiversidad. El desarrollo de estas actividades y sus respectivas infraestructuras provocaron desmontes, contaminación de las fuentes de agua y suelos, problemas de salud, transformación del paisaje y, como consecuencia del cambio climático, sequías y desertización.

La superficie sembrada en la región se duplicó, pasó de dos millones de hectáreas en 1990 a cuatro millones en la campaña de 2021/22, según estadísticas la Dirección Nacional de Agricultura. Sin embargo, la desigualdad y exclusión aumentaron para un gran porcentaje de la población. En el segundo semestre del 2022, los principales conglomerados urbanos de las provincias arrojaron índices de extrema pobreza: 39,5 por ciento de pobres en el Gran Santa Fe, 64 por ciento en La Banda (Santiago del Estero) y 64,3 por ciento en Gran Resistencia (Chaco).(Tierra Viva set 2023)

Dentro de la región, los Bajos Submeridionales son uno de los humedales más grandes de la Argentina. La conversión de este territorio en “tierra productiva” afecta la dinámica del agua, que alterna períodos de sequía con períodos de inundación, provocando impactos sociales y ambientales. Sin embargo, no se cuenta en la actualidad con estudios de impacto ambiental, no existe un inventario de humedales, ni han existido instancias de participación de las poblaciones afectadas por las obras realizadas. 

Una de las especies de trigo a difundir en la zona es el trigo transgénico HB4 apto para suelo salino y estrés hídrico, que viene acompañado del glufusinato de sodio, herbicida más contaminante que el glifosato. También se prevé la expansión de la caña de azúcar para bioetanol, el algodón transgénico y el cannabis.

El Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (Cirhbas) se crea en 2018 con los gobiernos provinciales del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero y la Nación. Bajo esta autoridad de cuenca se desarrolló un Plan Director que incluyó más de 30 proyectos, estimados en 400 millones de dólares, para acceder y usar el agua disponible, y así potenciar la producción agrícola ganadera. Las obras propuestas incluyen canales que encauzan las aguas hacia algunos de los principales afluentes del río Paraná. Este río fue transformado desde mediados de los años 90 por la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las más importantes del mundo, por la que se exporta aproximadamente el 80 por ciento de la producción nacional.

Para el caso de Santa Fe en 2022 se publicó en un medio la construcción del Canal Hidrovial Interprovincial sobre la ruta 35 (obra completa) y la implantación de un acueducto en el tramo Tostado-Villa Minetti con una inversión total: 170 millones de dólares. Y en Chaco se proyecta la ampliación de las líneas Paraná y Tapenagá y defensas para 17 localidades en riego, todo con una inversión total de 156 millones de dólares.

Suele ocurrir que estas obras no respetan el escurrimiento del agua de lluvia en el territorio y el cauce natural de los ríos, acelerando y alterando la dinámica, y provocando numerosos impactos territoriales. Algunos de estos impactos se presentan en la región de manera permanente y afectan a gran parte de su población: inundaciones en épocas de lluvias y sequías más intensas y prolongadas, desecamiento de humedales, pérdida de flora y fauna, entre otras consecuencias ambientales y climáticas que se agravan en escenarios de desmontes, fumigación y avance de los modelos extractivos que se expanden sobre esta zona. Asimismo, estas obras (viales, hídricas, férreas), no cumplen con la consulta a los pueblos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para financiar la construcción del segundo puente Chaco Corrientes se anunció el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) obra que sería parte del Corredor Bioceánico de Capricornio que une la región con los principales puertos de exportación, tanto en la Hidrovía Paraguay- Paraná, como en el litoral Atlántico y Pacífico. Este puente requiere una inversión aproximada de 900.000.000 dólares. Este proyecto forma parte del Eje de Capricornio que cuenta con 80 proyectos divididos en 5 grupos con una inversión estimada de 13 mil millones de dólares (ver www.IIRSA.org, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)

Antecedentes de Mekorot

En abril de 2022 una delegación argentina encabezada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, viajó a Israel para conocer en terreno el “modelo israelí” de gestión del agua. De ahí surgió un acuerdo de cooperación entre el CFI (Consejo Federal de Inversiones) y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica. Actualmente las provincias han contratado a la empresa israelí y se resisten a transparentar las condiciones de los costosos contratos, a pesar de los pedidos de informes realizados por asambleas y legisladores.

La empresa Mekorot Israel National Water Co. fue acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua en los territorios ocupados por el Estado del que depende. Las denuncias remiten a la ejecución de un plan de manejo de agua que controla y limita el acceso a este bien común a los palestinos. 

En 2013 la Compañía Holandesa de Agua Vitens canceló un memorando de entendimiento como consecuencia de las formas de operar de Mekorot respecto a las comunidades palestinas. Lo mismo ocurrió con la Empresa Portuguesa das Águas Livres que rescindió el contrato firmado cuatro años antes debido a las presiones de la sociedad civil y de algunos grupos parlamentarios. Y en 2016,  las dos compañías públicas de agua del Estado brasileño de Bahía, Embasa y CERB, anunciaron el fin de un acuerdo firmado en 2013, también por resistencias ciudadanas.

En Argentina, la “campaña Fuera Mekorot” denuncia que el contenido de los contratos con las provincias pone en riesgo el agua como derecho humano y bien común, al promover la modificación de las leyes y códigos de aguas locales, el reordenamiento del uso y destino de la infraestructura existente para favorecer a unos pocos, la determinación de costos para establecer tarifas para los usuarios. Además los contratos fijan que “en caso de controversia se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional”.

El Rigi favorece a grandes inversores

El régimen de incentivo a grandes inversores cede enormes beneficios fiscales, jurídicos y cambiarios durante 30 años y permite enviar al exterior las ganancias de los emprendimientos.

Como si fuera poco el gobierno del Chaco presentó un proyecto de ley para adherir al Rigi sumando beneficios provinciales entre ellos la exención del 100% sobre impuestos a los ingresos brutos e impuesto de sellos a operaciones para bienes de uso o para inversiones de construcción, fabricación  e importación. “En Chaco tenemos grandes obras pendientes que necesitamos, como el puente Chaco-Corrientes, la autovía entre Makallé y Sáenz Peña, entre otras”. Para ello, el gobernador remarcó la importancia de “dar estabilidad jurídica que permita la inversión en Chaco y en la Argentina”.

Un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx) advierte que hace 30 años el país tiene una suerte de Rigi para la minería que es la Ley de Inversiones mineras 24.196, de 1993, que otorga exactamente los mismos beneficios que el Rigi. “¿Ha derivado eso en más inversiones, producción y empleo minero? No”, señaló Sánchez Beck. En síntesis, para el equipo de especialistas del OCIPEx: “el Rigi no es una política industrial de desarrollo seria, estructurada en un mediano y largo plazo. Instaura un modelo de negocios que busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible para luego dejar consecuencias estructurales para el conjunto de los argentinos”.

Santa Fe, por su parte, también presentó un proyecto de adhesión y se estima que la Legislatura  tratará el tema a la brevedad.

Conclusión y resistencia

Mientras los gobiernos provinciales compiten por agregar beneficios a favor de los grandes inversores, las asambleas ambientales de la región, las comunidades afectadas y los partidos políticos de izquierda se organizan en las campañas “No al Rigi” y “Fuera Mekorot”.

Chubut en alerta frente a la adhesión al Rigi que impulsa Torres en la Legislatura

Impulsemos un frente único de lucha contra los saqueadores. –

prensaobrera.com